El conflicto, hasta donde decidan Peña y Aguirre: magisterio de Guerrero

José Gil Olmos y Ezequiel Flores

A cuatro meses de haber asumido la presidencia, Enrique Peña Nieto ya enfrenta en Guerrero un movimiento popular bien articulado que rechaza de plano las reformas constitucionales que él presume en el extranjero. Dirigentes magisteriales advierten que la crisis social, comparada por un legislador priista con “un coctel molotov”, llegará hasta donde lo decidan el presidente y el cuestionado gobernador Ángel Aguirre. Lo evidente es que ambos están valiéndose de un solo recurso: la represión.
CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- Integrado por maestros, sindicalistas, padres de familia, organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios, el naciente Movimiento Popular Guerrerense ya se enfrentó tres días seguidos con la Policía Federal (PF) y le advirtió al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que si no resuelve la crisis social pronto habrá levantamientos armados en el estado, que tiene amplios antecedentes de actividad guerrillera.

Desde hace cuatro meses miles de maestros se encuentran en un plantón indefinido en esta capital, en rechazo a la reforma educativa del gobierno peñista que aprobó el Congreso de la Unión. El magisterio disidente ha realizado marchas y bloqueos a la carretera federal demandando que se tome en cuenta su propuesta de reforma educativa, que incluye la creación de un instituto estatal de evaluación, respeto a sus derechos laborales, gratuidad de la educación y que se evalúe a los docentes de acuerdo con los estándares del estado y de cada región.
El rechazo a esta iniciativa magisterial por del congreso local de mayoría perredista, así como la represión de sus protestas por la PF, provocaron que los maestros disidentes replantearan su organización y formaran el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
A éste se sumó la Policía Comunitaria, que el lunes 8 realizó una acción histórica cuando sus integrantes ingresaron armados a Chilpancingo para rescatar a uno de sus comandantes, sin que soldados ni policías estatales o federales pudieran detenerlos.
El MPG se constituyó el miércoles 10 con padres de familia, el Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomo –que agrupa más de 12 sindicatos, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Guerrero–, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, estudiantes normalistas y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fundada desde 1995 en La Montaña y Costa Chica del estado.
Hasta ahora ningún movimiento social había incluido a un grupo de policía para su seguridad. “Somos pueblo y defendemos al pueblo”, sostiene en entrevista Eliseo Villar Flores, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
La inserción de la Policía Comunitaria al MPG se concretó cuando la dirigencia magisterial fue a visitar sus pueblos y les pidieron a sus habitantes y sus organizaciones que defendieran la propuesta de reforma que ellos impulsaron; el gobierno de Aguirre Rivero la presentó al Congreso local, donde fue rechazada el martes 2 por considerar que se contrapone a la reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión.
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Gonzalo Juárez Ocampo, señaló que ellos proponen un tipo de evaluación que sirva para detectar los problemas de competencia, que sea acorde con las condiciones sociales y económicas del estado e incluya el derecho a un trabajo digno. Asimismo, plantea que se otorguen plazas de base a los normalistas, que los ascensos se apliquen mediante un escalafón y se tomen en cuenta los usos y costumbres de 10 mil maestros indígenas.
Esta iniciativa fue rechazada por el Congreso estatal. El presidente de la mesa coordinadora, el diputado perredista Bernardo Ortega, argumentó que no se puede ir en contra de la reforma federal aprobada por el mismo Congreso el miércoles 3.
El 11 de abril los maestros disidentes volvieron a presentar su iniciativa al Poder Legislativo, para lo cual se instaló una mesa de negociación a la que asistieron sólo diputados del PRD. A partir de ese día la CETEG y la Policía Comunitaria realizaron marchas, cierre de centros comerciales, manifestaciones y bloqueos a las carreteras de Chilpancingo como medidas de presión para que se discutan sus propuestas.

Indignación comunitaria

El profesor Minervino Morán, vocero de la CETEG, dice que tras el rechazo del Congreso local a la iniciativa de los maestros, la semana pasada éstos enviaron una comisión a La Montaña y a la Costa Chica, donde visitaron a las organizaciones de la CRAC y también a la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo.
“Les dijimos a los miembros de la CRAC que estábamos en un momento difícil, decisivo e histórico, que era necesario defender la educación pública. Les enseñamos el decreto que le propusimos al Congreso y les dijimos que la defensa de la educación pública no era sólo de los maestros sino de todos. Luego se dio la represión del viernes 5, con el desalojo en la Autopista del Sol, y eso movió a la CRAC a incorporarse a la lucha. Ahora estamos en hacer un frente común”.
Para entonces las autoridades federal y estatal ya tenían un problema con la CRAC. El viernes 5 el Ejército detuvo al profesor Nahum Santos Bartolo, segundo comandante de la Policía Comunitaria de Troncón, municipio de Tixtla de Guerrero, por portación de arma prohibida. Esto provocó que el lunes 8 llegaran a Chilpancingo 15 agentes comunitarios armados para rescatar a Santos.
Ante este hecho y la marcha del miércoles 10, en la que participaron más de 30 mil maestros, padres de familia, sindicalistas y normalistas, el gobernador Aguirre Rivero respondió con una declaración pública: “No voy a admitir ningún tipo de presiones o amenazas. Estoy de acuerdo en privilegiar el diálogo, pero tampoco nos van a poner de rodillas, mucho menos nos van a someter actitudes amenazantes”.
El mandatario manifestó sorpresa por la decisión de la policía comunitaria de sumarse al MPG y por el ultimátum de aceptar el diálogo si no quería afrontar protestas más violentas y hasta el desconocimiento a su gobierno.
Eliseo Villar, comandante de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, sostiene en entrevista: “Se tiene que apoyar al magisterio, así se decidió en una reunión de todos los comisarios. De hecho la participación de la policía comunitaria es totalmente por acuerdo de las comunidades y de las autoridades, así que detrás de cada policía está toda la comunidad”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1902 de la revista Proceso, ya en circulación.

Fuente Proceso