viernes, 10 de mayo de 2013

Resistencia en el Istmo de Tehuantepec Frenan proyecto

 
 
Rosa Rojas

El anuncio del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, de que Mareña Renovables –(MR) sociedad de inversión con capitales de Holanda, Japón, Australia, México y España– ya no va a construir el parque eólico San Dionisio en la barra de Santa Teresa y reubicará 270 aerogeneradores en otra parte del istmo de Tehuantepec, es un primer triunfo, importante, pero “es apenas un round de quién sabe cuántos”, es algo que hay que ver con cautela; además se tiene que hacer por escrito tanto por la propia empresa como por el gobierno.
Así lo plantearon, en entrevistas vía telefónica por separado, Isaúl Celaya, de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM); Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; Mariano López Gómez, de la Asamblea del Pueblo Juchiteco, y Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.

Beas afirmó que el anuncio de Zorrilla fue hecho tras el retraso en la ejecución de obras debido a las protestas y por la suspensión de plano otorgada por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, en respuesta a la demanda de amparo de la comunidad de San Dionisio del Mar.
Con matices, los entrevistados subrayaron que subsiste el problema de fondo en los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos, ya que no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre cualquier cosa que se quiera hacer en sus territorios, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y ese sería el caso también de la supuesta reubicación del proyecto de MR.
La ocupación del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo que el bloqueo en la agencia municipal de Álvaro Obregón en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio hecho por Zorrilla y se oficialice por escrito. Asimismo continúa el plantón a la salida de Juchitán hacia playa Vicente contra la construcción del parque eólico de Gas Natural Fenosa, indicaron los entrevistados.
De la misma forma se mantiene la decisión de las comunidades de no permitir la realización de elecciones para alcaldes y diputados locales el 7 de julio y elegir por usos y costumbres al presidente municipal en San Dionisio y al agente municipal en Álvaro Obregón.
Zorrilla, según el diario digital e-oaxaca.com, en declaraciones a medios locales informó la noche del miércoles que el gobierno de Oaxaca y la Federación convinieron con MR el retiro de sus aerogeneradores de la zona de la barra de Santa Teresa para destensar el conflicto por la construcción de su parque eólico valuado en poco más de mil millones de dólares, luego de los problemas causados por instalación de aerogeneradores en una presunta zona sagrada.
El funcionario subrayó que las empresas eólicas tienen 100 mil hectáreas de espacio para operar, y sólo han trabajado sobre 12 mil, por lo que hay mucha tierra ofertable fuera de la zona en conflicto.
Beas comentó que el retiro de MR de la barra de Santa Teresa es un triunfo de la heroica resistencia de un año de los pueblos del Istmo; en particular de nuestros hermanos de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, y es resultado también, sin lugar a dudas, de la intensa solidaridad de los pueblos istmeños y del apoyo de muchas organizaciones y pueblos dentro y fuera del país.
Celaya precisó que en la APSDM no vamos a dejar en ningún momento cabos sueltos; por eso tanto el amparo (contra dicho proyecto) como la demanda de anulación del contrato de 2004 de usufructo de las tierras con Preneal vendido a Mareña, ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec, siguen su proceso hasta las últimas y lo del pedido al BID de cancelar el financiamiento a la empresa lo vamos a analizar con los abogados para ver cómo lo vamos a aterrizar.
Bettina Cruz comentó que el problema de fondo es la violación a los derechos indígenas, que no hay consulta previa e informada. Las empresas no dicen que en Unión Hidalgo sale azul el agua de los pozos pegados al parque eólico de Eurus, que los aerogeneradores están chorreando aceite; no les dicen que sólo la empresa puede cancelar el contrato, ni que sus tierras que rentan a las empresas van a quedar hipotecadas y ya no van a poder conseguir crédito para cultivarlas si no es con permiso de la empresa; a ver si después de eso la gente acepta, enfatizó.
Beas mencionó que el martes 7 quedó claro el clima de violencia que se vive en la región, cuando fueron amenazadas dos integrantes de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, una de ellas Laurie Leandri, quienes acudieron a San Dionisio del Mar, donde se entrevistaron con miembros de la asamblea, luego fueron a Unión Hidalgo y después, mientras hablaban con otros dos defensores, un hombre se acercó a su chofer y le dijo que ya sabían de sus visitas y les exigió que se fueran porque ya habían visto con quienes estaban.
Lo anterior hizo que cancelaran esa entrevista y la visita que iban a hacer a Álvaro Obregón y a la barra de Santa Teresa. Eso evidencia el hostigamiento que viven las comunidades y la falta de protección para defensores de derechos humanos, aseguró.

Fuente La Jornada

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