Gobierno de Guerrero advierte que castigará a los responsables de las revueltas

José Gil Olmos y Ezequiel Flores

CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- Nuevamente el gobierno estatal advirtió que ante las acciones de protesta del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) “no habrá impunidad”.
Mediante un comunicado difundido ayer en el portal oficial, la administración que encabeza el gobernador Ángel Aguirre Rivero volvió a anunciar que se aplicará la ley “con todo rigor” en contra de los responsables de los destrozos causados en la residencia oficial Casa Guerrero, las oficinas de la coordinación estatal de la Policía Federal (PF), y una decena de automóviles oficiales.
Ante el silencio institucional frente al conflicto social que se agudiza en la entidad, el gobierno de Aguirre respondió mediante un mensaje electrónico donde “reprobó” los hechos “vandálicos” que realizaron ayer maestros
disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Por ello, la Procuraduría General de Justicia local (PGJ) integró una enésima averiguación previa registrada en el expediente DGAP/082/2013, por los delitos de daños, ataques a las vías de comunicación, motín y los que resulten.
Al respecto, el comunicado oficial destaca: “Individuos con los rostros cubiertos y armados con palos, tubos, piedras y otros objetos, incluso algunos con machetes, atacaron esta tarde a personal e instalaciones de la residencia oficial Casa Guerrero, causando cuantiosos daños al inmueble, así como a otros edificios públicos como las instalaciones de la Auditoría General del Estado, y a por lo menos una veintena de vehículos oficiales y particulares”.
Luego, señala que no existe justificación para que se cometan este tipo de actos de violencia que “transgreden” los derechos de la ciudadanía, causan daños a edificios públicos y “se ponga en riesgo” la integridad física y la vida de personas.
Enseguida, la administración de Aguirre advierte nuevamente que “no habrá impunidad” ante las protestas del magisterio disidente, normalistas y “los vándalos que los siguen”.

Fuente Proceso