Guerrero: más pólvora, Bomba de mecha corta, Geografía de la miseria

Carlos Fernández-Vega

Es tal el reguero de pólvora en Guerrero que una minúscula chispa puede provocar el estallido. En el explosivo coctel estatal se mezclan olvido social, histórica cuan creciente pobreza y miseria, brutal concentración del ingreso y la riqueza, gobierno ausente, Congreso inexistente, partidos ocupados en el reparto del pastel político-financiero, corrupción a galope, narcotráfico, guerrilla y lo que se acumule en la semana.

Guerrero sobresale en la geografía nacional de la miseria, pero como es más fácil echar el polvo bajo la alfombra, las voces oficiales y las oficiosas limitan el problema a que un grupo de vándalos trae asolada a la entidad. Pues bien, de acuerdo con información del Coneval (2010; obvio es que los datos de 2012 son peores), 67.4 por ciento de los guerrerenses (alrededor de 2.3 millones de personas; de ellas, alrededor de la mitad en la miseria) sobrevive en condiciones de pobreza, y apenas 7.4 por ciento (250 mil) no son considerados pobres ni vulnerables.

Como en otras entidades de la República, Guerrero es una bomba social de mecha cada día más corta, y es previsible el estallido, por mucho que la casta político-empresarial que controla el país pretenda convencer a propios y extraños que se trata de un simple conflicto magisterial, cuando es obvio que el quid es el hambre y la marginación. Dicen los voceros oficiales y oficiosos que la solución está en el despliegue de la fuerza pública, cuando en realidad la solución está en el despliegue de recursos económicos para atender las históricas carencias de los guerrerenses.
El estado ocupa el segundo lugar nacional en pobreza y miseria. Sólo Chiapas está por arriba y Oaxaca en el tercer escalón. Históricamente, estas tres entidades han peleado el ingrato primer lugar en depauperación. Si con un poco de inteligencia y sentido social (algo por demás impensable) el gobierno (federal, estatal y municipal) hubiera actuado a tiempo y atendido los problemas y las urgencias de la entidad, a estas alturas lo más probable es que la paz social fuera real. Lamentablemente no ha sido así, y la mecha es prácticamente inexistente.
Acapulco, la joya del estado, es el municipio guerrerense más rico. Hoteles modernos, playas hermosas, turismo a tope y una derrama económica abundante y permanente. ¿Cuál es la realidad? El 52 por ciento de la población (datos de 2010) sobrevive en pobreza, y el 35 por ciento es vulnerable por sus carencias sociales y de ingreso. Sólo 13 por ciento no es pobre ni vulnerable. Y eso que es la joya.
El 95 por ciento de los habitantes del municipio de Metlatónoc sobrevive en pobreza y la miseria, y sólo 0.1 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable. No tienen acceso a la seguridad social ni a los servicios básicos en la vivienda. Esos son los datos de 2010, pero son los mismos que el Banco Mundial registró en 2004, e idénticos a los muchos informes anteriores, en los que se gasta muchísimo más que en combatir la depauperación en la entidad.
Chilpancingo es el municipio que alberga a la capital guerrerense. Algunos dicen que es una ciudad maravillosa, porque sólo 51 por ciento de su población sobrevive en situación de pobreza, aunque 53 por ciento reporta un ingreso inferior a la línea de bienestar y 66 por ciento no tiene acceso a la seguridad social. Sólo 15 por ciento no es pobre ni vulnerable.

Al recorrer la geografía guerrerense del hambre (y sucede lo mismo en cada uno de los estados de la República) poco a poco se arma la bomba social de mecha cada día más corta y toma cuerpo el por qué el reguero de pólvora en la entidad: Alcozauca y Atlixtac registran, cada uno, a 93 por ciento de su población en pobreza y miseria; Ahuacuotzingo, Copalillo y Xochistlahuaca, 91 por ciento; Copanatoyac y Zitala, 90 por ciento.
No queda allí: Ayutla de los Libres y Coahuayutla de José María Izazaga, 88 por ciento; Alpoyeca y Atlamajalcingo del Monte, 85; Ajuchitlán del Progreso y Atenango del Río, 83; Azoyú, 76; Apaxtla, 75; Coyuca de Benítez y Coyuca de Catalán, 74; Atoyac de Álvarez, 72; Benito Juárez, 66; Arcelia, 61 por ciento, y así por el estilo a lo largo y ancho de los 81 municipios que dan cuerpo al estado de Guerrero.
En este espeluznante contexto de miseria, sólo dos municipios guerrerenses pueden darse el lujo de presumir que tienen los menores indicadores de pobreza en el estado: Chilpancingo y Acapulco, con 51 y 52 por ciento de su población en situación de pobreza, y eso que son los centros político y turístico, respectivamente, del estado. A los demás, ni agua.
Entonces, el grupo de vándalos guerrerenses en realidad son millones de habitantes que sobreviven en la miseria, y que nadie les echa un lazo para contrarrestar las terribles condiciones que día a día tiene que sortear como puedan, si es que pueden. ¿Dónde está el gobierno (federal, estatal y municipales) que sólo apunta a los problemas salariales del magisterio como causa de conflicto y estallido? ¿Dónde los recursos que, por miles de millones, presumen en programas como Oportunidades y conexos? ¿Dónde los legisladores, los partidos políticos y los organismos cúpula del sector privado, que cotidianamente se quejan de que les cargan la mano?
Obvio es que con discursos ningún problema se resolverá, pero el gobierno (federal, estatal y municipal) se aferra a encontrar rutas de salida por vía de la retórica, mientras los problemas reales se incrementan, y Guerrero sólo es un ejemplo. Sin soluciones reales, lo único que logrará la casta político-empresarial será acortar la de por sí ya breve mecha.
Vándalos y problemas magisteriales, sí; existen, se hacen presentes y nadie los mete al orden, pero la gran bomba es el atraso, la miseria y el abandono en el que se tiene a los guerrerenses, como al resto de los mexicanos. Si no atienden, ya, los problemas y las urgencias sociales, entonces no se sorprendan ni se quejen del estallido, que está más cantado que nada.

Las rebanadas del pastel

A los legisladores les ha dado no por combatir las violaciones a la Constitución, sino por legalizarlas. Tal como hicieron con la reforma laboral” que legalizó el outsourcing, ahora los inquilinos de San Lázaro modifican la ley para que las playas mexicanas sean propiedad de extranjeros, una práctica igual de vieja que de simulada por medio de fideicomisos. Pero en lugar de evitar actos ilegales, simplemente los legalizan. Vamos mejorando.

Fuente La Jornada