Marzo: 1,025 ejecutados en Mexico

La jornada violenta de ayer dejó 14 ejecutados en cuatro entidades, con lo que en marzo hubo mil 25 homicidios relacionados al crimen organizado, lo que ubica a este mes como el más violento de diciembre a la fecha.
De acuerdo con el conteo de MILENIO, por primera vez se superó la cifra de mil ultimados en este mismo periodo, pues en los tres meses anteriores el número había permanecido estable: 982 en diciembre y 956 tanto en enero como en febrero. Así, hasta ahora son ya 3 mil 919 las víctimas mortales vinculadas al combate antinarco.
El promedio diario de homicidios violentos en marzo fue de 33, cifra que solo es superada por la obtenida un mes antes, cuando se ubicó en 34, debido principalmente al menor número de días que tiene febrero.

Chihuahua se mantuvo al frente de la lista de ejecuciones con 186, 25 más de las que ocurrieron en febrero; en este estado han sido cometidos 16.4 por ciento de los asesinatos vinculados a la delincuencia organizada en estos cuatro meses.
La fecha más violenta en esa entidad sucedió el 12 de marzo, cuando las autoridades reportaron 21 ultimados en siete hechos diferentes.
El segundo lugar lo tuvo Sinaloa con 108 casos, que es la cifra más alta para la entidad en cuatro meses, en los que ha tenido 351 asesinatos violentos, un promedio mensual de 87.
Sin embargo, el repunte más preocupante ocurrió en el Estado de México, donde las ejecuciones aumentaron 59 por ciento, al pasar de 54 en febrero a 86 en marzo.
En el mes que recién concluye en esta entidad fueron reportados desde decapitados, como sucedió el día 2, la quema de un bar con bombas molotov (el 18) y hasta patrullajes militares en localidades como Santa María Chiconautla, que iniciaron el 16 luego de que se desatara una psicosis entre la población por presuntos secuestros de menores.
Con todo, enero permanece como el mes con más ultimados en el Estado de México, cuando fueron contabilizados 104.
Jalisco ocupó la cuarta posición con 78 asesinatos violentos, 21 casos menos respecto a febrero. Sin embargo, cabe hacer notar que el promedio de víctimas mortales en estos cuatro meses es de 82, 28 más que la media mensual registrada en 2012, cuando fueron 54.
En Guerrero hubo 68 ultimados, 19 menos que un mes anterior.
Las entidades donde no se registraron ejecuciones fueron Yucatán y Baja California Sur.
Respecto al tipo de víctimas, las mujeres fueron el grupo más vulnerable, pues 70 murieron por crímenes relacionados con el narcotráfico, además de 23 menores de edad y tres funcionarios públicos.
Los cuerpos de seguridad de todos los niveles sufrieron la baja de 29 elementos: 15 municipales, siete federales, cuatro militares y tres agentes estatales.
Sinaloa fue el estado más peligroso para las corporaciones, ya que en ese lugar cayeron siete policías municipales; en Chihuahua fueron asesinados cuatro y en Michoacán, Coahuila y Jalisco tres en cada uno.
Ayer, en Sinaloa las autoridades informaron que entre la noche del sábado y el domingo hallaron en distintos puntos del estado cinco cadáveres, tres de los cuales se encontraban en avanzado estado de putrefacción.
En Acapulco, pese a un amplio operativo de seguridad hubo cuatro ultimados; en Chihuahua fueron tres, dos de ellos murieron acribillados en Ciudad Juárez.
Finalmente, en Tijuana en menos de tres horas fueron reportados dos homicidios violentos.
URGE ASEGURAR FONDO A VÍCTIMAS
El senador panista Jorge Luis Preciado insistió en que aún quedan modificaciones por hacer a la Ley General de Víctimas en la discusión que habrá en los próximos días en la Cámara de Diputados.
Aseguró que debe quedar muy clara la responsabilidad de que las 32 entidades formen un fondo económico para prestar verdadera atención a las víctimas.
Añadió que esa situación se puede subsanar si se adiciona el artículo 140 bis, el cual otorgará una garantía a las víctimas al solicitar la reparación del daño, ya que “de nada sirve tener comisiones estatales si no tienen un fondo para que se pueda cubrir con recursos económicos las solicitudes”.
Dijo que se debe tomar en cuenta que nueve de cada diez delitos que se cometen en el país son del fuero común. Por ello, consideró muy bueno que los gobernadores se involucren en la atención a las víctimas; sin embargo, tienen que hacerlo también con un fondo económico.

Fuente La Policiaca