La boyante industria de la muerte

J. Jesús Esquivel

Pese al creciente número de matanzas en escuelas y lugares públicos de Estados Unidos –la más reciente, la de una escuela en Newtown donde murieron 20 niños y seis adultos–, la producción y venta de armas en ese país se ha incrementado: 40% de las familias estadunidenses poseen al menos una pistola o un rifle; la industria del ramo produjo 6 millones de armas en 2011 y este año las ventas del sector produjeron ganancias netas por 992 millones de dólares. Paradójicamente en estos años de crisis económica los estadunidenses han adquirido más armas. La razón: quieren defenderse de un eventual aumento de la delincuencia.

WASHINGTON (Proceso).- La masacre de 20 niños y seis adultos en la pequeña población de Newtown, Connecticut, reabrió el debate en Estados Unidos sobre la necesidad de cambiar las leyes que regulan la venta, portación y uso de armas; no obstante los expertos piensan que difícilmente se resentirán las arcas de las empresas que las fabrican.
“El tema de las armas es muy complicado y difícil de entender. Es una cultura muy arraigada entre la sociedad (estadunidense) y puedo asegurar sin temor a equivocarme que pese a lo de Newtown habrá gente que ahora piense que es más urgente tener armas para defenderse de un ataque así”, dice a Proceso Michael Rostein, de la organización Campaña Brady para la Prevención de la Violencia con Armas (BCPGV, por sus siglas en inglés).
“Esperamos que la matanza de los niños en Newtown sirva de algo, pero será muy difícil desenterrar del país la cultura de comprar, portar y usar armas”, añade el experto de la BCPGV, agrupación dedicada a la promoción de leyes que prohíban la venta de esos productos.
En Estados Unidos hay casi dos centenares de organizaciones no gubernamentales que llevan décadas luchando contra la cultura de las armas. Hasta ahora, y no obstante matanzas como la de Newtown o la de la secundaria de Columbine en abril de 1999, han fracasado en su intento de convencer al Congreso federal de la validez de su causa.
De acuerdo con estadísticas no oficiales recopiladas por organizaciones o centros de investigación y académicos, 40% de las familias estadunidenses posee al menos un arma de fuego –pistola, rifle o escopeta– con el argumento de que la tiene para su defensa.
“Son esas familias el principal bloque opositor a que se prohíba la venta de armas de fuego”, explica Roy Tabliure, investigador de la Organización Antiarmas, con sede en el estado de Nueva Jersey.
Según investigaciones de la empresa privada IBIS World, en 2011 la industria de las armas en Estados Unidos produjo más de 6 millones de piezas, es decir el doble de lo que se había producido en la última década.
Otra organización dedicada a la investigación de la industria de las armas, First Research, informa que de toda la producción correspondiente a 2011, casi 50% consistió en pistolas, 35% en rifles y el resto en otro tipo de armas de fuego.
Aun cuando en los últimos cuatro años la sociedad estadunidense ha vivido una de las peores crisis económicas en su historia, de enero a noviembre de este año la venta de armas arrojó un saldo de 11 mil 700 millones de dólares, con ganancias netas para los productores de 992 millones de dólares, anota IBIS World.
Rostein explica que aunque al resto del mundo le parezca inaudito el dinero que deja la venta de armas en Estados Unidos debido a la crisis económica, esto tiene una explicación muy sencilla y a su vez irracional:
“Los estudios e investigaciones que hemos realizado nosotros y otros colegas nos demuestran que precisamente por la crisis económica la gente compró más armas porque piensa que ante la falta de dinero aumentará la criminalidad. Por ello tienen que contar con lo necesario para defenderse.”
Ninguna entidad gubernamental ni las ONG, centros de investigación o académicos saben en realidad cuántas armas y de qué tipo tiene la sociedad estadunidense.
La diversidad de leyes estatales y locales, junto con la negligencia del gobierno federal para modificar los estatutos constitucionales en la materia, permiten que cualquier persona tenga acceso a las armas de fuego de manera directa o indirecta.
Algunos cálculos indican que en promedio las personas con licencia para comprar, portar y usar armas tienen por lo menos tres pistolas, dos rifles o una escopeta de grueso calibre.
“Sabemos que esto es un asunto complejo que provoca pasiones profundas y divisiones políticas”, declaró el presidente Barack Obama el miércoles 19 en la Casa Blanca, cuando anunció que dio instrucciones al vicepresidente, Joe Biden, para que encabece un equipo de análisis y revisión del problema de las armas de fuego. En enero próximo Biden deberá entregarle al mandatario propuestas concretas para prohibir y restringir la venta de armas de asalto y municiones, así como para fortalecer los condicionamientos en torno a su venta.
El escollo de la NRA
En este contexto sobresale la actividad de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), organización privada con más de 4 millones de miembros que lleva más de cinco décadas de éxito bloqueando iniciativas de ley que pretendan restringir la venta de armas de fuego.
Pero a raíz de la masacre de Newtown, y específicamente porque en este caso fueron asesinados 20 niños de entre seis y siete años de edad, la NRA se expresó a favor de que se haga algo para prevenir tragedias similares.
“Estamos preparados para ofrecer contribuciones significativas que ayuden a garantizar que esto (la masacre de Newtown) no vuelva a ocurrir”, estableció la NRA en un comunicado de prensa el pasado lunes 17.
