Peña y la parcialidad institucional

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto se equivoca en su diagnóstico de la problemática nacional. Insiste que el principal reto es la construcción de un “Estado fuerte” y el fortalecimiento de la oficina presidencial, cuando en realidad lo que hace falta es la reorientación del formidable poder gubernamental hacia la defensa del interés público y el desarrollo nacional. Nuestras dificultades no surgen de una supuesta debilidad del Estado mexicano como tal, sino de su utilización parcial y el aislamiento de la clase política de la sociedad.

El desastre de los 12 años de gobiernos panistas se debe a que Vicente Fox y Felipe Calderón conscientemente utilizaron la silla presidencial para favorecer a sus amigos y atacar a sus rivales. El legado más importante, la “alternancia”, es la enorme acumulación de poder y riquezas en las manos de Televisa, Carlos Slim y El Chapo Guzmán. Las recientes liberaciones del general Tomás Ángeles y del exsubprocurador Noé Ramírez Mandujano comprueban una vez más la parcialidad de la actuación de las instituciones bajo el mandato de Calderón.
Hoy Peña Nieto envía señales de absoluta continuidad. La detención de Elba Esther Gordillo, la utilización de programas sociales para fines políticos en Veracruz, la extraña ventilación pública del caso de Ricardo Monreal y el sorpresivo otorgamiento de amparos a MVS Comunicaciones para que pueda seguir gozando de sus concesiones de banda ancha 2.5 Ghz, todos demuestran que sigue vigente la política de utilizar la ley y las instituciones con fines políticos y para pagar favores personales.
Por mucho que Gordillo sea un personaje políticamente indefendible y muy probablemente corrupto, la forma y el fondo de su detención respondieron a evidentes coyunturas e intereses políticos (mi análisis aquí: http://ow.ly/kbLZp). Con respecto a Monreal, no existía necesidad alguna de publicitar el supuesto plan de atentado en su contra. Las declaraciones en los medios de comunicación tanto del procurador Jesús Murillo Karam como del mismo Monreal solamente tienen lógica dentro de un contexto en que el gobierno federal estaría utilizando los múltiples esqueletos que el político zacatecano tendría en su proverbial “clóset” para silenciar a una de las voces más fuertes de la oposición política.
El caso MVS es también llamativo. El actual subsecretario de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, fue durante años director jurídico de MVS Comunicaciones y litigó personalmente el asunto de las concesiones de la banda 2.5 Ghz. El año pasado el mismo presidente de MVS, Joaquín Vargas, hizo públicos sus intercambios con Javier Lozano en el caso de Carmen Aristegui, evidenciando la absoluta disposición del empresario a negociar contenidos y espacios con el gobierno. La sorpresiva cancelación de mis propias participaciones en este mismo medio respondió a la misma lógica. Todo parece indicar que Vargas será el nuevo empresario mediático apapachado por el régimen, equivalente a lo que ocurrió con Emilio Azcárraga durante las administraciones de Fox y Calderón.
Con absoluta razón entonces 73% de la población mexicana se encuentra “insatisfecha con el funcionamiento de la democracia”, de acuerdo con Latinobarómetro, y solamente 38% de los ciudadanos tienen “interés en los asuntos que se discuten en el Congreso”, según la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional del IIJ-UNAM. Existe una justificada desconfianza ciudadana en los políticos y en las instituciones realmente existentes porque no han funcionado para resolver los problemas de la gente. De acuerdo con un estudio de la ANUIES, por ejemplo, de seguir las tendencias económicas actuales, para 2020 solamente 6% de los jóvenes egresados con licenciatura al año encontrarían un empleo de calidad.
No debería sorprender a nadie entonces la velocidad con la cual se ha desgastado la imagen pública del Pacto por México. De acuerdo con una encuesta de la empresa Parametría (http://ow.ly/kaf6V), hoy solamente 21% de la población cree que el pacto “beneficiará a gente como usted” y 31% cree que les “perjudicará”. Únicamente 35% de los encuestados creen que el pacto beneficiará “al país”. Los ciudadanos tienen claro que el pacto no es más que un acuerdo entre los mismos políticos desacreditados de siempre para avanzar sus propios intereses.
Los ciudadanos mexicanos aparentemente no son tan fácilmente manipulados y engañados como lo imaginan los grandes consorcios mediáticos. Otro ejemplo es que, de acuerdo con el periódico Reforma, Peña Nieto inicia su mandato con una tasa de aprobación ciudadana (50%) menor que cualquier presidente mexicano al inicio de su sexenio en las últimas dos décadas. Hasta Ernesto Zedillo, quien asumió la Presidencia en diciembre de 1994 en medio de una doble crisis económica y política de enormes proporciones, con una fuerte devaluación del peso y un movimiento guerrillero en Chiapas, inició su mandato con una tasa de aprobación (53%) más alta que la de Peña Nieto.
Aun Calderón inició su sexenio con mayor entusiasmo ciudadano. Después de las conflictivas elecciones de 2006, todavía 58% de la población aprobaba la gestión de Calderón en marzo de 2007. Y no existe comparación desde luego con la histórica “luna de miel” de Vicente Fox, quien inició su mandato con 70% de aprobación ciudadana.
El desgaste del Pacto por México y la debilidad de Peña Nieto son buenas noticias para las luchas ciudadanas a favor de la construcción de un nuevo Estado que defienda el interés público. Significa que el juego de intereses y de manipulación institucional de la vieja clase política podría estar acercándose a su fin y que la sociedad mexicana pronto tendría su día.

Fuente Proceso