martes, 4 de junio de 2013

“Crimen de activistas es político”, denuncia pareja de líder del PRD en Guerrero



Ezequiel Flores Contreras

IGUALA, Gro. (proceso.com.mx).-  “El dolor no se calma nunca, es un daño para siempre”, dijo la regidora perredista Sofía Mendoza Barrera, quien a pesar de que desconfía del trabajo de las autoridades ministeriales, exigió el esclarecimiento del crimen de los tres activistas –entre ellos su pareja, el dirigente del PRD Arturo Hernández Cardona– quienes ayer fueron encontrados asesinados a tiros en los límites de la zona norte y la región centro de la entidad.
Mendoza Barrera reprochó la falta de solidaridad de la dirigencia estatal de su partido y los calificó de ingratos debido a que su pareja fue fundador del PRD en el estado.

También, dijo que hasta el momento ninguna autoridad estatal se ha comunicado con ella para informarle sobre algún indicio que permita esclarecer el triple crimen, que ocurrió en un contexto de confrontación entre los activistas asesinados y el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Ayer fueron localizados los cuerpos de Hernández Cardona y de Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera sobre la carretera federal que conecta a las ciudades de Chilpancingo e Iguala, en las inmediaciones del poblado Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco.
De acuerdo con los dictámenes forenses, los activistas presentaban impactos de bala en la cabeza y diferentes partes del cuerpo, además de huellas de tortura. Dos de ellos fueron ejecutados al menos dos días antes del hallazgo, según los documentos oficiales consultados.
También, en la escena del crimen dejaron el siguiente narcomensaje: “Esto me pasó por chaquetero. Vengan a recoger su basura. Atte. La Garra de Guerrero Leonor Nava. Los Rojos”.
Al respecto, Sofía Mendoza sentenció: “El crimen de los compañeros es político porque su actividad era pública y no vamos a permitir que se les pretenda involucrar con el crimen organizado”.
En entrevista, Sofía Barrera demandó que el caso sea atraído por la PGR ante la desconfianza hacia las autoridades ministeriales estatales y reprochó la falta de certeza de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ello debido a que desde que reportaron la desaparición de los ocho activistas el viernes 31 -tras una protesta realizada un día antes en Iguala para exigir obra pública y fertilizante al alcalde perredista y una audiencia con el gobernador- no hubo una respuesta oportuna de las autoridades estatales, afirmó Barrera Mendoza.
Por ello, consideró que el triple crimen se pudo evitar si las autoridades ministeriales hubieran implementado una estrategia de búsqueda adecuada, que incluyera el rastreo satelital de los teléfonos móviles de las víctimas.
Durante el transcurso del día, dirigentes perredistas y personas vinculadas con la izquierda arribaron a la sede del ayuntamiento de Iguala, donde desde ayer están velando los cuerpos de los tres activistas asesinados.
Por segundo día consecutivo se suspendieron las labores y servicios administrativos en el edificio que ayer fue destrozado por familiares y amigos de las víctimas tras enterarse que habían sido encontradas asesinadas.
El ambiente en la ciudad es de zozobra debido a que esta mañana se rumoró que había sido encontrado el cuerpo de otro activista, pero la información fue rechazada por autoridades ministeriales.
En tanto, los comerciantes del centro abrieron sus negocios con incertidumbre, pues temen que las acciones de protesta de los miembros del Frente Unidad Popular se radicalicen.
Se espera que el sepelio se realice a las 16:00 horas en esta ciudad donde el incesante sol refleja el coraje e impotencia de los familiares de los activistas ejecutados.
Al respecto, la regidora perredista Sofía Barrera señala que primero está la demanda de justicia y después los integrantes del movimiento social, denominado Frente de Unidad Popular, determinarán si se retiran del ayuntamiento o permanecen ahí como medida de presión.
En este sentido, dijo que las investigaciones ministeriales determinarán si el acalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, tiene responsabilidad en los hechos o si se le deslinda del caso.

Fuente Proceso

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