Claman en Colombia: ¡Frenen a Slim!

Rafael Croda

La empresa Claro, propiedad de Carlos Slim, enfrenta una demanda penal en Colombia por desacato al mandato de un tribunal en ese país. Lo que se oculta detrás de esa querella, comentan varios especialistas, es que los competidores del empresario mexicano cerraron filas para acotarlo, pues posee el mayor consorcio de telecomunicaciones, que acapara más de 60% de los suscriptores de telefonía celular y 80% del tráfico de llamadas. El año pasado sus ganancias llegaron a mil 858 millones de dólares, lo cual convirtió al país sudamericano en el segundo más rentable para el magnate, sólo después de México.

BOGOTÁ (Proceso).- El empresario mexicano Carlos Slim Helú enfrenta en Colombia una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la negativa de Claro, compañía de su propiedad, a cumplir una sentencia judicial que le ordena devolver más de 100 millones de dólares a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un consorcio de propiedad mixta.
Fuentes de la fiscalía comentan a Proceso que la investigación está “en etapa preliminar y práctica de pruebas” y que la decisión de citar a declarar al hombre más rico del mundo “la tomará el fiscal adscrito al caso”, después de concluir esta fase procesal.
La denuncia penal contra Slim fue presentada en febrero pasado por el abogado Mauricio Mateus Rodríguez, quien dice actuar “a título personal y por interés académico”. En abril la fiscalía decidió acogerla e iniciar una investigación, lo que causó sorpresa entre abogados que consideraban improcedente esa demanda, toda vez que en Colombia las deudas económicas no son materia del ámbito penal, pues la Constitución impide castigarlas con cárcel.
Sin embargo, en la resolución 0-0926 de 2013, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, planteó que “analizados los hechos denunciados, la connotación y trascendencia que dentro del ámbito nacional e internacional tienen los mismos, este despacho estima que por la naturaleza de aquellos es menester designar especialmente a un fiscal delegado adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción que por reparto corresponda el conocimiento de la investigación que se suscite por el presunto incumplimiento” de Claro.
Consultados por este semanario, los penalistas Fabio Humar y Francisco Bernate coinciden en que el fiscal general actuó con apego a derecho al acoger la demanda, ya que el delito denunciado es “fraude a resolución judicial” –incumplimiento de un fallo emitido por un tribunal– y está tipificado como tal en el Código Penal colombiano. Es decir, Mateus Rodríguez no demandó a Slim por negarse a pagar una deuda, sino por desacato a una sentencia.
Claro es el mayor consorcio de las telecomunicaciones en Colombia, donde concentra 61.5% de los 48.6 millones de suscriptores de telefonía celular y 80% del tráfico de llamadas. Sectores políticos consideran a la empresa un monopolio y cuestionan sus enormes ganancias operacionales que el año pasado llegaron a mil 858 millones de dólares y convirtieron a este país en el segundo más rentable para Slim, sólo después de México.

