MÉXICO, D.F. (apro).- Liberados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de casi tres años de prisión, la historia de los nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, es un fiel reflejo de la vigencia de los cacicazgos priistas y de la discriminación de la que son víctimas los grupos indígenas por del sistema de procuración y administración de justicia de este país.
Originarios de Atla, comunidad de la sierra norte de Puebla, José Ramón y Pascual, de 64 y 48 años, respectivamente, fueron detenidos en enero de 2010, procesados y sentenciados a seis años y 10 meses por un delito que nunca existió y contra el que no pudieron defenderse por no hablar español.
El pasado miércoles 28 la primera Sala de la SCJN resolvió otorgar el amparo liso y llano a favor de los indígenas por cuatro votos a favor y uno en contra, al considerar múltiples inconsistencia en la acusación que pesaba sobre ellos de robo de una camioneta –situación que nunca existió–, así como violaciones al debido proceso, pues no contaron con traductores.
En días anteriores la Procuraduría General de justicia de Puebla se desistió de los cargos contra el comandante Carmelo Castillo, también involucrado en el mismo caso contra don Ramón y Pascual, declarados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional.
Defendidos por abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) José Ramón y Pascual, acompañados de sus esposas, recordaron que desde 2008 que fueron elegidos por usos y costumbres como presidente auxiliar y juez menor de Atla, respectivamente, decidieron encabezar un movimiento porque el uso del agua fuera gratuito para toda la comunidad, lo que atentaba contra los intereses económicos y políticos del cacique ligado al PRI, Guillermo Hernández.
A Hernández y a la corrupción de ministerios públicos y jueces, se debe el encarcelamiento de casi tres años de los defensores del agua, sostiene la abogada del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal.
“El poder del dinero es el que permitió primero que el Ministerio Público integrara una averiguación previa y, después, de el juez emitiera sentencia; se tuvo que llegar a la SCJN que, sabemos, también está expuesta a una gran presión política, pero al final se logró la libertad de don José Ramón y Pascual, en un caso que pone en evidencia la falta de independencia de los ministerios públicos y los jueces de los estados”, dijo la abogada.
Para Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, resulta preocupante que en “un ambiente en el que se criminaliza a los defensores de derechos humanos o de derechos básicos, como lo es el agua, lo que ocurre es que las instituciones se suman a la criminalización y es como vemos que proceden demandas insostenibles o que se sentencia a defensores sin (tener) elementos” para ello.
Señaló que José Ramón y Pascual eran los últimos “presos de conciencia” que defendía AI y por quienes se entregaron más de 30 mil cartas al gobierno mexicano para su liberación.
Zapico agregó que es “inadmisible” que en México la justicia se mida según el dinero de quienes acusan o quienes pretenden ser liberados de algún delito, mientras que siguen cometiéndose fallas al debido proceso como es la falta de intérpretes en los juicios, lo que habla de discriminación. “Creo que ya no es posible que tengamos que esperar a que sea la SCJN la que corrija estas situaciones, si es que acaso los casos llegan a la Corte, porque puede haber muchísimos casos más de personas inocentes en la cárcel”, agregó.
Vecinos de José Ramón y Pascual que acudieron al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez –organización que los defendió— para participar en la primera conferencia que dieron los indígenas tras su liberación del penal de Huachinango, Puebla, cuentan que desde hace más de 30 años Guillermo Hernández detenta el control de los nueve manantiales de agua de la comunidad, basado en sus relaciones políticas con las autoridades municipales de Pahuatlán, Puebla, pero sobre todo en el poder que le da hablar español en una comunidad monolingüe, como lo es Atla.
Máximo Domínguez López, indígena que fue expulsado de Atla por órdenes de Guillermo Hernández en 1983, pero que mantiene contacto con sus paisanos, aseguró que durante años, el cacique ligado al PRI mantenía aterrada a la población que se negaba o no podía pagar las tarifas que imponía por abastecerse de agua y que llegó a imponer en 5 mil pesos.
“Si la gente no pagaba por el agua o cualquier otra obra, Guillermo metía esa persona a la cárcel en Pahuatlán, no importaba que fuera un viejecito o una mujer dejada por su marido, a todos metía a la cárcel”, recordó Domínguez López.
Dijo que en la década de los ochenta, siendo él estudiante de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), empezó a promover la rebelión en Atla, lo que molestó a Guillermo, quien al final lo expulsó del pueblo.
“La gente empezó a darse cuenta, y empezaron a juntarse con José Ramón y Pascual, y enfrentar a don Guillermo y a quienes lo apoyan, sobre todo unos de apellido Aparicio que, se dice, andan en malos pasos, con el crimen organizado; por eso está enojado Guillermo porque la gente ya empieza a darse cuenta y los apoyaron a Ramón y a Pascual como sus autoridades”, contó.
Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro Prodh, resaltó que aunque no se pidieron medidas cautelares, públicamente solicitaron a las autoridades de Puebla garantizar la seguridad de los indígenas defensores del agua, ante posibles represalias del grupo caciquil.
En tanto los defensores del agua, José Ramón y Pascual, aseguraron que después de casi tres años en la cárcel por un delito que no sólo no cometieron, sino que no existió, han perdonado a quienes los “echaron a la cárcel” y los “infamaron”.
“Durante estos años que estuvimos encarcelados, estuvimos desesperados, pensativos, preocupados por nuestras familias porque les causamos preocupación a nuestras familias, pero yo siento en mi corazón que los perdono, no quiero venganza”, aseguró don José Ramón.
Pascual se sumó: “Yo veo que no es bueno hacer una venganza, de por sí somos inocentes y no vamos a hacer eso; yo siento mucho porque sufrieron las familias; pero en mi corazón no quiero venganza y tampoco mi familia”.
Fuente Proceso
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