García Luna, en la mira del FBI

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde junio la Sección de Fraudes y División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al menos a 17 empresas que le vendieron patrullas y equipos de seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) cuando la encabezaba Genaro García Luna, y que presuntamente habrían cometido en México los delitos de fraude o lavado de dinero.
La investigación se deriva de la denuncia presentada en Estados Unidos por José Luis Moya, experto en temas de corrupción y transparencia, y quien ha sido asesor de algunos legisladores panistas.

Las indagatorias también implican a Manuel Mondragón y Kalb –encargado de la seguridad pública federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto– en su carácter de extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), cargo que desempeñó hasta el 29 de noviembre de 2012.
García Luna y Mondragón –y otros funcionarios y exfuncionarios de seguridad pública de los gobiernos federal y capitalino– podrían verse implicados en esa investigación por su participación en las compras de patrullas y otros equipos que se hicieron con sobreprecios.
Moya ha seguido la pista de ambos funcionarios y en entrevista con Proceso explica el origen de la denuncia: “Un día me avisaron que Genaro García Luna estaba metiendo patrullas Chrysler a una bodega por la carretera México-Pachuca. Fui, tomé fotografías de las patrullas y al investigar me encuentro con que antes de que se hicieran las bases para la licitación ya estaba recibiendo las unidades. Presenté la denuncia ante la contraloría de la PFP, pero nunca hizo nada”.
Señala que además, en noviembre de 2011, con recursos del Plan Mérida, García Luna adquirió tres helicópteros Black Hawk –valuados por pieza en 20 millones de dólares– en 45 millones de dólares cada uno. La Secretaría de Marina adquirió otros tres en 28 millones de dólares cada uno.
Ante sus fracasados intentos por exigir justicia en México, hace seis meses Moya presentó su denuncia en Estados Unidos ante la Unidad de Fraude del FBI en términos de la Ley Anticorrupción de ese país.
Los agentes del FBI le pidieron copias de los contratos de compra-venta y él entregó decenas de expedientes con miles de facturas que obtuvo a través de portales de Transparencia federal y locales gracias a la Ley de Acceso a la Información. Les dijo que sospechaba que funcionarios mexicanos y empresas estadunidenses habían lavado dinero.
Cuenta Moya: “Uno de los agentes me dijo: ‘A ver, vamos a pensar que encontré a una persona que aceptó pagarme un sobreprecio por mi carro’. Le dije: ‘Bien. Sólo que en este caso la Ley Anticorrupción de Estados Unidos prohíbe a las agencias ganar más de 10% del valor del vehículo’. La agencia es el vendedor oficial del corporativo y en el momento en que vendió con sobreprecio violó el contrato entre la agencia y el corporativo.
“Cuando en el corporativo de Chrysler se enteraron de que interpuse la denuncia y de que se iniciaron las investigaciones, enviaron a su filial de México y a las agencias involucradas a un auditor para investigar la compra de las patrullas. Desde hace seis meses está aquí. Me preguntaba: ‘¿Cuando van otras empresas a las licitaciones, no se quejan?’ Le dije que sí y le mostré las inconformidades de varias.
“Le expliqué: ‘Mira, por ejemplo, si ganó Chrysler Automundo la licitación de mil vehículos de 1 millón de pesos cada uno, para el pago la SSP le hace una transferencia electrónica por 500 millones de pesos, luego de otros 500 y ya. Pero el sobreprecio lo recibe la agencia y ésta tiene que hacer operaciones de lavado de dinero para repartir la mordida a los funcionarios, cuando oficialmente la utilidad tiene que quedar en los accionistas del corporativo de Chrysler’.
“En este punto los agentes del FBI me explicaron que si la investigación arroja que el dinero fue reportado a los accionistas de Chrysler, se constata que hubo un sobreprecio y se podrá sancionar como tal, pero no hay operación de lavado de dinero ni fraude ni cohecho. Sin embargo las agencias sólo reportaron a las plantas el precio de flotilla. Ni siquiera el precio comercial de la factura, cuando en México las facturas que otorgaron a las dependencias señalan el sobreprecio. Este es el punto”, acota.
Entre las empresas que Moya denunció ante el FBI están Nissan, Yamaha, Ford, General Motors, AMESA, Whelen, EADS, Digital Ally, todas las cuales son o han sido proveedoras de los gobiernos federal o capitalino:
“Lo que hacen es llamar a la empresa, solicitan la información y revisan el costo del vehículo en la planta y el pedimento de importación. Ahí detectan el sobreprecio. El FBI determina el daño y fija una multa. El siguiente paso es localizar el dinero. En este punto generalmente la empresa regresa al FBI y pide un ‘descuento’. El FBI acepta a cambio de que informe cómo hizo la operación de lavado de dinero y a quiénes lo entregaron”, asegura.

