Se multiplicaron los delitos de alto impacto, en plena guerra antinarco

Gustavo Castillo García

El presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, pero en su gobierno se multiplicaron los delitos de alto impacto: homicidios dolosos (ejecuciones), extorsiones, secuestros y robos con violencia, indican documentos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

La administración calderonista también estuvo marcada por la desconfianza y luchas internas entre mandos de las instituciones encargadas de combatir a los grupos criminales, y por ello las agencias estadunidenses trabajaron por separado con los funcionarios mexicanos, según documentaron cables diplomáticos obtenidos por Wikileaks, los cuales fueron elaborados por Carlos Pascual y Tony Garza, embajadores de Estados Unidos en México en los últimos seis años, y que fueron difundidos por La Jornada en 2011.
Durante el sexenio se destinaron más de 180 mil millones de pesos para la operación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, y la Policía Federal aumentó de 7 mil a 38 mil elementos, además de que se crearon 14 centros de operación y una base de datos con información delincuencial.

Sin embargo, nueve de cada 10 delitos no se denunciaron por desconfianza en las autoridades, más de 60 por ciento de la población estima que hay inseguridad en el país y 30 por ciento de los habitantes reportaron haber sido víctimas de algún delito durante 2011, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012, elaborado por el Inegi.
Respecto a los asesinatos relacionados con la guerra contra el narcotráfico, con enfrentamientos entre bandas o entre autoridades y presuntos criminales, no hay estadísticas oficiales definitivas, por lo que organizaciones no gubernamentales han ofrecido sus propios recuentos, que van de 65 mil a 101 mil ejecuciones en el sexenio.
Los informes oficiales indican que más de 40 por ciento del total de homicidios dolosos corresponderían a víctimas de la guerra contra el narcotráfico o de la violencia entre bandas delictivas.
En 2007, el Inegi reportó 8 mil 867 homicidios dolosos (término jurídico en el que se incluyen las ejecuciones). En ese mismo año, la base de datos de presuntos fallecimientos por rivalidad delincuencial –elaborada por la Presidencia de la República– registró 2 mil 866 asesinatos que tendrían relación con venganzas entre grupos criminales, o muertes de marinos, soldados, policías de los tres órdenes de gobierno y de víctimas colaterales, personas que se dirigían a sus empleos, domicilios o centros comerciales cuando fueron alcanzadas por balas disparadas durante un enfrentamiento o en retenes.
En 2008, el Inegi contabilizó 14 mil homicidios dolosos, y la Presidencia 6 mil 837. En 2009, el gobierno federal informó de 9 mil 614 ejecuciones y el Inegi 19 mil 803 asesinatos en todo el país. Los registros de 2010 refieren que el gobierno contabilizó 15 mil 273 ejecuciones, y el Inegi 25 mil 757.
Para 2011 sólo existe información parcial. La PGR informó que de enero a septiembre se cometieron 12 mil 903 asesinatos, mientras el Inegi contabilizó 27 mil 199 de enero a julio.
Un estudio realizado por el SNSP en torno a la incidencia delictiva nacional refiere que el delito de homicidio doloso disminuyó durante el gobierno de Vicente Fox Quesada –2000-2006–, al pasar de una tasa de 12 a siete casos por cada 100 mil habitantes. A partir de enero de 2007 ese delito aumentó, y oficialmente la tasa más alta se registró en julio de 2011, con 17 casos por cada 100 mil habitantes.
Este año, el Sesnsp estimó una tasa de 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes y que los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sonora son las entidades con mayor número de delitos de este tipo.
En cuanto a las extorsiones, el documento del sistema de seguridad detalla que en 2000 ese delito afectaba a menos de 100 personas por cada 100 mil habitantes. Para 2006, al término del mandato de Fox, los casos se duplicaron.
A partir del primer trimestre de 2007 –ya con Calderón– las extorsiones siguieron en aumento, y de enero de 2008 a enero de 2010 6 por ciento de cada 100 mil habitantes fueron víctimas de grupos criminales.

