PUERTO MORELOS, QR.- A 19 kilómetros de la zona hotelera de Cancún, en la carretera que une a este centro turístico con Tulum, un terreno denominado El Tucán albergará al complejo Dragon Mart, que será el segundo más grande del mundo después del de Dubái.
Desde el aire en el predio de 561 hectáreas sólo se observa un área que ha sido talada y desbrozada en espera de que empiece la construcción de ese coloso que ha generado una polémica nacional a raíz de la oposición de las cámaras industriales, como la Concamin y la Canacintra, de grupos defensores del medio ambiente y en general de los sectores económicos que se sienten amenazados por la llegada del gigante asiático.
La disputa por el proyecto Dragon Mart no sólo es por la venta y almacenamiento de productos chinos para América Latina.
Es un enfrentamiento entre empresarios cercanos a Enrique Peña Nieto –como Francisco Funtanet, dirigente de la Canacintra– que se oponen al proyecto y los promotores de éste, empresarios vinculados con Vicente Fox y su familia y apoyados por los priistas Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, exgobernador y gobernador de Quintana Roo, respectivamente.
Especialistas consultados por este semanario consideran que en el fondo hay una pugna por la apropiación de los recursos naturales y las materias primas en Quintana Roo, una entidad saqueada durante décadas, en especial a partir de la expansión de polos turísticos como Cancún, la Riviera Maya y Tulum. Las inversiones chinas se han caracterizado en África, en las exrepúblicas soviéticas de Asia Central y en Sudamérica por su interés en la explotación intensiva de materias primas.
“Detrás del Dragon Mart existe también un proyecto de extracción de recursos naturales, como madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo”, opina Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Quintana Roo es una de las siete entidades en las que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la siembra de soya transgénica, producto que en Europa se considera nocivo, pues para su cultivo se usan fertilizantes que dañan otras actividades, como la apicultura.
El vocero y representante legal de la inmobiliaria Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, ha negado una y otra vez que el proyecto amenace a los industriales mexicanos, considera “calumniosas y absurdas” las acusaciones y afirma que 90% de los accionistas son mexicanos, aunque en marzo de 2011 se habló de una inversión china de más de 40%.
López Rodríguez fue señalado como uno de los operadores de Manuel Bribiesca Sahagún cuando este hijo de Marta Sahagún tenía 45% de las acciones de Logistic Free Trade Zone, empresa que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas en el sexenio foxista.
López Rodríguez representó también al consorcio suizo Societé Generale de Surveillance, que en 2005 obtuvo la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le acusó de irregularidades de entre ocho y 12 millones de dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente chinos, más baratos que los reportados oficialmente (Proceso 1475, 1470 y 1510).
El representante del proyecto amenazó a la ambientalista Alejandra Serrano, a quien acusó en una carta dirigida al Cemda de haber diseñado “una estrategia legal, política y de comunicación tendiente a difamar y desprestigiar” a Dragon Mart.
En vísperas de que el Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo contra Dragon Mart, López Rodríguez volvió a ofrecer una conferencia de prensa, el jueves 3. Acusó a los legisladores del PRD, PAN y PRI que apoyaron el punto de acuerdo de servir “a intereses económicos creados alrededor de una economía poco competitiva”.
El punto de acuerdo fue promovido por la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Fraire, quien pidió la cancelación definitiva del proyecto. La legisladora y ambientalista cancunense argumentó que “la operación de este cluster implicaría prácticas de comercio desleal”, así como “severas violaciones a la normatividad local y federal” en materia de desarrollo ambiental y urbano.
En menos de una semana la propuesta se dictaminó en la Comisión Permanente del Congreso. El jueves 3, con el respaldo de todos los partidos se aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a las instancias federales, estatales y municipales información suficiente sobre los alcances de este proyecto.
En la discusión el diputado Rodrigo González Barrios advirtió que se prevé la excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, “equivalente a cuatro veces más que la Alameda Central del Distrito Federal”, para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo.
Incluso el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, haciendo eco de las críticas y quejas de los productores de calzado de Guanajuato y de los empresarios textileros, expresó su preocupación “por el ingreso de mercancías de Oriente que tienen bajo precio”.
Máxima opacidad
Los legisladores y activistas consultados coincidieron en que no hay información clara de un proyecto que desde su origen se ha caracterizado por su opacidad, por la falta de rendición de cuentas y por las versiones contradictorias de sus propios promotores respecto al porcentaje real de la inversión china y a sus alcances e impactos ambientales.
“Estamos en el limbo en materia de transparencia en Quintana Roo. Le pedimos a la Secretaría de Medio Ambiente local que convocara a una consulta pública antes de que aprobaran la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a favor de Dragon Mart. Nos la negaron argumentando que no teníamos interés jurídico. Es la primera vez que nos niegan una consulta”, afirma Serrano.
