lunes, 28 de enero de 2013

Dragon Mart y la apertura comercial indiscriminada

 
 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) alertó ayer sobre la posibilidad de que el proyecto Dragon Mart en Cancún no se encuentre dirigido al mercado mexicano, sino que sea, en realidad, un antecedente para triangular el comercio internacional, a fin de crear un acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y usar a nuestro país como trampolín hacia la nación vecina, aprovechando la posición de México como integrante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En ese caso, sostiene el organismo, estamos en la antesala de una pérdida de capacidades productivas y creación de comercio.

Frente a semejante perspectiva, el CEESP pidió una investigación gubernamental urgente, a fin de desechar la posibilidad de que el proyectado centro de acopio, exhibición y distribución de la industria china en nuestro país sea una fachada de prácticas desleales de importación, pues no podemos ponerle la mesa del libre comercio regional a una economía que no practica nuestros mismos principios sobre la base de una competencia real. En el mismo documento, el CEESP afirma, sin embargo, que el libre comercio, como generador de crecimiento, progreso material y bienestar de las naciones, es un postulado no sujeto a mayor cuestionamiento.
Por lo que puede verse, el organismo de la iniciativa privada olvida que los cuestionamientos mayores al modelo de libertinaje comercial impuesto por el neoliberalismo en la mayor parte de los países –cuestionamientos que sí existen y que se han expresado masivamente en buen número de naciones– vienen señalando desde hace por lo menos tres lustros los desastres sociales y los peligros económicos que entraña la aplicación indiscriminada y acrítica de tal postulado: la competencia comercial real es imposible entre economías y sociedades tan dispares y asimétricas como las de Estados Unidos y México. Por eso, a mediados de los años 90 del siglo pasado la industria nacional resultó prácticamente aniquilada por la incapacidad de competir con los productos extranjeros; otro tanto ha venido ocurriendo con la producción agrícola y los servicios financieros, y el país padece ya los efectos negativos en el sector comercial de la apertura a rajatabla iniciada por el gobierno de Carlos Salinas y continuada por los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Además de una perceptible bonanza para ciertos sectores minoritarios, esos fenómenos han dado lugar a un drama social extendido y profundo: devastación del agro, crecimiento desmesurado de la marginalidad en las ciudades y un incremento exasperante de las desigualdades sociales. Tales consecuencias del libre comercio –entendido como se aplicó en México, es decir, como entrega de los mercados internos a cambio de nada– ha sido, junto con otros lineamientos del programa neoliberal, uno de los factores que permiten explicar el auge explosivo de la delincuencia y la inseguridad.
Por lo demás, con el telón de fondo de una economía globalizada, ha resultado inevitable que la apertura comercial hacia Estados Unidos y Canadá haya sido acompañada de una invasión del mercado mexicano por productos asiáticos y un consiguiente debilitamiento adicional de los productores nacionales.
Los riesgos del establecimiento del Dragon Mart en Cancún, aludidos por el CEESP en su más reciente boletín, son sin duda reales, y es de lamentar que el organismo no mencione los peligros que ese proyecto entraña para otros ámbitos, además del comercial, como el ecológico y el social. De la misma forma, resulta desolador que el pensamiento empresarial y corporativo aún no sea capaz de establecer la relación causal entre la apertura comercial indiscriminada emprendida por los sucesivos gobiernos desde 1988 y algunos de los conflictos sociales que hoy padece el país. Tal vez esa cortedad de miras se explique por el papel del sector privado como el principal promotor ideológico y político del libre comercio, papel que no se niega en el posicionamiento comentado.

Fuente La Jornada

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