Liberan a otro militar implicado en la “Operación Limpieza”

MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta el gobierno del expresidente Felipe Calderón fue puesto en evidencia con la liberación del mayor Arturo González Rodríguez, acusado de proporcionar información al cártel de los Beltrán Leyva dentro de la “Operación Limpieza”.
Después de cuatro años y medio de reclusión, el juez primero de Distrito en el Penal de “El Rincón”, en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, absolvió y ordenó la libertad del militar al estimar que la acusación de colaborar con la organización criminal provenía de testigos protegidos “mentirosos y mendaces”.
Al igual que González Rodríguez, el abogado Juan Manuel Ramírez Cabañas –ambos acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento– recibió anoche la sentencia absolutoria del juez federal. Los dos dejaron el penal esta madrugada.

Con base en el fallo de la causa penal 38/2009, el juzgador consideró que no podía considerar culpables a los inculpados con base en los dichos de testigos protegidos “mendaces y mentirosos” como Jennifer y María Fernanda, artífices de la “Operación Limpieza”.
En su sentencia, el impartidor de justicia estableció que María Fernanda ni siquiera conocía al Mayor González.
Los testigos protegidos acusaron al militar de proporcionar a los Beltrán Leyva y a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, información de las Secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa, sobre los movimientos del entonces presidente Felipe Calderón.
Los narcotraficantes habrían empleado esta información para “evitar encontrarse” con el personal de seguridad del expresidente, y a cambio supuestamente pagaron al mayor 320 mil dólares.
Los testigos colaboradores también acusaron a González de reclutar militares para el cártel de los Beltrán, capacitar a sus grupos de escoltas a través de una empresa de seguridad privada de su propiedad y abastecerlos de armas.
Particularmente lo inculparon de vender en 20 mil dólares a los delincuentes una metralleta MP5 y tres ametralladoras G3, que supuestamente entregó en un restaurante McDonald´s ubicado en Plaza Satélite.
Al abogado Ramírez Cabañas lo imputaron de regentear “tienditas” y pagar sobornos a servidores públicos federales a cambio de información de utilidad para los Beltrán Leyva.
Al final, el juez consideró que ninguna de las acusaciones fue probada, y en el caso de Jennifer se trata de declaraciones que fueron rendidas en el extranjero ante una autoridad que era incompetente y sin abogado, razón por la que tampoco tenían validez.
González fue capturado el 23 de diciembre de 2008 en Chiapas, con base en una orden de localización y presentación librada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), derivado de una denuncia anónima que lo involucraba con el narcotráfico.
A cinco años de haber sido lanzada la “Operación Limpieza”, de un total de 13 funcionarios que fueron encarcelados por su supuesta protección al narcotráfico, 10 ya fueron absueltos y liberados por falta de pruebas, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SEIDO (antes SIEDO), y Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía Federal, los principales acusados.
Dos días después de que Ramírez Mandujano fue absuelto por los tribunales de las acusaciones que el gobierno de Calderón presentó en su contra en 2008, ocurrió la liberación del general Ángeles Dauahare, que en mayo de 2012 fue acusado, junto con Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio de dinero.
En su edición 1891, la revista Proceso dio a conocer que el caso del general Dauahare, quien dejó la cárcel el pasado 17 de abril, se le empezó a derrumbar al gobierno calderonista horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez.
De acuerdo con la nota firmada por Jorge Carrasco, a la PGR de Jesús Murillo Karam le iba resultar difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Y así fue.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la dependencia respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no estaban corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR sólo favoreció al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilitó también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la SIEDO, hoy SEIDO. Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.

Fuente Proceso