El rostro represor de Ardelio Vargas

Gabriela Hernández

PUEBLA, Pue. (apro).- La actuación de Ardelio Vargas Fosado como secretario de Seguridad Pública estatal se puede resumir en sus propias frases. “A mí me contrataron para aplicar la ley… ya lo saben, yo no reparto flores”, argumentó el recientemente nombrado titular del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando criticaron uno de sus operativos contra una manifestación social.
Igual de ilustrativa resulta la conversación filtrada a finales de 2011, en la que da instrucciones a uno de sus subalternos para que someta a periodistas que habían cubierto el desalojo de campesinos del municipio de Chignahuapan.
“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó; “de tontos nos van a acusar si se las devolvemos: ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo”.
Días después, el ahora director del INM reconoció haber ordenado la agresión contra los comunicadores, pero justificó que lo había hecho para cuidar “la integridad física” de su gente. “Con la pena mano, pues yo estoy operando”, argumentó.

Originario del municipio poblano de Xicotepec de Juárez, Vargas Fosado llegó al gabinete de Rafael Moreno Valle ya con fama de represor.
Organismos defensores de derechos humanos lo acusaban de haber dirigido, como comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), los operativos contra movilizaciones sociales en el municipio mexiquense de Atenco y Oaxaca.
Y desde antes de asumir como secretario de Seguridad en Puebla, advirtió: “Soy respetuoso de los movimientos sociales (…) pero cuando haya necesidad de aplicar la fuerza, sin duda se aplicará”. Bien pronto lo hizo.
El 11 de mayo de 2011, cuando se cumplían cien días del gobierno de Moreno Valle, granaderos de la SSP reprimieron a unos 200 comerciantes de autopartes de la calle 46 Poniente, quienes intentaron ingresar al edificio de la Secretaría de Finanzas (SF) para demandar que se instalara una mesa de negociaciones.
Ese día, los policías estatales convirtieron la zona en un caos al lanzar gases lacrimógenos sin tomar en cuenta que, a esa hora, decenas de madres de familia acudían a recoger a sus hijos a una primaria ubicada en las cercanías.
Niños y mujeres vivieron momentos de terror y sufrieron los estragos por las emisiones de gas que lanzaron sin control los uniformados.
Una situación similar se repitió el 26 de junio de 2011, cuando en pleno domingo los granaderos a cargo de Vargas Fosado convirtieron en un campo de batalla el mercado de Jorge Murad Macluf, mejor conocido como La Fayuca, donde pretendían decomisar discos y películas pirata.
En esa ocasión unas 30 personas resultaron heridas al enfrentarse a golpes con los granaderos y, otra vez, decenas de personas que acudían ese domingo al mercado sufrieron crisis nerviosas y resultaron afectadas por los gases.
El 4 de octubre de ese primer año de gobierno del panista Moreno Valle, la actuación de Vargas Fosado desató nuevamente acusaciones por parte de agrupaciones civiles.
Esa vez, granaderos repelieron a personas defraudadas por cajas de ahorro que realizaban una protesta y bloqueaban una calle frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, para reclamar al gobernador una solución a sus problemas.
En el operativo detuvieron a cuatro inconformes.
El 10 de octubre de 2011, líderes de 35 organizaciones civiles realizaron una marcha y entregaron un escrito al Congreso en el que exhortaban al gobernador Moreno Valle a poner fin al régimen represor contra movilizaciones sociales instaurado por su administración.
Represión en Chignahuapan
Una de las represiones más graves que se atribuyen al ahora extitular de la SSP de Puebla ocurrió el 23 de agosto de 2011 cuando, sin contar con un mandato judicial, elementos a su cargo desalojaron con violencia a unas 500 personas que estaban en posesión de un predio ubicado en la exHacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan.
Mientras las familias campesinas reclamaban unas 400 hectáreas de esa exhacienda argumentando decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1934 y 10 de septiembre de 1981, Vargas Fosado montó un operativo policial contra quienes demandan derechos sobre las propiedades de Lorenzo y Saúl Rivera, considerados caciques de la región.
Ese día, 31 personas, en su mayoría mujeres y hombres de la tercera edad, fueron detenidos y decenas resultaron heridos, al menos cuatro de gravedad, por el uso de toletes, petardos y balas de goma.
Artemisa León Moreno, de 70 años, mostró a la prensa, desde la cama de un hospital, la profunda herida que le produjo un petardo lanzado por los granaderos. “Nos disparaban directo, nomás escuchábamos pasar las balas”, afirmó la mujer.
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las familias campesinas demostraron que además los granaderos destruyeron 57 autos y camionetas que tenían los ocupantes en el lugar.
“A todos les rompieron las llantas, quitaron estéreos, acumuladores, rompieron vidrios de parabrisas, cortaron asientos, los destrozaron totalmente”, relató uno de los dirigentes del movimiento.
