MÉXICO, D.F., (apro).- Con el aval de las principales fuerzas políticas del país, el presidente Enrique Peña Nieto firmó este lunes el decreto de promulgación de la ley de amparo.
En el Salón de Recepciones del Palacio Nacional, ante representantes de los poderes Judicial y Legislativo, el mexiquense destacó el “ánimo renovador” y de colaboración de las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la ley.
“La adecuación de nuestro marco jurídico sigue su marcha. Con nuevas y mejores leyes, juntos, estamos moviendo al país (…) Seguiremos avanzando y buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México en una auténtica sociedad de derechos”, sostuvo.
La ley, afirmó, genera los mayores avances legislativos de los últimos años, pues “el juicio de amparo es el principal instrumento que las personas tienen para protegerse de las acciones de la autoridad”, y es también una muestra más de que “México se está transformando para contar con más y mejores instituciones que permitan consolidar el Estado constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos”.
Las modificaciones a los artículos 103 y 107 constitucionales, abundó, son un mérito de todos los mexicanos para consolidar las instituciones.
Afirmó que al colocar al ciudadano y sus derechos como causa y fin, se da un avance trascendental que después de 172 años revitaliza el instrumento de amparo.
No obstante, advirtió que la sola promulgación de la ley no garantiza su éxito. Ahora, dijo, corresponde a todas las autoridades del país trabajar en su correcta aplicación.
En la ceremonia estuvieron presentes los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, y del Senado, Ernesto Cordero, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Meza quien indicó que la nueva ley se dio gracias a la “actitud republicana” que asumieron los poderes de la nación.
La Ley de Amparo –aprobada en marzo pasado, luego de más de dos años de discusión en el Congreso de la Unión– permitirá a los ciudadanos interponer el recurso en caso de violaciones a sus derechos y garantías contenidos en la Carta Magna y los instrumentos internacionales.
La normativa es una de las pocas leyes en promulgarse en tan corto tiempo, es decir, a sólo 12 días de que los legisladores aprobaron la norma y la turnaron al Ejecutivo.
Fuente Proceso
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