La querella

Según la denuncia penal, la empresa de Slim incumplió un fallo emitido por el Consejo de Estado, máximo tribunal colombiano de lo contencioso administrativo, que en agosto pasado le ordenó devolver a la ETB una suma que esta compañía, cuyo principal accionista –con 88.4% de los títulos– es el gobierno de la capital de Bogotá, le pagó a la firma mexicana en 2011, tras un litigio, por cargos de interconexión a su red.
En su escrito, Mateus Rodríguez planteó que mientras miles de ciudadanos son reportados por Claro a las centrales de riesgo crediticio ante el mínimo retraso en el pago de sus cuentas telefónicas, “la empresa del hombre reconocido como el más rico del mundo se burle de los ciudadanos de Bogotá y a través de maniobras dilatorias, vencido hace ya más de cinco meses el plazo para devolverle a la ETB los dineros que en suma aproximada ya llega a 200 mil millones de pesos (colombianos, unos 111 millones de dólares), se niegue a saldar dicha deuda”.
La ETB se deslindó del abogado demandante, mientras que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, del Partido Progresistas, pidió por Twitter al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que intervenga para ayudar a la ciudad a recuperar el dinero que la telefónica de la ciudad pagó a Claro hace dos años porque “cada día que pase ese dinero en el bolsillo del hombre más rico del mundo, será un dinero que nos están robando a los bogotanos”.
El litigante asegura que no representa los intereses de Petro ni de los competidores de Claro. Asimismo, niega ser parte de una maquinación desde las sombras y señala que Slim –único denunciado que menciona por su nombre y apellido en el escrito– “incurrió en fraude tras la resolución judicial al desacatar el fallo del Consejo de Estado”, lo cual lo haría acreedor a una pena de prisión “de uno a cuatro años, según el artículo 454 del Código Penal colombiano”.
El litigante, un especialista en derecho administrativo con aspiraciones políticas, comenta en entrevista que Slim debe ser citado a declarar “porque tiene mucho que explicar; es algo que debería considerarlo completamente la fiscalía”. Añade que el empresario mexicano debe comparecer “voluntariamente” ante la justicia colombiana junto con el representante legal de Claro (la doctora en jurisprudencia Hilda María Pardo Hasche) para que se establezca “la responsabilidad penal que recae en él como propietario de esa empresa por el desacato de la sentencia, y se le imponga la penalidad que haya a lugar, junto con todos aquellos de sus ejecutivos que con maniobras dilatorias y abusando del marco legal colombiano han logrado burlar la orden judicial de devolver una gran suma de dinero a una empresa que es patrimonio de todos los bogotanos”.

Pesos pesados

Slim cuenta con un jurista de lujo para representarlo en este caso: el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exmagistrado de la Sala Penal del máximo tribunal del país, Augusto Ibáñez, quien fue contratado por Claro como abogado externo en su calidad de especialista en derecho penal.
Al también exprocurador general de la nación no le preocupa que la fiscalía haya aceptado dar curso a la denuncia de Mateus Rodríguez “porque acá en Colombia tenemos un sistema en el que todas las denuncias tienen que tramitarse y la fiscalía tiene que emprender una gestión para establecer si existe o no mérito para iniciar una investigación”.
–Pero el fiscal ya resolvió que hay mérito para investigar, por la trascendencia nacional e internacional de este caso –plantea el reportero a Ibáñez.
–Es que precisamente por su connotación nacional e internacional había que darle una especial consideración; es decir, nombrarle un fiscal especial para el tema, pero la aceptación de la demanda no significa nada diferente a eso.
Ibáñez, quien como presidente de la CSJ entre 2009 y 2010 procesó a varios políticos implicados con grupos paramilitares, considera que Slim no debe ser llamado a declarar. “No se ha contemplado nada de eso y creo que la fiscalía debe tener mucha ponderación y prudencia en este tema”, afirma.
Para el abogado y exministro de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, el fondo de este asunto es que Claro no tiene ninguna deuda con la ETB, sino un litigio en trámite, ya que lo que determinó el Consejo de Estado es que la firma mexicana debe devolver a la telefónica bogotana el pago de 2011, que ascendió a 138 mil millones de pesos colombianos (unos 76.6 millones de dólares), más la inflación acumulada desde entonces.
Según Ibáñez, el problema es que el Consejo de Estado “jamás determinó el monto claro, expreso y exigible que se debería hipotéticamente devolver y, por lo tanto, la discordancia y las pretensiones quedaron perfectamente discutibles”.
El fallo del Consejo de Estado, en efecto, no menciona cifra alguna, pero ordena a Claro, que hasta mediados de 2012 operó en Colombia como Comcel, devolver a ETB “debidamente indexadas, en el término máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que esta providencia cobre ejecutoría, las sumas de dinero que la Empresa Telefónica de Bogotá hubiere pagado a Comunicación Celular Comcel”.
Claro solicitó al Consejo de Estado, mediante una acción de tutela (amparo), aclarar la suma exacta que debe devolver a la ETB, pero el tribunal rechazó el mes pasado el recurso. Ibáñez considera que “aún no es posible cumplir el fallo” porque no se ha establecido el monto a devolver.
“La pretensión (de ETB) sigue discutiéndose y existe una garantía en el caso de que el juez determine que toca pagar una cifra determinada”, plantea el abogado, quien aclara que la empresa de Slim ha depositado una póliza de garantía por unos 100 millones de dólares que amparan el pago que decidan los tribunales, una vez que éstos precisen el monto o que se agoten todas las instancias judiciales de este litigio, entre ellas la Corte Constitucional.

