Liberan en Tabasco a 45 presuntos ‘zetas’ por errores en la investigación

Armando Guzmán

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Errores en la integración de la averiguación previa por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) llevaron a la liberación de 45 sujetos detenidos en noviembre de 2011 y enero de 2012 por su presunta relación con el jefe de Los Zetas en la entidad, Santos Ramírez Morales, El Santo Sapo.
Fernando Valenzuela Pernas, titular de la PGJ, señaló que las personas excarceladas son familiares, amigos y expolicías ministeriales que se presumía estaban relacionados con El Santo Sapo, quien, aclaró el funcionario, sigue preso y en proceso legal en el ámbito federal.

Los 45 detenidos, entre ellos dos hermanas del capo y Verónica Arena Quiroga, esposa de El Santo Sapo, abandonaron el pasado martes 29 el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset), ubicado en esta capital.
Valenzuela Pernas explicó que en junio del año pasado el Juzgado Segundo de Distrito amparó a los acusados contra su detención, fallo que, dijo, se apeló, pero el pasado domingo 27 el juez del Décimo Circuito, Lorenzo Justino Traconis Chacón, ratificó el amparo y dictó auto de libertad “por falta de elementos para procesar”.
El procurador se deslindó de toda responsabilidad en este caso y culpó a sus antecesores de realizar “una mala integración de la averiguación previa”.
Según pláticas que sostuvo con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco, abundó, El Santo Sapo no saldrá libre porque tiene varias órdenes de aprehensión.
Sin embargo, aseguró que los 45 liberados no significa que tengan “impunidad vitalicia” y no se les pueda investigar, pero desde el ámbito federal, porque la PGJE declinó este asunto desde el año pasado.
El Santo Sapo continúa detenido en Puente Grande, Jalisco, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa agravada, homicidios y secuestros.
Los 45 presuntos “zetas” liberados, así como El Santo Sapo, fueron detenidos entre noviembre de 2011 y enero de 2012, en Ocozocuatla, Chiapas, y el estado de Tabasco.

Fuente Proceso