Naturalización selectiva

Mathieu Tourliere

La ley establece claramente los requisitos para otorgar la carta de naturalización a los extranjeros que la soliciten, pero la “tradicional hospitalidad mexicana” es muy selectiva: Si no se trata de una persona “visible” –dice Lorena Cano, abogada de Sin Fronteras–, no tiene suficiente dinero o proviene de países como Colombia y Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y hasta el Cisen despliegan su creatividad para ponerles obstáculos insuperables.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El futbolista Damián Álvarez, de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), nació en Argentina y obtuvo la nacionalidad mexicana en 2011. Sin problema ni traba esperó poco más de un año entre la solicitud y la entrega de la carta de naturalización. “Obviamente el club le dio la asesoría y lo apoyó, pero pasó el examen de cultura y siguió los mismos trámites como cada naturalizado”, comenta a este semanario Alejandro Garza, jefe de prensa de los Tigres.

Marta Martina Ceto, empleada doméstica de origen guatemalteco, tiene 12 años viviendo en México y empezó los trámites para obtener su naturalización hace cinco años. Sigue en espera de un juicio que nunca llega.
Según datos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionó a Proceso, “cualquier extranjero que cumpla con los requisitos previstos en la Ley de Nacionalidad y su Reglamento puede obtener la nacionalidad mexicana por naturalización si la solicita, independientemente de su situación socioeconómica o profesional”.
Sin embargo Lorena Cano Padilla, asesora legal en la asociación Sin Fronteras, matiza: “Existen nacionalidades restringidas para llegar a México. Las restricciones se emplean también en el caso de personas que buscan la nacionalidad. Es cierto que se naturalizaron personas de todos orígenes en México, pero es mucho más difícil acceder a este procedimiento si tú, africano, árabe o colombiano, solicitas la nacionalidad. Se les otorga con mucho más facilidad a las personas de origen europeo y estadunidense, por ejemplo”.
Y precisa: “La discriminación tiene que ver con la combinación de factores; proviene no sólo de la nacionalidad de origen, sino también del poder adquisitivo”.
Según la información de la SRE, entre el 1 de enero de 2010 y el pasado viernes 12, México entregó 9 mil 503 cartas de naturalización a extranjeros. Poco menos de 4 mil las entregó a latinoamericanos e ibéricos, 2 mil 357 a quienes contrajeron matrimonio con mexicanos, mil 464 a personas que tuvieron hijos mexicanos, mil 197 a quienes viven aquí desde hace más de cinco años, 566 a los que fueron adoptados por una pareja mexicana y dos a personas que realizaron obras destacadas para el país.
En cuanto a sus orígenes, desde 2010 hasta la fecha 2 mil 733 colombianos solicitaron la nacionalidad mexicana, seguidos por 2 mil 255 cubanos, mil 328 argentinos, mil 126 venezolanos y 978 españoles. La lista se prolonga a Guatemala, Perú, Estados Unidos, China y Honduras. En total, 12 mil 377 ciudadanos de esos 10 países pidieron su naturalización.
El pasado 27 de marzo, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto entregó oficialmente 20 cartas de naturalización y simbólicamente otras 158. “Hoy México les refrenda su hospitalidad y les agradece la confianza que le han tenido al hacerlo su nuevo hogar (…) Este es un país que sabrá valorar su participación y recompensar su esfuerzo diario. Ser mexicano es más que una nacionalidad. Es un compromiso. Es asumir una responsabilidad con el país que los adopta como hijos y con las personas que hoy los reciben como hermanos”, dijo en esa ocasión.
Sin embargo, para otros el camino hacia la nacionalidad mexicana está lleno de obstáculos.

Papeleo de “seguridad nacional”

