Zacatecas: comicios en medio de la narcoguerra

Verónica Espinosa

Las recientes ejecuciones en Zacatecas encendieron con anticipación los focos rojos en la entidad, territorio que, a costa de sangre y fuego, el Cártel del Golfo busca arrebatar a Los Zetas. Así, los ciudadanos se alistan para renovar los ayuntamientos y el Congreso local en medio del temor, su decepción de un gobierno priista que no les devolvió la tranquilidad como había ofrecido y la polarización política que ya ha desatado sus propios pleitos.
ZACATECAS, ZAC. (apro).- La tarde del viernes 21 de junio, el expresidente municipal de Saín Alto, José Ramírez Román, se encontraba reunido en su domicilio con el equipo de campaña de su cuñado Martín Arturo Zamora, candidato del PRI a la alcaldía, cuando un comando irrumpió en el inmueble y, luego de sacarlo violentamente, lo asesinó a las puertas de la casa.

Los sicarios obligaron a las 15 personas que se encontraban en la reunión de trabajo a que se tiraran al piso; enseguida, les arrebataron computadoras personales, carteras y relojes y, después de ejecutar al exalcalde, se dieron a la fuga en la camioneta de su víctima.
Cuatro días después del crimen, el martes 25 de junio, el procurador Arturo Nahle García aseguró en entrevista radiofónica que “ya estaba resuelto” el homicidio de Ramírez Román.
El titular de la PGJE señaló que la Policía Ministerial (PM) tenía detenidos y confesos a dos autores materiales del crimen y se estaba ubicando a un tercer implicado. “El móvil del homicidio –sostuvo el procurador– fue el robo”.
Pero el informe de la PGJE no fue compartido por Juan Carlos Lozano Martínez, dirigente estatal del PRI, quien en entrevista asegura que la ejecución del exalcalde tuvo motivaciones políticas.
“En Saín Alto falleció un gran amigo mío y compañero personal: Pepe Román… estaba en una reunión en su casa, una reunión de campaña de su cuñado José Arturo Zamora, que es nuestro candidato a la presidencia municipal… (este homicidio) es de un contexto político, más que otro tipo de evento”, acusó.
El domingo 7, los zacatecanos buscarán dejar a un lado su miedo a la violencia –desatada por la pugna entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes se disputan a fuego y sangre la plaza– para elegir a 30 diputados y renovar las autoridades en 58 ayuntamientos.
No obstante, para Gerardo Espinoza Solís, dirigente estatal del PRD, desde hace tres años, cuando el PRI recuperó la gubernatura, “vemos que hay un asunto oscuro tras el poder.
“Cuando ganaron la elección hace tres años, algo pasó cuando alguien quedó inconforme y se vino una escalada de violencia en el estado. Solamente digo lo que veo, al igual que la mayoría de los zacatecanos: en el estado desde hace tres años se desató una escalada de violencia que el gobierno no ha querido ni ha podido acabar”.
Y lo peor, asegura Espinoza Solís, es que en la recta final de este proceso electoral hay indicios de que la violencia se agravará en los próximos días.
“Consideramos que estamos nada más a unos días de que esto se desate. Este gran problema que se ha querido tapar, que es la violencia, la inseguridad y la pobreza, puede tener un trágico desenlace para el proceso electoral. Ya hay muertos en Zacatecas, ya hay sangre en las elecciones, y la autoridad electoral no dice nada”.
Por separado, Arturo López de Lara, dirigente estatal del PAN, partido que en la entidad formalizó su alianza con el PRD, afirma que la violencia en las campañas electorales “es un riesgo latente, lo acabamos de ver con el homicidio del exalcalde de Saín Alto”.
En el PAN se tienen reportes de la presencia de comandos en los municipios de Jiménez del Teúl y Chalchihuites –limítrofes con Durango–, que han amedrentado a la población en general y a los equipos de campaña de partidos opositores al PRI.
El “voto del miedo” en Zacatecas, sostiene el dirigente del PAN, está presente en varias zonas de la entidad, en una situación comparable a la de Michoacán en la pasada elección de gobernador, “donde en varios municipios el crimen organizado fue un factor fundamental y comandos armados presionaron y obligaron a la población a votar por el PRI, ¡y está documentado de principio a fin!, aunque aquí ojalá el día de los comicios no se llegue a esos excesos”.
Y prácticamente ningún partido se ha salvado de los incidentes perpetrados por los grupos delincuenciales.
En la última semana de abril, el diputado local con licencia Benjamín Medrano Quesada, candidato a la alcaldía de Fresnillo por el PRI, se encontraba en una reunión con su equipo de trabajo en la casa de campaña y gestión ubicada en la calle Lázaro Cárdenas del centro de esta última ciudad (bastión del PT), cuando un grupo de hombres que portaban armas largas arribó al lugar y sometió a todos los presentes.
El grupo era mensajero de amenazas de muerte para el abanderado tricolor y los miembros de su equipo: “O abandonan la campaña o les va a pesar”, advirtieron los gatilleros para luego retirarse del lugar.
Desde entonces, el candidato del PRI es escoltado, día y noche, por una veintena de policías ministeriales y estatales, la mayoría de ellos vestidos de civil.
