Las muertas ocultas en el clóset de Peña Nieto

Nada raro es que al arrancar el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se generalice la estrategia de comunicación social que se aplicó en el Estado de México a lo largo de su gestión como gobernador para ocultar, con fines eminentemente electorales, el grave deterioro de la seguridad pública y el incremento de prácticamente todos los delitos, incluyendo los homicidios y, en particular, los feminicidios, con el propósito de que no afectara las ambiciones políticas del ahora titular del Ejecutivo Federal. Ahora, la finalidad es proyectar una gestión federal que se ocupa correctamente del principal problema nacional, la inseguridad, y que aborda con rigor y eficiencia el segundo, la precaria situación económica de la sociedad mexicana.


A nadie debe extrañar que las noticias en medios de comunicación nacional relativas al número de ejecutados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, desechos en ácido y desenterrados en narcofosas, tengan un decremento importante, no porque estos hechos dejen de suscitarse o por que se haya acertado en la aplicación de una nueva estrategia contra el crimen organizado, sino por la serie de acuerdos de carácter comercial con los propietarios de dichos medios para que éstos delitos con características propias del narcotráfico y la “guerra” decretada en el sexenio anterior para combatirlos, simple y sencillamente dejen de aparecer o lo hagan de una manera más discreta, como información complementaria y no principal de las noticias del día a día.

Esta metodología le dio resultado al mexiquense en el pasado inmediato, cuando fue evidente el apoyo de los grupos fácticos de comunicación que no sólo respaldaron su candidatura sino que la impulsaron y la hicieron suya hasta lograr el triunfo electoral del pasado 1 de julio, aún con las irregularidades que se cometieron y que fueron rechazadas por las autoridades electorales para declarar válidas y legitimas las votaciones. El trabajo realizado en materia de comunicación social no fue poco, de hecho fue arduo y complicado, pero certero, porque logró ocultar la grave y compleja inseguridad que sembró y dejó Peña Nieto a lo largo de su gestión en su entidad, que está catalogada entre los primeros cinco estados con mayor incidencia de delitos a nivel nacional,  antes de convertirse en candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Desde los primeros meses del año pasado, publicaciones internacionales como la inglesa The Economist destacaban ya el hecho de que tanto Enrique Peña Nieto, como su adversario en ese momento, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, maquillaban las cifras sobre la inseguridad tanto en el Estado de México como en la capital de la República Mexicana, para afianzar sus posibilidades de convertirse en candidatos presidenciales. En Mayo de 2011, el semanario británico resaltó que en el caso de la entidad mexiquense la tasa de homicidios había bajado inexplicablemente 59%, pero lo que en realidad sucedió es que miles de muertos habían sido clasificados “erróneamente”. En el Distrito Federal se dio un caso similar, pues se argumentó que los homicidios iban a la baja pero sólo porque en otros lugares de la República la situación se había deteriorado más rápido. No obstante, las cifras revelaban que del 2006, cuando Ebrard asumió la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, al 2010 los homicidios habían aumentado 25%. Además, 9 de cada 10 delitos no se denunciaban tanto en el DF como en el Edomex.

La administración de Peña Nieto en el Estado de México logró ocultar a la opinión pública nacional el incremento de delitos como el robo de vehículos, asalto a transeúnte, robo con violencia,  secuestro y narcotráfico, aunque las lesionas dolosas, violación y homicidios dolosos tuvieron una disminución, según las cifras oficiales difundidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Especial atención se puso en el ocultamiento de que la entidad gobernada por Peña Nieto ocupaba el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, lo que revelaba una estructura de justicia que no respondió al reto, a pesar de que la violencia hacia las mujeres era un tema que alarmaba ante el elevado número de casos.

A pesar de que los feminicidios en Ciudad Juárez es un caso más conocido por sus repercusiones internacionales, el número de mujeres mexiquenses asesinadas es muy superior, lo que en 2011 llevó a varias organizaciones sociales a presentar una solicitud de alerta de género en el territorio mexiquense por esta causa, pero ésta fue rechazada en la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres, toda vez que las representantes de los gobiernos priístas apoyaron el argumento del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mexiquense de que se trataba de una estrategia para afectar la imagen de Enrique Peña Nieto, con miras a las elecciones de 2012. Lo anterior no obstante que organizaciones como el Observatorio Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres denunciaron al menos 922 homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010, lo que colocó a la entidad con una incidencia superior al caso de Ciudad Juárez, donde desde la década de los noventa hasta 2010 el número es menor a la mitad de los ocurridos en tierras mexiquenses.

Lo peor del asunto es que la gran mayoría de dichos feminicidios está impune, pues las autoridades desconocen quien es el homicida en el 56.72 por ciento de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), de acuerdo a los datos oficiales y a las denuncias de familiares de víctimas y activistas, quienes destacan que la violencia de género en la entidad no se reduce al feminicidio, pues están también las desapariciones de jovencitas que van en aumento. Así, mientras registraban más de 500 feminicidios impunes, el número de desapariciones de mujeres jóvenes los superaba y era estimado en más de 600 niñas y jóvenes de entre 10 y 20 años en municipios del Estado de México. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, en esa entidad mil tres mujeres fueron asesinadas de 2005 a 2011, feminicidios que se concentraron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

A pesar de la gravedad de los feminicidios en el Estado de México, el problema no se reduce a esta entidad, pues en muchas otros estados es común encontrar cuerpos femeninos vejados, ultrajados, abandonados a su suerte, sin que muchas veces cuenten ni siquiera con una sepultura digna. La gravedad llega al grado de que en el país no se cuenta con cifras certeras sobre los feminicidios que se cometen ni sobre las mujeres que desaparecen sin dejar rastro.

Fuente Revista EMET