Bleidy Rueda es una de los mil 783 refugiados que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) radicaban en México en 2011.
Una madrugada de 2008 salió corriendo de su casa en Colombia con su hija de nueve años para huir de una masacre perpetrada por la guerrilla, que persigue a su familia desde hace 30 años. La embajada mexicana le otorgó una visa que le reconocía el estatus de refugiada. Llegó al país enferma, tras dos días sin comer y sin dinero.
“Me recibieron bien. Me dieron auxilio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y me orientaron hacia Sin Fronteras. Ahí me apoyaron económicamente”, relata. Cuando pasó el trauma de la huida, Rueda empezó a trabajar en el Metro, el Metrobús y sitios de taxis; poco después de seis meses un taxista la secuestró y la dejó por muerta. “Perdí dientes, mis oídos me los reventó. Ese tipo casi me mató”, comenta.
Pero ella, que se define como “trabajadora y luchona”, reunió el dinero suficiente para abrir en 2010 un pequeño local de cosmetología: Tu Spa Cio, equipado con tres camas de masaje y donde trabajan seis empleadas mexicanas.
Al crecer su hija, Rueda solicitó la nacionalidad el 31 de julio de 2011 y siguió el consejo de los abogados de Sin Fronteras: “No vaya a hacer nada ilegal, haga sus cosas bien porque cualquier cosa puede frustrar su naturalización”. No obstante, ella se queja que desde el principio la SRE le puso obstáculos.
El 19 de diciembre de 2011 personal de esa dependencia le notificó que su flujo migratorio –el registro de sus entradas y salidas del país– no le permitía continuar el proceso. En realidad ella nunca había salido del país, pero tuvo que reiniciar el trámite en el Instituto Nacional de Migración para que se revisaran otra vez su flujo migratorio y sus antecedentes penales. Las autoridades reconocieron que todo estaba en orden y convocaron a Rueda para seguir con los trámites tres meses después.
No obstante, dice, como extranjera “cuando tienes que acudir al INM o a la SRE te tratan mal, como si hubieras cometido un asesinato o matado a un cura. No siento la discriminación en mi vida cotidiana porque gracias a Dios el trabajo que hago me gusta y puedo llegar a la gente muy fácil. Lo siento aquí como México contra Colombia en un partido de futbol”.
El 24 de enero de 2012 descubrió que en algún lugar de la burocracia le habían inventado una hija de 11 meses. Fue necesario que realizara más trámites para establecer que su hija tenía 12 años, había nacido en Colombia y que la trajo con ella a México. Así se reconoció oficialmente, pero le agregaron un requisito nuevo: un aviso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación.
La mujer gestionó el documento. El 10 de enero de 2013 el Cisen concluyó que “se obtuvieron indicios que motivaron el desarrollo de una investigación por las autoridades federales dirigida a determinar si el solicitante está llevando a cabo actos que se encuadran en alguno de los supuestos previstos por las fracciones del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, investigación que actualmente está en curso, por lo que derivado de la opinión emitida (…) no es procedente otorgarle la nacionalidad mexicana a la señora Bleidy Rueda”.
Al consultar el mencionado artículo, se enteró de que se le hacía sospechosa de “espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio; impedir u obstaculizar a las autoridades militares o navales actuar contra la delincuencia organizada”.
No sabía qué hacer. “Estaba muerta de ira, no sabía ni para dónde correr”, dice. Entonces, con la ayuda de Sin Fronteras, demandó a la SRE, un servicio por el cual “cualquier abogado cobraría 50 mil pesos”.
Explica que, desde su llegada a México, vive en el mismo domicilio, ha tenido un solo teléfono celular. Nadie fue a interrogarla, a investigarla ni fue citada. El INM investigó dos veces sus antecedentes penales y dictaminó que podía seguir el proceso de naturalización.
“Lo que me pasa es una burla”, deplora. Lo peor es que ni siquiera puede conocer los motivos de la investigación aludida por el Cisen porque se trata de un asunto “de seguridad nacional”.
Se desahoga: “Tuve que esperar casi dos años: todas las veces, los buses que tomé para ir a SRE, que fui a migración, que hice una cosa y otra; mi tiempo, mi plata, ¿quién me responde a mí por todo eso?”
Bleidy Rueda había invertido sus ahorros para viajar a Colombia, donde tenía casas y departamentos. Allá se enteró de que sus hermanos vendieron todas sus pertenencias. Y al volver a México recibió la respuesta del Cisen.
“Ya no tengo nada –lamenta–. Vengo desmoralizada de Colombia, y me ponen esta traba después de otras mil trabas. Con esto dejé de insistir. Me fui para la ACNUR. No lo podía creer, estaba indignadísima. Ni siquiera me dijeron qué pasaba. Tengo derecho a saber por qué soy investigada, pero la ‘seguridad nacional’ no es algo con lo que peleas.”
Dice que ya pensó en la posibilidad de irse de México. Sin embargo, su hija adolescente cursa el tercer año de bachillerato y patina en la liga del Distrito Federal, por lo que ya se fue a competir a Cancún y a Morelia. Bleidy asume que las dos tienen ya una vida formada en el país.
Congruente con la difundida tradición hospitalaria de México, la ley prevé la entrega de carta naturalización a los extranjeros que la soliciten, si comprueban que no tienen antecedentes penales aquí ni en su país de origen, hablan español, conocen la historia nacional, están integrados a la cultura y tienen un periodo de al menos cinco años de residencia.
La ley facilita este proceso a los solicitantes que provienen de países latinoamericanos o ibéricos, a los padres de hijos mexicanos y a las personas que “prestaron servicios o realizaron obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial”. A ellos sólo les exige al menos dos años de estancia permanente en el país.
“Por supuesto, la naturalización se les otorga de manera mucho más fácil a las personas ‘visibles’: modelos, deportistas y otros, porque es mucho más fácil comprobar” que cumplen los requisitos, explica Lorena Cano.
Y enfatiza que la decisión de entregar la carta de naturalización le corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, que pide al INM una investigación sobre el flujo migratorio del aspirante. En caso de rechazar la solicitud, la dependencia tiene que “fundar y documentar” su decisión, pero ésta puede resultar “nada transparente”, en palabras de Cano.

Fuente Proceso