sábado, 3 de agosto de 2013

En Chihuahua, familias enteras pulverizadas



Verónica Espinosa y Patricia Mayorga

Cuando el crimen organizado se apoderó de Saucillo, Chihuahua, los hermanos Ponce alzaron la voz para quejarse e interponer denuncias ante unas autoridades que al final nada hicieron. Eso selló su destino. A partir de entonces fueron sometidos a una serie de agresiones, amenazas… y asesinatos. Tuvieron que abandonar sus propiedades y escapar de su tierra para conservar la vida. Ésta es una de las miles de familias mexicanas a las que el Estado les ha fallado en la materia más elemental: la seguridad.

SAUCILLO, Chih. (Proceso).- Prósperos ganaderos, abarroteros, empresarios… los nueve hijos e hijas de Jacob Ponce Armendáriz supieron trabajar el legado de su padre e hicieron crecer negocios, familias y propiedades al tiempo que daban empleo a los habitantes de esta localidad y de la vecina Delicias.
Pero hace cuatro meses casi todos los miembros de este clan tuvieron que huir del estado a toda prisa, prácticamente con lo que traían puesto. Abandonaron casas, negocios, ranchos, empleados; dejaron a sus hijos sin escuela.
Una guerra sin cuartel se había desatado contra ellos. En los últimos tres años fueron víctimas de secuestros y homicidios (mataron a uno de los hermanos y a dos de los miembros más jóvenes de la familia). Sus propiedades –ahora lejos de su vigilancia– han sido saqueadas e incendiadas. Los ataques alcanzaron incluso a algunos de sus empleados, quienes han sido asesinados.
A los Ponce Ríos los persigue la delincuencia organizada que se asentó en esa región del centro de Chihuahua hace más de 20 años, pero que cobró fuerza el sexenio pasado.
Su decisión de denunciar, de acudir a todas las instancias estatales y federales, su empeño de buscar justicia luego de los primeros ataques en su contra se ha topado con la sordera –si no es que complicidad con las mafias– de las autoridades, las cuales incluso han pretendido hacer ver a los Ponce Ríos como delincuentes implicados en el trasiego de drogas.
La alternativa que les presentó el gobierno de Chihuahua –por conducto de la Fiscalía General (FG)– fue ofrecerles el traslado a otro estado amparados en nuevas identidades. No aceptaron “por desconfianza”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1918, ya en circulación)

Fuente Proceso

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