Tamaulipas: el crimen organizado, el gran elector

El crimen organizado marcó la pauta en las campañas políticas en esta entidad. Con amenazas, obligó a candidatos a replegarse y hasta se dio el lujo de imponer a sus futuros gobernantes en algunas plazas, como en el municipio de San Fernando, donde cerró el paso al PAN. Aquí, los cárteles de Los Zetas y del Golfo y no lo votantes, se convirtieron en los grandes electores.
CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- Alrededor de las 11:00 horas del pasado 6 de mayo, Francisco Elizondo Salazar, candidato a diputado por el PAN, se desplazaba en un vehículo sobre la carretera que va de Matamoros a Ciudad Victoria.

A la altura del municipio de San Fernando, donde fueron hallados los cadáveres de 73 migrantes –en su mayoría centroamericanos– con el tiro de gracia y atados de manos y pies en agosto de 2010, el candidato fue interceptado por un grupo de aproximadamente 20 hombres armados que circulaban en dos camionetas.
Luego de obligarlo a bajar de la unidad en la que viajaba, Elizondo Salazar fue privado de su libertad y llevado a un domicilio localizado en San Fernando.
Después de permanecer ocho horas cautivo, el candidato panista fue liberado por sus captores, pero antes de ello le lanzaron una advertencia: “Aquí no va a ganar el PAN” y “ya sabes lo que te va a pasar (si eso ocurre)”.
Además de Elizondo Salazar, todos los aspirantes panistas que compiten en los municipios de la Frontera Chica también fueron amenazados, denunció en su momento el senador Francisco García Cabeza de Vaca.
Pero los candidatos de Acción Nacional no son los únicos que han enfrentado el acoso de la delincuencia organizada, algunos del PRI también han recibido amenazas de integrantes de las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas: Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Muchos de los precandidatos del Revolucionario Institucional que sufrieron ataques y amenazas durante el primer trimestre del año se vieron obligados a renunciar. Los que quedaron fueron palomeados por el crimen organizado, convertido ya en el gran elector en Tamaulipas, donde este domingo 7 se renovarán 36 diputaciones y 43 ayuntamientos.
En Nuevo Laredo el proceso electoral quedó empañado desde marzo pasado, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en una reunión que se celebraba en la sede del Consejo Electoral Distrital Número 2 y secuestró a Ramiro Garay Medina, consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Hasta le fecha se desconoce el paradero de Garay Medina y también del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Roberto Alejandro Balmori Garza –desaparecido desde febrero–, cuyos hermanos, uno de ellos fiscal de la Procuraduría General de la República, fueron ejecutados días después y sus cuerpos localizados en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.
De acuerdo con Everardo Quiroz Torres, candidato del PRD a la alcaldía de Nuevo Laredo, en los últimos 12 años “creció demasiado la violencia y la inseguridad. La ciudadanía no fue atendida y la gente de dinero emigró a Estados Unidos. Los comercios cerraron y se golpeó a la economía formal”.
El año pasado, asegura, cerraron 700 comercios y la vida nocturna se acabó, además de que cientos de ciudadanos con poder económico cruzaron la frontera y ahora viven en Texas.
La inseguridad en esta ciudad ha llegado a tal extremo que decenas de adolescentes y jóvenes, dice, fueron sacados de las escuelas por el temor de sus familias a que fueran secuestrados.
En entrevista, Quiroz Torres asegura que la posición estratégica de Nuevo Laredo ha sido desaprovechada para impulsar su desarrollo. “La gente no tiene trabajo. El origen de la violencia y todos los males que tenemos en esta sociedad son la marginación, la falta de oportunidades y las injusticias”.
Añade:
“Queremos que regrese la paz a Nuevo Laredo, pero eso se logra con desarrollo y no con soldados y balas. (Queremos) Recuperar el tejido social que se ha perdido, pero eso se tiene que hacer con progreso”.
Como precandidato del PAN a la alcaldía del municipio rural de Llera, Héctor Torres Valenzuela, El Sapo, también sufrió el acoso de Los Zetas, quienes incendiaron su rancho. Su familia tuvo que huir del pueblo.
Torres Valenzuela pidió el apoyo de su partido, pero éste se lo negó. Finalmente renunció al PAN y se unió al Movimiento Ciudadano, que lo convirtió en su abanderado a la alcaldía de Llera.