Elementos de la 35 Zona Militar recorren la sierra de Guerrero, como parte de las tareas de combate al narcoFoto Víctor Camacho

 

De abril de 2010 a abril de 2011, las extorsiones afectaban a tres de cada 100 mil habitantes, pero desde julio del año pasado ese delito repuntó hasta llegar a cinco de cada 100 mil habitantes.
Las estadísticas en materia de secuestro refieren que en 2000 se cometían 0.04 plagios por cada 100 mil habitantes, y que a partir de enero de 2007 aumentó esa práctica delictiva, que para enero de 2010 representaba 1.10 casos por cada 100 mil habitantes, y según los registros del SNSP en 2012 ha disminuido a niveles de 0.81.

Las confrontaciones

Uno de los ejemplos de las luchas internas y la desconfianza que se vivió entre secretarios de Estado y los procuradores de la República ocurrió el 15 de diciembre de 2006, cuando Calderón autorizó la fusión de la Policía Federal con la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), con un solo mando para dirigirlas. Pero en ese proceso, sus integrantes se disputaron hasta los espacios físicos de trabajo.

Comenzaron entonces las desavenencias entre Genaro García Luna, como secretario de la SSP federal, y Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, ya que en el fondo estaba el control de la policía y el cumplimiento de mandamientos judiciales. En 2008 el Congreso echó abajo la estrategia de García Luna y la AFI regresó a la PGR. La relación entre ellos se tensó aún más.
Otro asunto que puso en evidencia los desencuentros y desconfianzas institucionales ocurrió en agosto de 2008, cuando un informante estadunidense advirtió al gobierno mexicano que el cártel de Sinaloa había infiltrado a la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y se puso en marcha la Operación Limpieza, que dio como saldo la detención de 25 funcionarios, entre ellos el subprocurador Noé Ramírez Mandujano y el jefe de Interpol en México, Rodolfo de la Guardia. Ambos continúan sujetos a proceso penal. Entonces se supo que por este caso, el Ejército Mexicano ya no compartía información de inteligencia con esa subprocuraduría.
Como parte de la Operación Limpieza, la PGR acusó penalmente a Gerardo Garay Cadena, comisionado de la Policía Federal –uno de los hombres más cercanos a García Luna– de tener nexos con el cártel de Sinaloa.
El pasado miércoles, los jueces dejaron en libertad a Garay Cadena por considerar que el Ministerio Público Federal no aportó elementos de su culpabilidad.
En septiembre de 2009, luego de la disputa con García Luna por el mando policial y de la autorización del Congreso para que la Policía Federal realizara investigaciones sin la supervisión de la PGR, Medina Mora fue cesado y en noviembre designado embajador en Gran Bretaña. Y la procuraduría tuvo dos titulares más: Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.
Pero los pleitos y recelos no acabaron. El más reciente ocurrió a raíz de los hechos del 24 de agosto, cuando elementos de la Policía Federal vestidos de civil y a bordo de vehículos particulares trataron de asesinar a dos agentes de la CIA y a un marino en la carretera México-Cuernavaca. El ataque desató acusaciones entre la PGR y la SSP federal, ya que la dependencia policial aleccionó a sus hombres para que mintieran sobre los motivos del ataque. Luego de 80 días de arraigo, 14 agentes fueron consignados por homicidio calificado en grado de tentativa y cuatro delitos más.
Otro de los sellos del área de seguridad de la administración que concluye es el apoyo incondicional que el presidente Calderón otorgó a García Luna, a pesar de los escándalos y polémicas en que se vio envuelto, como haber creado testigos a modo para inculpar a funcionarios que denunciaron actos de corrupción en la SSP federal, como ocurrió con el comandante Javier Herrera Valles, quien fue acusado de tener nexos con cárteles de las drogas y luego de tres años fue absuelto.
Asimismo, la detención de Florence Cassez (cuando García Luna era jefe de la AFI, en diciembre de 2005) y la recreación de su captura, lo que generó diferencias entre México y Francia y ensució el proceso contra la francesa, o haber autorizado el pago de 118 millones de pesos por la grabación y transmisión de la serie televisiva El Equipo.

Fuente La Jornada