Ambiciones políticas

Para la ETB, cuyo 11.6% de acciones está en manos de inversionistas privados, se trata de una sentencia “en firme” que Claro debió acatar desde agosto pasado. El gerente de la empresa mixta, Saúl Kattan, incluso ha llegado a decir que los jueces del Consejo de Estado “se están haciendo de la vista gorda”, lo que le valió este mes una multa de mil 630 dólares por parte de ese tribunal.
Para Mateus Rodríguez, el argumento que esgrime Claro para negarse a acatar la decisión judicial –que desconoce el monto exacto a liquidar– es “pueril y me parece una clara táctica dilatoria”. Sin embargo, considera que la ETB ha sido “negligente en su obligación de ejecutar las acciones legales necesarias para cobrar (esa suma) porque ya tendría que haber acudido a un juzgado civil a reclamar ese pago”.
Según este litigante, la decisión de emprender una acción legal contra el hombre más acaudalado del mundo surgió ante el malestar que le produjo la negativa de Claro a devolver más de 100 millones de dólares a la empresa telefónica de los bogotanos. Comenta que no ha hecho un cálculo político de los beneficios que le pudieran acarrear la demanda contra Slim, pero si éstos llegan “son bien recibidos porque tengo una aspiración política de ser elegido algún día para un cargo de elección popular”, aclara.

Caldo de cultivo

Mientras la ETB espera que Claro devuelva el dinero que le pagó por cargos de interconexión en 2011, la empresa mexicana no sólo continúa echando mano de todos los recursos jurídicos a su alcance para revertir el fallo, sino que ya abrió un nuevo frente de batalla: presentó otra demanda contra la telefónica bogotana por el pago de unos 53.8 millones de dólares que le adeudaría por cargos de interconexión correspondientes al periodo 2006-2010.
El presidente de Claro en Colombia, Juan Carlos Archila, comentó que la alta exposición mediática de éstas y otras controversias “tiene un impacto en la imagen de la empresa y eso nos preocupa mucho”.
En el listado de reputación corporativa 2012 de la firma Merco Colombia, Claro apareció en el lugar 88 de un total de 100 empresas, mientras que sus competidores UNE y Movistar figuraron en las posiciones 30 y 51, respectivamente, en tanto que el liderazgo correspondió a la estatal Ecopetrol.
El litigio con la ETB ha llevado al alcalde Petro a solicitar al gobierno nacional que, mientras el dinero no sea devuelto, prohíba a Claro la participación en la subasta por el espectro para la telefonía de cuarta generación (4G) que se realizará este año y cuyos resultados marcarán el futuro de las telecomunicaciones en la región.
Aunque el ministro colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, descartó esa posibilidad, dijo que “lo ideal es que las cuentas entre operadores estén saldadas”.
Para el analista colombiano de nuevas tecnologías, Nicola Stornelli, lo que en verdad hay detrás de estos frentes de batalla es una “guerra de titanes” entre Carlos Slim y César Alierta, el presidente de Movistar, que junto con el holding del empresario mexicano, América Móvil, son las principales operadoras de las telecomunicaciones en Latinoamérica, un mercado de 596 millones de personas donde existen más líneas de telefonía celular que clientes potenciales.

Fuente Proceso