Según declaraciones de los ejidatarios, los policías llegaron alrededor de las 6:30 horas para exigirles que abandonaran el predio, pero cuando los campesinos exigieron a los uniformados que mostraran la orden judicial, éstos aclararon que la instrucción que traían era “sólo verbal”.
Pese a que los ocupantes se replegaron en tierras del ejido San Antonio Matlahuacan para evitar la violencia, pues había ancianos, mujeres y niños, y mostraron la documentación en la que basaban su reclamo del predio, los policías trataron de detener a quienes identificaron como líderes del movimiento, lo que desató el enfrentamiento campal.
De acuerdo con la averiguación previa 91/2011, los policías empezaron a destruir y saquear las casas de madera y lámina de cartón que los ocupantes habían levantado en el lugar.
En el operativo participaron en un principio unos 300 policías, pero horas después fueron reforzados por otros tantos elementos y por dos helicópteros, des de los que se persiguió a los ejidatarios.
En diciembre de 2011, el periódico Intolerancia dio a conocer la conversación que sostuvo Vargas Fosado ese día con dos de sus subalternos y en la que da instrucciones para que despojaran a reporteros de las imágenes que habían grabado de la represión.
“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras hasta allá y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó.
En lugar de presentarlos ante el MP de Chignahuapan, los 31 detenidos fueron trasladados hasta Puebla sin recibir atención médica y sin que alguna autoridad informara sobre los cargos en contra de los inconformes.
Días después, la prensa local dio a conocer que los cargos contra los campesinos eran “pandillerismo”, “resistencia de particulares”, “lesiones dolosas” y “daño doloso en propiedad”.
Principalmente se les acusaba de haber golpeado a policías y causado daños a patrullas por 177 mil pesos, razón por la que se les impuso una fianza de 280 mil pesos a cada uno.
Entre los cargos no se incluía imputación por despojo, mientras que en el proceso judicial que se les siguió no se mencionó denuncia alguna por la invasión del predio, ni orden de juez que hubiese sustentado el operativo.
El 9 de noviembre de 2011, los 31 campesinos fueron liberados al reducirse la fianza a 12 mil pesos para cada uno.
En enero del año pasado, la CEDH emitió una recomendación contra Vargas Fosado al quedar confirmado que este violento desalojo se llevó a cabo sin orden judicial.
Luego de ello, Vargas Fosado todavía trató de justificar su actuación:
“Si yo permito que esto se vaya relajando y que los grupos empiecen a vulnerar la propiedad, los bienes, el tránsito de la sociedad… vamos a llevar a Puebla a un caos. Yo sí quiero hacer conciencia de que hay que mantener el estado de derecho”.
Intimidación en la Sierra Norte
Otro caso que marcó la actuación de Vargas Fosado en la SSP de Puebla fue la presunta represión contra al menos 200 habitantes del municipio Francisco Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte, que participaban en una protesta contra Petróleos Mexicanos (Pemex), el 4 de septiembre de 2012.
Ese día, molestos porque la paraestatal no había cumplido con el compromiso de reparar los caminos de esa comunidad que está en el trayecto hacia los pozos del proyecto Chicotepec, un grupo de habitantes decidió bloquear la carretera 101.
Según la denuncia que los inconformes hicieron ante los medios, cuando realizaban la protesta se presentó ante ellos un personaje que se identificó como hermano de Vargas Fosado, con el fin de amenazarlos para que retiraran el bloqueo o enviaría a policías a desalojarlos.
Los lugareños acusaron que, pese a que la manifestación era pacífica y a que en ella participaban niños, momentos después se presentó un grupo de policías estatales que, en lugar de portar equipo antimotines, llevaba armas de grueso calibre que usaron para apuntarles y amedrentarlos.
Después de una trifulca para disolver el bloqueo de la calle, los granaderos detuvieron entre patadas y golpes a 26 de los manifestantes, quienes estuvieron “desaparecidos” por casi 20 horas.
Según denunciaron, en lugar de ser turnados ante el MP, los detenidos fueron golpeados y llevados a un lugar desconocido, donde los mantuvieron incomunicados.
De nueva cuenta, el entonces funcionario estatal volvió a defender su actuación: “Ellos se quejan de una situación irregular, cuando son ellos quienes inician la irregularidad; nosotros no les pedimos que fueran allí y se manifestaran; bloquearon el tránsito; a mí me gustaría que se escuchara también eso”.
Después del nombramiento de Vargas Fosado como director del INM, el Nodo de Derechos Humanos-Puebla AC advirtió que con esa determinación el gobierno de Enrique Peña Nieto enviaba el mensaje claro de que la institución pasaría a ser una instancia policial más.
“Al de por sí cuestionado INM llega un personaje que mientras se dedicaba a golpear movimientos, bajo las órdenes de gobernador poblano, permitía el avance y el asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla. Ardelio Vargas llega al gobierno de Peña Nieto para perseguir y reprimir a los migrantes por el grave delito de viajar sin papeles, porque si algo ha quedado claro en todos estos años es que Vargas Fosado la única forma de acción que conoce y disfruta es la violencia”, expuso la ONG.

Fuente Proceso