MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que Enrique Peña Nieto tome el poder como presidente de la República, el próximo 1 de diciembre, tres tropiezos marcan las horas previas: el descontento de los capitalinos por el cerco militar y policíaco en las principales arterias viales que conducen al recinto de San Lázaro; la fallida operación política para que en el Senado se aprobara la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que propuso el PRI hace diez días, y la suspensión del llamado Pacto por México, negociado por las dirigencias del PRI, PAN y PRD.
Ante el desconocimiento de otras corrientes internas de lo negociado por Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, con sus homólogos del PAN, Gustavo Madero, y del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, el rimbombante Pacto Por México quedó sin firmarse antes de que iniciara el próximo sexenio.
En breve conferencia de prensa, los tres dirigentes nacionales acordaron “seguir trabajando” en la redacción de un documento final que se negoció en sigilo durante dos meses y que fue desconocido por la Comisión Política del PRD.
En el evento también estuvieron los dos coordinadores generales del equipo de transición de Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes todos los comentaristas perfilan como los futuros “supersecretarios” de Hacienda y de Gobernación, respectivamente.
Sin embargo, las nuevas funciones planeadas por Peña Nieto para ambas secretarías tendrán que concretarse después del 1 de diciembre, ya que la alianza entre el PAN, PRD y PT en el Senado de la República frenó la ratificación de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados.
El argumento central es que se requieren “controles” y contrapesos por parte del Senado para que tanto el futuro secretario de Gobernación (que absorberá a la Secretaría de Seguridad Pública) y el secretario de Hacienda (quien también incorporará las funciones de la Secretaría de la Función Pública), sean ratificados por la mayoría simple de los integrantes del Senado.
Tras 48 horas de intensas negociaciones, los senadores del PRI, PAN y PRD tuvieron que admitir que no existían condiciones para que Peña Nieto empiece su gobierno con la reforma administrativa planteada.
En otras palabras, Peña Nieto tendrá que nombrar a un titular de la SSP y a otro de la SFP, aunque sea en forma provisional, o como “encargados de despacho” de unas secretarías que aún no desaparecerán.
La oposición en la Cámara alta también ha propuesto que tanto los nombramientos del futuro comisionado general de la Policía Federal y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sean ratificados por el Senado, de la misma forma que se ratifican a los embajadores, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y al titular de la PGR.
Fuente Proceso
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