Ella y Saldaña Fraire coincidieron en que la MIA debió ser autorizada por la Semarnat y no sólo por las autoridades locales, ya que estas obras se realizarán frente a una zona federal –el mar Caribe– y afectarán el manto freático de la región de Puerto Morelos.
El 28 de septiembre de 2012 el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo (Iniraqroo) autorizó la “construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas” que ya se presentó como un proyecto de “desarrollo comercial turístico” y no como un proyecto de redistribución de mercancías de origen chino.
El proyecto aprobado incluye la edificación de 3 mil 40 locales comerciales de 25 metros cuadrados, cada uno para que los visitantes puedan “conocer y adquirir mercancías” en un área de 127 mil metros cuadrados; 12 locales comerciales en torno a espejos de agua artificiales para cafeterías, restaurantes y tiendas; 20 bodegas de 5 mil 403 metros cuadrados cada una y la construcción de 722 viviendas de dos niveles de entre 100 y 150 metros cuadrados, para los trabajadores de origen chino.
Un oficio del 19 de diciembre de 2012 dirigido a Saldaña Fraire y firmado por el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, advierte que en esta dependencia federal “no se tiene proyecto alguno” bajo el nombre de Dragon Mart Cancún y “tampoco existe alguna solicitud que se hubiese presentado para llevar a cabo cualquier obra y actividad relacionada con el proyecto”.
Accionistas mexicanos
La propiedad del predio y sus actividades originales tampoco están claras. Conocida como El Tucán, esta extensión de más de 500 hectáreas pertenecía desde 1979 a la yucateca Ana María Díaz de León Erosa y estaba destinada a la engorda de pollos.
En 2000 comenzó la explotación de material pétreo, pero un acta notarial del 21 de agosto de 2012 indica que “el banco de material ha reducido significativamente su explotación y venta, motivo por el cual actualmente se encuentra parado y en un aparente abandono”.
El apoderado legal de Díaz de León, Carlos Rafael Castillo Medrano, firmó el 19 de junio de 2012, ante el notario público 89 de Mérida, Yucatán, una promesa de compra-venta del predio por 28 millones de dólares con Real Estate Dragon Mart, representado por López Rodríguez.
La cláusula sexta del documento afirma que “por voluntad expresa de las partes la presente promesa de compra-venta no será inscrita por el momento en el Registro Público de la Propiedad del estado de Quintana Roo, reservándose sus derechos para hacerlo en el momento en que lo consideren oportuno”.
Castillo Medrano es mencionado como uno de los “empresarios yucatecos” con la mitad de las acciones de Dragon Mart. Posee 45% de Real Estate Dragon Mart, la empresa inmobiliaria, y el otro 45% de capital mexicano es de una sociedad de inversionistas de Nuevo León conocida como Grupo Monterrey, al que pertenecen Luis Felipe Salas Benavides, exdirectivo de Farmacias Benavides; José Luis Salas Cacho, vinculado con Vicente Fox y con Transportación Marítima Mexicana (TMM), y Miguel Pedraza Villarreal.
Salas fue representante de TMM en la operación del Centro Logístico de Jalisco, un proyecto impulsado por el gobernador panista Emilio González Márquez. Salas impulsó el “puerto seco jalisciense” que iba a operar Logistik, división del grupo regiomontano TMM.
Sus vínculos con Fox son claros. En 2000 fue nombrado asesor de la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Entre ese año y 2007 TMM obtuvo contratos por más de 219 millones de dólares.
“Sólo el 10% restante de la inversión es de capital chino”, insistió López Rodríguez al hablar de Dragon Mart. Sin embargo, en otras declaraciones dijo lo contrario y los observadores señalan que no es lógico que Chinamex (la sociedad de capitalistas chinos del proyecto) con sólo 10% de capital controle todo el proyecto y reciba los beneficios fiscales.
En la conferencia de prensa de junio de 2012 López Rodríguez informó que la inversión sería de 2 mil millones de dólares, que Real Estate Dragon Mart está conformado en 60% por empresarios mexicanos y 40% por los asociados chinos que crearon Chinamex. La naviera china Ocean Shipping Company (Cosco) se encargaría de la operación logística.
Privilegios fiscales
El convenio original firmado entre el entonces gobernador González Canto y el representante de Chinamex, el empresario Hao Feng, firmado el 22 de marzo de 2011, así como información del portal en internet del consorcio asiático, revelan que el proyecto de Dragon Mart se planeó con una serie de privilegios fiscales para los inversionistas extranjeros, que prometieron inyectar más de 200 millones de dólares a partir de 2013.
