Crece a 16 el número de michoacanos desaparecidos en Colima

MÉXICO, D.F., (apro).- De las 16 desapariciones de michoacanos reportadas en los últimos tres años en esta entidad, las autoridades policiacas no han logrado resolver un solo caso, a pesar de las millonarias recompensas ofrecidas a quien o quienes ofrezcan información.
En 2010, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) recibió el reporte de ocho desapariciones de personas oriundas de Michoacán y tres años más tarde, en 2012, la lista se incrementó a 18.

Efraín Naranjo Cortés, presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), advierte que las desapariciones de ciudadanos michoacanos en la entidad se han producido en el contexto del incremento de los grupos criminales en la región, con el consecuente disparo de este tipo de delitos que vulneran de manera permanente el derecho a la seguridad y a la vida.
La aplicación de la justicia en los casos de desapariciones de personas, dice, se topa con un ambiente de impunidad entre las autoridades responsables, lo que agudiza la injusticia y provoca que los familiares de las víctimas se sientan cada vez más desprotegidas.
Según denuncias de familiares, el año pasado desaparecieron ocho michoacanos en esta entidad, sobre todo en la zona Costa-Sierra Nahua.
Las dos primeras víctimas fueron dos vendedores de huaraches residentes originarios del municipio de Sahuayo.
Posteriormente, el 2 de marzo, en la población de Callejones, municipio de Tecomán, desapareció también Juan Landín Serrano, de 42 años de edad, agricultor michoacano de Coahuayana, quien rentaba un rancho platanero en ese lugar.
Sus familiares presentaron la denuncia respectiva en la agencia del Ministerio Público de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, y acusaron a las autoridades de no hacer nada por encontrarlo.
El 9 de mayo Juan Landín Anguiano, padre del desaparecido Juan Landín Serrano, se sumó  a un plantón efectuado por habitantes de Aquila en el puente “Coahuayana” y denunció públicamente el caso.
Sin ayuda de las autoridades, familiares de Juan Landín Serrano contrataron personal y rastrearon el rancho rentado, centímetro a centímetro, encontrando sepultados sus restos, mismos que fueron identificados por la PGJE mediante exámenes de ADN.
El 1 de mayo tres jóvenes de Aquila acudieron a divertirse en las fiestas del pueblo de La Placita, Michoacán, donde convivieron con una jovencita que los invitó a ir a dar una vuelta a la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, último lugar donde se tuvo noticias de ellos.
Los padres de los jóvenes reportaron la desaparición a las procuradurías de Michoacán y Colima, pero ante la pasividad de las autoridades de todos niveles, el 9 de mayo, respaldados por los habitantes del pueblo de Aquila,  tomaron el puente Coahuayana que une a ambos estados, en demanda de ayuda para buscarlos.
Gracias a la movilización lograron que las autoridades emprendieran una búsqueda intensiva de los desaparecidos, con nulos resultados.
Posteriormente, ante el hallazgo de diversas fosas con restos humanos, la PGJE pidió muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos, pero no se han encontrado coincidencias con los cadáveres hallados en una fosa clandestina.
Los nombres de los desaparecidos son: José Manuel Campos Luna, de 24 años; Oscar Adrián Llamas García, de 18 años; Alejandro Gutiérrez Triana, de 19 años, y Ana Bailón Reinoso.
El 15 de julio desaparecieron en el municipio de Tecomán dos hermanos nativos de la localidad El Comedor,  municipio de Aquila, Michoacán.
Uno de ellos era recién egresado de la licenciatura en Psicología y vivía en Tecomán, donde trabajaba en un centro de rehabilitación, en tanto que su hermano era profesor en el Tecnológico de Coalcomán, mismo que llegó de visita con su hermano, y tras dejar encargada la camioneta al guardia, dijeron ir a Colima y desde entonces desaparecieron.
El 17 de octubre la PGJE dio a conocer que tras la detención del líder en Tecomán del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Carlos Macías Ayard, El Sky y/o La Antena, en su confesión reconoció haber privado de su libertad y asesinado en un rancho tecomense a los dos hermanos. Incluso, reveló el lugar en donde los sepultó, pero la procuraduría colimense informó a los familiares que el ADN de los restos humanos encontrados no coincidía con los consanguíneos aquilenses desaparecidos.