En este momento la sociedad estadunidense se siente dolida, avergonzada y está de luto por la masacre que cometió Adam Lanza, joven de 20 años quien sacó de su casa dos pistolas y un rifle AR-15 que su madre había comprado legítimamente, armas con las que le quitó la vida a ella, a los 20 niños y a seis adultos antes de suicidarse.
El hecho de que en esta nueva matanza fueran niños la mayoría de las víctimas generó una reflexión general en el país que incluso obligó a que legisladores federales –defensores incondicionales de la venta de armas– hablen de la necesidad de cambiar las leyes.
“Este país tiene una fuerte tradición entre los dueños de armas que ha pasado de generación en generación y obviamente a lo largo del país hay diferencias regionales, diferencias sobre la manera de pensar de la gente en las áreas urbanas y rurales, y es un hecho que la mayoría de los dueños de armas son estadunidenses responsables”, matizó Obama el día que anunció que las propuestas que le entregue Biden serán la base de un proyecto de ley que exigió al Congreso federal refrendar en enero de 2013.
Los estudios dan la razón a Obama respecto a las diferencias ideológicas sobre las armas entre la población urbana y la rural, pero también es cierto –de acuerdo con un estudio de la BCPGV– que la mayoría de las matanzas, desde la de Columbine hasta la de Newtown, han ocurrido en pequeñas poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos.
“Precisamente en esos lugares es donde más está arraigada la cultura de las armas y donde será más difícil arrancarla de la población… pese a las masacres”, dice el especialista de la BCPGV.
En noviembre de 2012, en sus más recientes elecciones generales, la NRA le declaró la guerra a todos los aspirantes a un puesto político que tuvieran la mínima oposición a la venta de armas. Incluso estuvo a favor de los republicanos para derrotar a Obama en la elección presidencial, aun cuando el mandatario nunca se expresó a favor de prohibir la venta de armas en su primer mandato.
“Estuve entretenido con la peor crisis económica desde la gran depresión, con una industria automotriz a punto del colapso y con dos guerras. No estuve de vacaciones”, se justificó Obama la semana pasada cuando se le cuestionó sobre su indiferencia a la oposición a la venta de armas y que ahora, después de la tragedia, quiere que el Congreso apruebe algo.
Con un presupuesto anual de 200 millones de dólares para financiar campañas políticas y para el cabildeo a favor de la venta de armas, la NRA perdió en su apuesta por la elección del candidato presidencial republicano Mitt Romney, pero triunfó en el apoyo a los candidatos republicanos al Congreso federal. Las estadísticas de la organización Center for Responsive Politics señalan que en las elecciones del pasado noviembre la NRA gastó 20 millones de dólares en el financiamiento de las campañas de candidatos republicanos.
Pero la herida que abrió la matanza de Newtown podría modificar el panorama de los intereses políticos en Washing­ton, aun entre los republicanos y los defensores de la venta de armas de fuego.
Hasta el cierre de esta edición ya había más de una veintena de legisladores federales republicanos (representantes y senadores) y miembros de la NRA que hablaban de la necesidad de modificar las leyes para la venta de armas.
Protegidos por la segunda enmienda
El coletazo moral de la masacre de Newtown ya cobró sus primeras víctimas. El miércoles 19 en la Bolsa de Valores de Nueva York se reportaron pérdidas notables en las acciones de las fábricas de armas. Por ejemplo el valor de las acciones de Smith & Wesson cayó 10% , y 7.7% el de las acciones de Sturm, Ruger & Co.
Por otro lado la firma de inversiones Cerberus anunció la semana pasada que vendería las inversiones que tiene en la empresa Freedom Group, la manufacturera de armas más grande en Estados Unidos y la productora del rifle semiautomático Bushmaster, calibre .223, como el que usó Lanza en la masacre de Newtown.
A su vez, en varios estados se anunciaron propuestas de ley para restringir y condicionar la venta y portación de armas de fuego. La tienda de deportes Dicks Sporting Goods y los almacenes Wal-Mart retiraron de sus aparadores pistolas y rifles semiautomáticos, por lo menos temporalmente.
La Casa Blanca explicó que Obama quiere que las propuestas concretas que formule el equipo de análisis que dirige Biden se integren al proyecto de ley para prohibir la venta de armas de asalto, que a mediados de enero presentará al Congreso federal la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein.
Pese a que no se han dado a conocer detalles de este proyecto de ley, se adelanta que la intención es revivir la ley que expiró en 2004 y que prohibía la venta de 18 tipos de armas de uso militar.
Las armas de asalto son pistolas y rifles automáticos y semiautomáticos tipo militar.
El pedido de Obama a Biden es que también encuentre la fórmula para prohibir la venta de cargadores de rifles y pistolas con capacidad de hasta 30 balas, que se achique la cantidad de municiones que se pueden vender a una sola persona cada semana o cada mes y que se exija a los estados fortalecer condicionamientos, como el de examinar meticulosamente los antecedentes penales y el estado de la salud mental de una persona, antes de que se le autorice la compra de cualquier arma.
El reto de Obama y de los legisladores republicanos que se atreven a desafiar la cultura de los estadunidenses y a la propia NRA, será determinar hasta qué punto están dispuestos a modificar la segunda enmienda de la Constitución, la que da a todo ciudadano el derecho de adquirir, portar y usar armas para su legítima defensa.

Fuente Proceso