El “voto del enojo”
Un integrante del gabinete estatal –que pidió reservar su identidad– dijo:
“Todo mundo ha hecho sus encuestas, todo mundo se vende como el favorito para ganar, pero nadie ha medido el voto del enojo… hay mucha gente que se siente agraviada, siente que Miguel Alonso Reyes, a tres años de gobierno, no cumplió”.
Si la gente sale a expresar ese disgusto en las urnas, advirtió, “entonces sí, el PRI en Zacatecas se llevará muchas sorpresas”.
Además de sus escándalos por presunto enriquecimiento ilícito y de los severos cuestionamientos por la incapacidad de su gobierno para contener y revertir la violencia y la inseguridad, al priista Miguel Alonso Reyes no se le reconoce algún logro.
Reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los que la reportera tuvo acceso, reflejan el encarnizamiento con que el Cártel del Golfo y Los Zetas disputan este territorio, a sus anchas: en los primeros seis meses del año han muerto al menos 280 personas.
Las víctimas han sido ejecutadas, quemadas o mutiladas, lo mismo en enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado que en las refriegas entre éstos y las corporaciones federales y estatales.
La cifra oficial del gobierno del estado sobre los caídos en la guerra del narco en Zacatecas es muy inferior a la que registran la propia Sedena y la Marina Armada de México, que en este tipo de reportes dan cuenta de los cadáveres que son “recuperados” por comandos que operan fugazmente como un “servicio de limpieza” antes de que acuda al lugar de las ejecuciones el personal de la Policía Ministerial y los peritos forenses.
A unos días de la elección, mientras en Fresnillo se desencadenan verdaderas matanzas y en todo el territorio estatal partidos, candidatos y militantes se azuzan unos a otros en su propio lenguaje de violencia política, el gobernador Alonso Reyes guarda total silencio, y muchos de sus colaboradores optan por dedicarse de lleno a trabajar en las campañas del PRI.
Esta ausencia del gobernador es un vacío que se suma al que buscan crear los propios grupos del crimen organizado y del narcotráfico, con el escenario electoral encima, afirma el doctor Rubén Ibarra Reyes, director del Postgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
“Nadie del gobierno del estado ha salido a pedir mesura, mientras candidatos están azuzando a sus propios equipos a ser violentos. Ha habido enfrentamientos verbales, físicos y se rumora que también armados”, dice en entrevista.
El investigador apunta varios “focos rojos” en esta combinación de violencia y elecciones para el próximo 7 de julio, con Fresnillo a la cabeza.
“Fresnillo lo va a ser, ya lo es desde ahorita; si la violencia no tiene que ver con el asunto electoral, tiene que ver con el dominio de un poder y las elecciones importan. La capital lo va a ser; Guadalupe; Villa de Coss serán municipios muy difíciles. Y después de éstos, los del norte: Río Grande y Sombrerete”.
Estos focos rojos tienen mucho que ver con el tema de la violencia, “pero no sólo de los grupos organizados, sino de los militantes de los partidos políticos. Esta barrida que está haciendo un cártel con el otro ha agitado aún más el avispero, y lo que vemos ahora son delincuentes menores haciendo de las suyas en términos violentos, eso calienta el ambiente social”.
Si a ello se suma que en municipios como Fresnillo hay una sociedad muy polarizada, “las campañas y declaraciones de los candidatos encienden la mecha para un posible conflicto social y postelectoral”, alerta.
El investigador prevé un fuerte voto de castigo contra el gobierno priista de Miguel Alonso Reyes, y otro voto: el del miedo.
“El zacatecano no va a votar por desencanto. La promesa más importante del gobierno actual (de Miguel Alonso) fue acabar con la violencia, terminar con el narcotráfico y, al no verse atendida esta necesidad social, el ciudadano se va a abstener de votar”, dice.
En este escenario tan revuelto, “hay candidatos que públicamente lo han dicho (que son amenazados); otros muchos lo dicen en sus mítines, en sus casas de campaña, a sus colaboradores más cercanos”.
Este voto del miedo, traducido en abstencionismo, puede beneficiar al PRI en ciudades como la capital, donde quiere mantener la alcaldía, pero ir en su contra en Fresnillo, donde lucha por arrebatar el gobierno al Partido del Trabajo… o a los Monreal Ávila, mejor dicho.
“En los estados del centro-norte del país es claro el desplazamiento de un grupo criminal por otro, pues aquí se nota el desplazamiento del Cártel del Golfo por Los Zetas. Los grupos del narcotráfico están buscando la forma de generar un vacío de poder del Estado, y lo consiguen mediante esta violencia”, reflexiona.
Aunque todavía no existen pruebas contundentes que permitan afirmar que hay candidatos financiados por el narco, precisa Ibarra Reyes, “sí existe la terrible posibilidad de que se generen compromisos de los posibles gobernantes para que la delincuencia organizada pueda operar. Si el país está fragmentado en municipios, entonces se pueden hacer este tipo de compromisos. Michoacán es el ejemplo más claro, pero en Zacatecas está latente esa posibilidad”, remata.

Fuente Proceso