Desde el año pasado, los habitantes de ese municipio denunciaron el acoso de Los Zetas, pero fueron desoídos por los gobiernos federal y estatal y optaron por las redes sociales para manifestar su indignación y el miedo que provoca entre los pobladores la absoluta impunidad con que actúa el capo local apodado El Rokolas, a quien atribuyen el asesinato de decenas de familias, la quema de viviendas y el robo de todo tipo de propiedades y vehículos.
Ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los habitantes de Llera denunciaron que Los Zetas “mantienen al menos un narco campamento” en la región para entrenar a sus integrantes en el manejo de armas. De nueva cuenta fueron desoídos, pese a que la IV Región Militar confirmó en un reporte los crímenes perpetrados por Los Zetas en la zona.
De acuerdo con el informe oficial, en lo que va del año se han localizado cinco “narcofosas” en Lleras-Xicotencal, una de ellas con más de 80 cadáveres, sin embargo el gobierno de Tamaulipas sólo reportó los primeros seis, hallados al inicio de las excavaciones.
La violencia que azota a Tamaulipas se profundizó desde los primeros días de 2013. Según las estadísticas oficiales, en los primeros cinco meses se registraron 43% más asesinatos y 45% más secuestros que en el mismo periodo del año pasado.
El pasado 14 de mayo, Armando Torres III, un veterano de la Marina de Estados Unidos, fue plagiado por un comando en un rancho de su propiedad, junto con su padre Armando Torres II y su tío Salvador Torres.
Las autoridades estadunidenses demandaron la ayuda de las autoridades y la ciudadanía mexicanas para localizar a los desaparecidos.
Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas cuenta con la mayor incidencia de secuestros en toda la República Mexicana.
El número de casos entre enero y marzo de 2012 ascendió a 24, cifra que se duplicó en el mismo periodo de 2013, al pasar a 42 casos. Esta última cifra representa 11% del total de secuestros que se perpetraron en el país.
Entre las ciudades mexicanas, Tampico ocupa el tercer lugar con el mayor número de plagios.
En las últimas semanas los constantes enfrentamientos entre cárteles rivales provocaron la suspensión de actos proselitistas en esta capital, pero también en ciudades fronterizas y otras regiones del estado.
Antes del cierre de campañas, al menos dos candidatos tuvieron que salir huyendo de mítines y eventos de campaña en medio de disparos de arma de fuego. Y en otros casos hombres armados se dieron a la tarea de vigilar “discretamente” las actividades de los políticos que compiten por las alcaldías.
En el caso de Acción Nacional, ante las constantes agresiones contra sus candidatos, el Comité Directivo Estatal exigió a las autoridades estatales y federales garantías para el proceso electoral.
Como primera condición pidió al gobierno de Egidio Torre Cantú que investigue y castigue a los culpables del secuestro del candidato Francisco Elizondo Salazar. Asimismo, demandó al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informar sobre “los planes, convenios, estrategias y acuerdos que en materia de seguridad que desarrolla dicha Secretaría”.
Por último, pidió que los gobiernos estatal y federal garanticen la seguridad e integridad de todos los candidatos a puestos de elección popular.
Estado fallido
Para Raúl Benitez Manaut, investigador en el área de seguridad y crimen organizado del Centro de Investigación de América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta entidad opera en ciertos rubros bajo la premisa de “Estado fallido”.
El 25 de noviembre de 2008, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe en el que detalló que algunas regiones de México podrían caer en la categoría de “Estado fallido”, ya que el gobierno central había perdido el control de esos territorios a manos de los cárteles de la droga, entre ellos la frontera tamaulipeca.
Además, el investigador de la UNAM precisa que la justicia y la cuestión policiaca están en crisis en Tamaulipas. “Es la parte que opera como un Estado fracasado”, agregó.
De acuerdo con Benítez, entidades federativas como Michoacán y Tamaulipas requieren una estrategia particular por parte del Estado mexicano.
“La nueva estrategia del presidente Enrique Peña Nieto contra la violencia conlleva cambios de fondo, como la reforma a la Secretaría de Gobernación, pero necesita tiempo para que comience a rendir resultados”, dice.
En Tamaulipas, subrayó, se requiere una estrategia especial, con una intervención muy intensa, sobre todo en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Según Benítez la seguridad está tan descompuesta que es iluso pensar que puede existir democracia en un Estado dominado por el crimen organizado.
Y remata:
“En este ambiente es claro que hay candidatos que tienen relación con los cárteles, e incluso están financiado por ellos.

Fuente Proceso