Los hermanos desaparecidos son Martín y Francisco Acevedo Espíndola de 24 años y 27 años, respectivamente.
En los servicios en línea de la página web de la PGJE, en el sitio de personas desaparecidas (http://serviciospgj.col.gob.mx/servicios/desaparecidos.php), se pide el apoyo para localizar a J. Guadalupe González Berber de 54 años de edad, originario de Coalcomán, mismo que según sus familiares desapareció el 9 de agosto de 2012 presumiblemente en el municipio de Villa de Álvarez, motivo por el que fue levantada el acta VDA701/2012.
Luego de tres años, la PGJE tampoco tiene pistas de los ocho michoacanos reportados como desaparecidos en 2010, seis de ellos en un solo evento.
El 25 de septiembre de 2010 desaparecieron seis jóvenes de Sahuayo y Jiquilpan, junto con un amigo de Tecomán. Lo último que se supo de ellos fue que viajaron de Sahuayo, Michoacán, a Manzanillo, a vacacionar, a bordo de una camioneta Ford Lobo, modelo 2004, cabina y media, placas de circulación MU-36454.
Los padres de los jóvenes presentaron la denuncia correspondiente a los tres días siguientes de su desaparición ante la PGJE., misma que quedó registrada bajo el expediente 692/2010 de la mesa 3°.
Según los denunciantes, los planes de los jóvenes eran pasar la noche del sábado en el puerto y retornar el domingo por la tarde a su lugar de origen (Jiquilpan y Sahuayo), ya que el lunes tenían que irse a trabajar y otros continuar con sus estudios.
Las víctimas son: Roberto García Álvarez, Sergio Hernández Campos, Arturo Martínez Sánchez, Fernando González Arzate, Jorge Eduardo Hidel Pimentel y Bryan Hernández Arredondo y José Carlos Novoa Ortiz. Este último es originario de esta entidad.
De acuerdo con el vocero de la PGJE, la investigación el caso fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).
En enero de 2012, la PGR ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por su localización, y de 5 millones de pesos por datos que lleven a detener a quienes los privaron de su libertad.
El 6 de diciembre de 2010 desaparecieron también en Manzanillo dos michoacanos originarios de Sahuayo, que habían acudido a vender huaraches que ellos mismos elaboraban, sin que a la fecha se sepa nada de ellos. Los comerciantes desaparecidos son Carlos Ayala Galván y César Octavio Tafolla Ochoa.
Antes, en 2009, fueron levantados en Manzanillo los michoacanos José Iván y Edén Arreguín Esquivel, de 24 años, y 22 años, respectivamente. Los cuerpos de los hermanos orioginarios de Apatzingán fueron encontrados el 21 de agosto del mismo año en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del kilómetro 77 de la autopista a Colima, en una brecha que lleva al mar. Ambos fueron torturados y asesinados.
Con el objetivo de conocer el estado que guardan las investigaciones de los casos anteriores, la agencia Apro solicitó desde la semana pasada al vocero de la PGJE datos al respecto, pero no hubo respuesta.
A raíz de estos casos, la organización michoacana “Hasta encontrarlos” convocó a una manifestación en la plaza Ocampo con las fotos de los desaparecidos que, a decir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, afecta a unas 87 familias de esa entidad.
En respuesta a la solicitud de información pública ST/030/2012, Guadalupe Ramos Cervantes, visitador auxiliar adscrito a la Dirección de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, dio a conocer que existen 76 quejas por desaparición forzada de personas del 1 de diciembre de 2006 a los primeros días de junio de 2012.
Las víctimas son 82 hombres y cinco mujeres.
De acuerdo con el presidente del CDHNG, Efraín Naranjo, el caso de los desaparecidos “se puede considerar incluso más grave que el de los asesinados porque no se hallan sus restos y los familiares viven en la incertidumbre, en la duda y en la pena toda la vida, y se van muriendo también ellos, lo que es diferente a las situaciones en las que se hace el examen de ADN y es posible velar, llorar y enterrar a los muertos-
Sin embargo, al que está desaparecido, dice, no se puede hacer nada de esto, ni se sabe si va a aparecer al siguiente día, dentro de varios años o nunca”.

Fuente Proceso