La SSPDF

En 2008 Manuel Mondragón llegó a la SSPDF. En 2010 y con el argumento de que “sale más barato rentar que comprar”, con el contrato SSP/BE/ARR/574 arrendó mil patrullas a 1 millón 23 mil pesos cada una, para lo que contrató con Inbursa un préstamo de mil 230 millones de pesos.
El diputado capitalino Carlos Alberto Flores, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, solicitó al Servicio de Administración Tributaria que iniciara una investigación y una auditoría por lavado de dinero en este caso.
Según la investigación del legislador, por la compra de una patrulla en la delegación Miguel Hidalgo –cuando la encabezaba Demetrio Sodi– se pagaron 320 mil pesos, lo que significa que adquirir mil costaría 320 millones, casi 900 millones menos que lo pagado por la dependencia encabezada por Mondragón sólo por el arrendamiento.
Incluso si la adquisición hubiera sido como la que tuvo lugar en la delegación Iztapalapa, con Clara Brugada al frente, que pagó un sobreprecio por la misma unidad, el costo también hubiera sido menor: esa demarcación cubrió a Roberto Campa, de Grupo Automotriz Campa, 420 mil pesos por la misma patrulla, por lo que mil hubieran costado 420 millones.
Además Mondragón rentó mil motocicletas en 216 mil pesos cada una. Es decir, 216 millones por las mil, pese a que si se hubieran comprado incluso en India –donde se fabrican– habrían costado 15 mil 950 pesos cada una. En México, con el distribuidor directo, su precio era de 33 mil pesos.
Mondragón compró también 12 ambulancias General Motors en 1 millón 320 mil pesos cada una. Joel Ortega (anterior jefe de la policía capitalina) las había adquirido de la marca Mercedes Benz en 620 mil pesos: “Dobló el precio”, señala Moya.

Historia antigua

Las irregularidades en las adquisiciones de la SSPDF no son nuevas. En 2000 Vicente Fox designó a Alejandro Gertz Manero –quien se había desempeñado como jefe de la policía capitalina en la administración de Rosario Robles– titular de la SSP federal.
Entonces se descubrió que cuando trabajaba para el Gobierno del Distrito Federal Gertz había comprado “con sobreprecio” dos mil 60 patrullas Malibú a General Motors de México.
El monto de esta compra –estipulado en la licitación pública 30001066-080– fue de 452 millones 446 mil 242 pesos, pero el costo se incrementó en 29 millones 751 mil 746 pesos por el pago de un año de mantenimiento preventivo, aunque este concepto ya estaba incluido en el precio inicial.
Otra irregularidad fue que las patrullas se entregaron sin radios; éstos debieron adquirirse adicionalmente, lo que ocasionó un sobreprecio de 300%.
La Contraloría Interna de la SSPDF y la Auditoría Superior de la Federación investigaron por separado a Gertz y a su entonces oficial mayor, Genaro Pérez Rocha. La Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR integró el expediente 231/DDF/2004, aunque la indagatoria no prosperó.

Fuente Proceso