Alberto Osorio
GUADALAJARA, Jal. (apro).- Al menos 11 agentes de la policía de
Zapopan y dos de la Fiscalía General de Jalisco son acusados de mantener
nexos con el crimen organizado.
El martes, el fiscal general Luis
Carlos Nájera reconoció que se investiga a dos agentes de esa
dependencia por brindar protección a un cártel del narcotráfico al que
se le ubica como el responsable del atentado contra el periódico Mural (en abril) y de varios ataques ocurridos contra algunos antros en donde fallecieron ocho personas.
Nájera
confirmó que en días pasados se detuvo a un grupo de ocho sujetos y dos
mujeres de nacionalidad colombiana quienes reconocieron su
participación en ataques a diferentes antros de la ciudad. Se presume
que los delincuentes eran protegidos por los agentes mencionados.
Los
hombres capturados por la Fiscalía son: Miguel Ángel Anaya Sánchez, Max
González Ortiz, Christian Alan Giovanni Rodríguez Pérez, Jaime Aarón
Covarrubias, Bryan Emmanuel Nápoles Pérez, Armando Tinajero, Salvador
Anaya Sánchez y José Antonio Luna, reconocido como líder de ese grupo.
Las mujeres capturadas son Érika Castañeda Ramírez y Aura Marcela Jaramillo Acevedo, ambas de nacionalidad colombiana.
Según
las declaraciones de los detenidos, el pasado 31 de marzo atacaron el
antro Ruta 66 ubicado entre la calle 66 y Javier Mina, y otro bar
conocido como El Clásico, localizado sobre la misma avenida de Javier
Mina la calle Cairo.
El saldo fue de ocho civiles asesinados luego de esos ataques con granadas de mano y armas de grueso calibre.
Días
después, en la madrugada del 17 de abril, los delincuentes lanzaron dos
artefactos explosivos en contra de las instalaciones del diario Mural, ubicado en el cruce de Mariano Otero y López Mateos, en una agresión que sólo dejó daños materiales.
El
objetivo de todos esos ataques, según revelaron los criminales a las
autoridades estatales, “era calentar la plaza” y provocar inestabilidad
en Jalisco.
A los detenidos se les aseguraron diferentes armas de
fuego, municiones y droga que mantenían ocultas en dos fincas; una de
ellas ubicada en Jardines de Guadalupe y otra en Colinas de Santa Anita,
en Tlajomulco.
Por otra parte, en Zapopan y luego de un arraigo
que se prolongó por más de 60 días, 11 gendarmes fueron puestos a
disposición del juez Sexto Penal, acusados de brindar protección a
narcotienditas que operaban en los barrios de El Batán y Atemajac del
Valle.
La detención de esos uniformados se logró después de la
captura de Jorge Robles Salazar, un expolicía quien dijo que él se
encargaba de pagar a los agentes que colaboran con uno de los cárteles
que operan en el municipio para permitir la venta de droga y no ser
molestados en sus operaciones.
Fuente Proceso
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