Operaba defraudadora Chamba México con la anuencia de Hacienda y STPS

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales demandaron la intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto para que se investigue el fraude de la agencia de colocaciones Chamba México contra más de 3 mil personas que buscaban trabajo en Estados Unidos y Canadá.
En rueda de prensa, integrantes del proyecto Jornaleros Safe dieron a conocer la existencia de mil 277 denuncias formales en procuradurías locales en contra de Chamba México, empresa que contaba con registros de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ejercer como agencia de colocaciones.
Mayela Blanco, de Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, informó que los casos documentados por las organizaciones suman 3 mil 135, que implicaron ganancias ilegales para Chamba México por 20 millones de pesos.
Los afectados son residentes de Puebla, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, Aguascalientes, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

La activista también destacó que, desde enero pasado, defensores vinculados a Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana detectaron las prácticas ilegales de Chamba México y reportaron el hecho a las autoridades de la STPS, dependencia que validó el trabajo de la empresa como colocadora de empleo.
“Chamba México ofrecía tramitar visas H2A y H2B, en Estados Unidos, y también empleo temporal en Canadá, donde se ofrecían supuestos pagos de 15 dólares la hora”, apuntó la defensora.
Blanco contó que el activista César Álvarez se hizo pasar por jornalero interesado en trabajar en Estados Unidos y que el día 1 de abril se presentó junto con más de 300 personas en las oficinas de Chamba México en San Luis Potosí, día en que fueron citados los interesados para viajar primero a Monterrey y de ahí a Estados Unidos.
“Ya les habían cambiado la fecha en dos ocasiones anteriores, pero ese día lo que documentó el compañero fue muy triste, pues cuando llegó había 144 personas formadas en una fila fuera de las oficinas cerradas de Chamba México, y otras más estaban dispersas; la gente estaba con maletas, algunos venían de otros estados de la República y muchos llegaron con sus familiares para despedirse de ellos”, narró.
La estrategia de citar a personas fuera de las oficinas de Chamba México entre el 28 de marzo y el 1 de abril se repitió en otras ciudades, donde la empresa tiene oficinas, como Monterrey, Toluca y Puebla.
En la conferencia se presentó el testimonio de una persona de Nezahualcóyolt, Estado de México, que pagó a Chamba México 7 mil pesos y también entregó su pasaporte con la promesa de que sería contratado en Estados Unidos.
Esta persona, de la que no se proporcionó el nombre porque teme a represalias, contó que acudió a las oficinas de la empresa en Toluca y confió en ella porque funcionarios de la SHCP le aseguraron que la firma estaba legalmente establecida.
También dijo que después de una espera infructuosa de dos días, con el fin de que abrieran las oficinas de la agencia de colocación, se interpuso una demanda por la afectación a unas 400 personas.
Gisela Vega, abogada de Global Workers Justice Alliance, señaló que en Estados Unidos su organización se enteró del caso cuando personas se acercaron a preguntar por la autenticidad de los ofrecimientos de Chamba México:
“Lo que observamos fue una falta de coordinación en la STPS, no hay información sobre la veracidad de la empresa y la autenticidad de los reclutadores, como tampoco si los puestos que ofrecen en Estados Unidos y Canadá realmente los están pidiendo estos países”, resaltó.
Mariano Yarza, de Catholic Relief Service, dijo que antes del fraude masivo el proyecto Jornaleros Safe ya había denunciado a reclutadores que llegaban a comunidades a ofrecer empleo en Estados Unidos y Canadá, quienes después desaparecían con el dinero exigido a los interesados.
“Hubo ocasiones en que los colocadores llevaban a la gente hasta el consulado de Monterrey, donde recibían el monto restante del supuesto trámite, y después desaparecían”, apuntó Yarza.
Después de solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los casos, Yarza dijo que hasta ahora la STPS únicamente ha reaccionado creando una línea telefónica para que la gente se informe si las empresas son legales o no, “pero no hay forma de comprobar que las agencias de colocación realmente estén ofreciendo empleos reales”.
Además, denunció que las agencias del Ministerio Público donde se levantaron las denuncias se han negado a dar a los afectados los números de averiguaciones previas, “requisito fundamental para reportar el robo de los pasaportes”.
Yarza exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “la reposición de los pasaportes o bien a bajo costo, así como integración de los afectados al Servicio Nacional de Empleo de la STPS, y el compromiso de se les considere en las convocatorias para trabajar en Estados Unidos, que de eso tiene información la dependencia”.
Los representantes de la ONG insistieron en que la PGR es la que tiene que intervenir para castigar a los responsables del fraude masivo, además de que se tienen que fijar normas para obligar a las agencias de colocación a ofrecer empleos reales y evitar engaños.
Al reclamo del proyecto Jornaleros Safe, donde también participan el Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas y la United Farm Workers, se sumaron decenas de organizaciones de derechos humanos y casas del migrante.

Fuente Proceso