En ese convenio original, cuya copia obtuvo Proceso, se acuerda que en 561 hectáreas se construirá un centro comercial para productos de origen chino, bodegas, centro de exhibición y 722 viviendas, con el objetivo de que “dichas mercancías puedan ofertarse en México, Caribe, Centro y Sudamérica, garantizando empleo, inversión y derrama económica significativa que permitirá el desarrollo de una nueva actividad económica en el estado, creando sinergia con la actividad turística”.
A los inversionistas chinos se les prometían exenciones fiscales, apoyos económicos y gestiones ante autoridades municipales y federales que no se les han ofrecido a otros grupos empresariales. Por ejemplo, en apoyos directos González Canto se comprometió a:
“Un subsidio equivalente hasta 100% en la causación del Impuesto Sobre Traslación de Dominio que provenga directamente de la enajenación del predio en donde se asiente el proyecto…
“Exención en el pago de los derechos ante el Registro Público de la Propiedad que se generen por la inscripción del predio donde se asiente el proyecto…
“Otorgamiento de un subsidio temporal de hasta 100% en las contribuciones con motivo del Impuesto sobre Nóminas por un tiempo de hasta tres años contados a partir de 2013, mismos que no tendrán prórroga alguna…
“Destinar un presupuesto de hasta 1 millón de dólares de la Oficina de Visitantes y Convenciones para la promoción de Quintana Roo en el extranjero…
“Gestionar ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado un descuento de hasta 50% en los derechos de conexión a la red conforme a las necesidades del proyecto…”
Ante las autoridades del municipio de Benito Juárez se gestionará un “subsidio especial” de hasta 50% en el impuesto predial, 50% de descuento en el pago de la licencia de construcción, elaborar y aprobar un nuevo Plan Parcial de Desarrollo para la zona.
Ante las autoridades federales el gobierno de González Canto se comprometió a solicitar la relocalización de las torres de energía eléctrica de la CFE, el trámite ante la Semarnat para el cambio de uso de suelo en materia forestal, gestión ante la Secretaría del Trabajo para otorgar hasta 4 mil becas de “trabajo temporal” con un apoyo de hasta dos salarios mínimos y por espacio de 60 días, construir con la Conagua una planta de tratamiento de aguas residuales por 420 mil dólares y destinar 6 millones de pesos para la construcción de vialidades hacia el Dragon Mart.
En declaraciones recientes el exgobernador y actual senador González Canto aclaró que con el Dragon Mart “no se trata de fayuquear”, sino de que “vengan los grandes inversionistas de países de todo el Continente Americano a hacer en Cancún los negocios que antes tendrían que hacer hasta China”, y minimizó su papel como impulsor de este proyecto.
“En su momento el gobierno participó como facilitador, como lo hace con cualquier inversión que llega a Quintana Roo”, declaró a una estación radiofónica local el 26 de diciembre pasado.
Su sucesor, Roberto Borge, no ha vuelto a expresar su apoyo al Dragon Mart pese a que entre el 13 y el 15 de junio de 2012 presumió la visita de una delegación de 12 representantes del China Development Bank (CDB) y de 70 empresarios chinos que visitaron Cancún.
La delegación del CDB “apreció la cercana relación de cooperación que se ha construido entre Chinamex y el gobernador del estado de Quintana Roo”, según informó el portal internacional del consorcio dirigido por Hao Feng (www.chinamex.cn).
El brazo imperial
El Dragon Mart de Cancún estaría inspirado en el complejo similar construido en Dubái en 2004 y que alberga 4 mil locales comerciales administrados por chinos.
El proyecto original de Cancún planea el ingreso de hasta 140 contenedores de mercancías, a través de la naviera Cosco, identificada en todo el mundo como uno de los grandes brazos imperiales de la potencia asiática.
Ni en Dubái ni en Cancún se trata sólo de comerciar con los productos chinos, sino de crear una “cabeza de puente” para la expansión de las empresas y la obtención de recursos naturales de una región como Centroamérica, según plantean los españoles Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo, reporteros que han cubierto durante años la expansión del gigante asiático.
En su libro La silenciosa conquista china (2012) Cardenal y Araujo plantean que el Dragon Mart de Dubái le permite a China comerciar hasta 6 mil millones de dólares con Irán, a través de los emiratos, dándole la vuelta a las sanciones comerciales contra el régimen de los ayatolas.
En ambos casos, en Dubái y en Irán, a China le interesa el petróleo y desplazó desde 2007 a Rusia como principal proveedor de armas a Teherán.
“El ideólogo de este experimento llamado Dragon Mart, que otros países como México se afanan por reproducir, es Abadallá Lootah”, escriben. “Este dubaití (…) es quien en 2004 puso en marcha el centro de distribución que conecta a los compradores de Oriente Medio y el este de África con los productos chinos”, agregan.
Fuente Factornoticia
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