Búsqueda efectiva y científica, exigen familiares de desaparecidos

Marcela Turati

SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- Las cientos de familias que investigan la desaparición de sus seres queridos y se reunieron durante tres días en esta ciudad con funcionarios estatales y federales, legisladores, expertos internacionales y representantes de organismos internacionales, clausuraron el Foro Internacional con una exigencia al Estado mexicano: que realice una búsqueda efectiva y científica en todos los casos para que los desaparecidos regresen con vida a sus hogares.

Al hacer las conclusiones sobre los tres días de trabajo en la Universidad Autónoma de Coahuila -entidad pionera en la búsqueda de personas- los participantes coincidieron en que el Estado mexicano debe reconocer la emergencia humanitaria ante la ola de desapariciones que ha hecho víctimas, según se estimó, a entre 24 mil y 70 mil personas; acordaron crear un Programa Nacional de Búsqueda que dé respuesta inmediata a los casos y una Ley General de Desaparición de Personas que tipifique este delito en todo el país, así como aceptar la examinación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, entre otras propuestas.
Durante la clausura del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Armando Luna, secretario de Gobierno de Coahuila, señaló que las desapariciones son la crisis humanitaria más grave del país y la asignatura pendiente más grande, además de destacar que el gobierno estatal tiene un compromiso político para encontrarlos con vida.
A su vez, Yolanda Morán, madre del joven desaparecido Dan Jereemel, dijo: “No cesaremos nunca de buscar a ese pedazo de nuestro ser que puede ser cualquiera de nosotros. Señor gobernador, no baje los brazos, haga de su estado un ejemplo a seguir para el gobierno federal y sus homólogos”.
El subprocurador de la PGR, Ricardo García Cervantes, político coahuilense que participó con su equipo durante los tres días de trabajo, indicó que “lo que se ha dicho por escrito será recordado y exigido, ya está dicho y escrito y hay que hacerlo. Quiero reivindicar mi derecho, el de mi equipo de trabajo y el de la institución que decidí representar en este evento, reivindicar el derecho de decir ‘nuestros desaparecidos’… mi propia convicción y mi propio compromiso no está sujeto a consenso, eso está en mi conciencia”.
Los presentes, principalmente mujeres -madres, hermanas, hijas o esposas de desaparecidos- saltaron de su asiento y exclamaron: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Las madres unidas jamás serán vencidas!”, frases que han lanzado miles de personas en Guatemala, Argentina, Perú, Colombia y Chile, y que gritan las centroamericanas con hijos migrantes desaparecidos en México.
La Declaración de Saltillo, como se denominó el documento final emanado del foro, establece en su introducción: “En nuestro país, las desapariciones se han convertido en una situación grave al grado de poder afirmar que nos encontramos ante una emergencia humanitaria, fruto de un conflicto armado interno. Las cifras de desapariciones -siempre inciertas- oscilan entre las 24 mil y las 70 mil víctimas. En el caso de los migrantes, las cifras son aún desconocidas. Esta emergencia humanitaria es multifactorial y exige una respuesta de Estado.
“Los perpetradores actúan sin distingo de competencia ni jurisdicciones, trasladan rápidamente y a grandes distancias a las víctimas, tienen equipos de acción inmediata para desaparecer. Frente a lo cual el Estado no se mueve y su desempeño se reduce a una atención mínima y deficiente. (…) Reconociendo que el Estado mexicano no ha respondido satisfactoriamente respecto de la protección o restitución de los derechos de las víctimas, ni de haber satisfecho el derecho a la verdad y la justicia en ninguno de los casos. Ante la emergencia humanitaria y la falta de respuesta eficaz del Estado, las familias hemos retirado la confianza a la autoridad y ésta tiene que hacer un esfuerzo claro y concreto para restituirla”.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aprovechó para destacar la labor que ha realizado el gobierno de Coahuila, pionero a nivel nacional en reconocer y legislar sobre el problema, y señaló que esa misma experiencia debe ser adoptada en otros estados, como Chihuahua, donde no se ha reconocido la desaparición forzada.
Sus palabras hicieron que el contingente de madres de esa entidad aplaudiera la iniciativa.
El obispo Raúl Vera, impulsor de la organización de las familias, no asistió al cierre del evento como estaba anunciado, porque se encontraba en una misión humanitaria en Siria.
“Si esto prospera podemos considerarlo un parteaguas en esto que nos duele tanto y que podemos considerar una emergencia nacional”, dijo el asesor de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, al momento de leer las decenas de propuestas surgidas de las mesas de trabajo en las que familias y funcionarios reflexionaron por primera vez en la historia reciente del país quién desaparece, por qué, quiénes son los perpetradores, qué se puede hacer, cómo los pueden buscar, a quién le corresponde hacerlo y cómo debe hacerlo. “Esto se puede convertir en recomendaciones”, afirmó tras leer las propuestas.
Las temáticas de las mesas de trabajo en las que participaron unas 200 personas se centraron en la búsqueda efectiva, investigación criminalística, armonización legislativa y atención integral a las víctimas.
“Reafirmamos nuestro papel de colaborar con las autoridades en la búsqueda e investigación de los desaparecidos, mejorar el marco legal y que los programas de atención integral se formulen con base en nuestras necesidades (…) Al Estado le corresponde aprovechar esto y cumplir con sus deberes ante la nación”, se indicó en la declaratoria final.

Fuente Proceso