En 1982 un incendio afectó el mismo edificio y consumió pruebas de un fraude

 

 

Roberto González Amador y Juan Antonio Zúñiga

 

El 6 de septiembre de 1982 un incendio devastó el edificio B2 de la torre corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ciudad de México y consumió las pruebas de uno de los grandes fraudes cometidos contra el patrimonio de la empresa, relacionado con la compra de dos embarcaciones.

Lo recuerda a la distancia Óscar Álvarez, entonces miembro de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se trata del mismo edificio en que ocurrió una explosión ayer jueves.

Sucedió una explosión, que fue seguida por un incendio en el edificio B2, dijo a este diario Álvarez. En ese lugar se encontraba el archivo que resguardaba los documentos de compras, proveeduría y un almacén, dice. El fuego consumió, recuerda, miles de documentos, entre ellos los relacionados con la compra, por parte de la paraestatal (entonces dirigida por Jorge Díaz Serrano), de los barcos Cantarell y Abkatun, una operación que a la postre terminó en un quebranto. Funcionarios involucrados en la operación, entre ellos Efrén Flores Chavarría e Ignacio de León Martínez, huyeron del país y se refugiaron en el Chile gobernado por Augusto Pinochet. En una entrevista publicada por Proceso en enero de 2002, Flores se declaró inocente.

Cuando ocurrió el incendio de 1982 eran los remotos años en que después del auge petrolero México se sumía en una profunda crisis económica y financiera, la de la década perdida de los 80 del siglo pasado.
En aquel entonces la versión oficial fue que se trató de un incendio, recuerda Álvarez. Pero fue un fuego provocado para borrar las huellas de aquel fraude, asegura. En aquella ocasión el fuego fue de noche, no hubo heridos, no pasó nada.
Esa misma zona fue donde ayer ocurrió una explosión, cuyas causas no habían sido determinadas anoche por las autoridades. Álvarez aseguró: en donde ocurrió la explosión de anoche no hay calderas, es una zona de archivo muerto, de oficinas administrativas.

Fuente La Jornada