Madres activistas: La disputa legal por sus hijos contra los hombres del poder

Marcela Turati

MÉXICO, D.F. (apro).- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ocho mujeres tomadas de la mano lloraban emocionadas, cuando era premiado el documental que narra sus historias, las de las “Madres Activistas” de Xalapa, Veracruz; una veintena de mujeres que luchan por la custodia de sus hijos e hijas desaparecidos de sus vidas y atrapados (a veces durante años) en limbos burocráticos y recursos judiciales promovidos por sus exparejas. La mayoría hombres con poder político y económico.

Las mujeres y El Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (CIDEM) que las acompaña ganaron el primer lugar del concurso “Género y Justicia”, con el documental que grabaron para llamar la atención hacia el sistema de justicia, corrupto, omiso y lento, que permite que les quiten a sus hijos e hijas.
Especialmente critican la figura legal del Depósito de Persona (artículo 154 ter. Del código penal) que establece que, para salvaguardar la seguridad de los menores, pueden ser “depositados” en una casa ajena si uno de los progenitores así lo solicita, el cual abre la puerta a un viacrucis de demandas penales y civiles, amparos y juicios, que prolongan indefinidamente la resolución. Cuando la justicia resuelve, uno de los padres ya se perdió etapas del crecimiento del pequeño.
En el caso veracruzano, las madres indican que siempre son ellas las que pierden porque el sistema de justicia está comprado o corrompido por el poder de sus exparejas.
“Nuestros hijos son niños huérfanos, aunque tienen madres vivas”, dice Brenda Rodríguez, la fundadora de las Madres, en entrevista con Apro en un café de esta ciudad, a donde llega acompañada de dos madres y las defensoras del CIDEM. Lleva un prendedor con la fotografía de su hijo, un niño sonriente que hoy tiene 9 años. Lo dejó de ver hace más de tres años, un día que su esposo (sobrino de otro prominente político local) se lo llevó del kínder. Hoy paga pensión alimenticia para su hijo y su exmarido.
“Los hijos se vuelven botín, se vuelven un instrumento de poder y de control”, declara en el documental Montserrat Díaz, directora del Colectivo Feminista de Xalapa.
Uno de los casos es el de Fabiola González, quien peleó siete años en tribunales la custodia de sus dos hijas a quienes dejó de ver cuando tenían año y medio y tres años. El marido –según notas periodísticas de Veracruz— es integrante del clan político de los Yunes. Su exmarido es sobrino del senador del PRI, Héctor Yunes y del neopanista, Miguel Ángel Yunes, pero también primo del senador panista, Fernando Yunes, y del exdelegado federal de Oportunidades, Miguel Yunes Márquez y primo del senador del PRI, José Yunes Zorrilla.
La premiación del documental coincidió con el anuncio de la reactivación de la disputa legal que sostiene el exministro Genaro Góngora Pimentel contra Ana María Orozco Catillo, su expareja sentimental y la madre de sus dos hijos, quien fue encarcelada durante un año tras acusarla de fraude y de maltrato a los hijos comunes.
Ese asunto privado pasó a ser público cuando la mujer denunció a su expareja por abuso de poder y lo acusó de tenerla en la cárcel a partir de que ella solicitó por la vía legal la pensión alimenticia para los niños. El exministro percibe mensualmente al menos 375 mil pesos, pero quería pagar únicamente 12 mil de pensión alimenticia por cada uno en vez de la tercera parte de su salario como lo demanda la ley.
Al enterarse del escándalo la francesa Maude Versini, exesposa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, escribió en su cuenta de twitter: “El caso Góngora Pimentel es similar al mío. No he visto mis hijos retenidos por Montiel en 526 días !help!”.
Durante la premiación en la Corte, la ministra Olga Sánchez Cordero celebró el valor de las mujeres presentes para enfrentarse a las autoridades, al estigma social y a los estereotipos, según la agencia de noticias Cimac, y destacó: “la fuerza que han tenido para contar su historia y servir de ejemplo a otras mujeres en sus luchas”.
“Para el Poder Judicial es una prioridad hacer realidad, día con día, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para hombres y mujeres en México”, dijo a ellas y los premiados de todas las categorías del concurso que pretende generar herramientas de sensibilización a las autoridades y reparación “cuando menos simbólica” a las víctimas.
Niños sentenciados
Brenda Rodríguez tiene ojos claros y mirada tierna. Dice que por episodios de violencia psicológica recurrió a la figura del depósito de personas para resguardar a su hijo en una tercera casa, la de un familiar, pero se desistió de la figura cuando se reconcilió con su marido. Un día se enteró de que había sido demandada y que su marido había llevado a depósito a su hijo y que si se le acercaba sería acusada de secuestro.
“Fue morir en vida desde ese momento, es algo muy fuerte, todo es sorpresa, no entiendes nada, no te lo esperas”. La juez no tomó en cuenta su reclamo.
“Han pasado tres largos años en los que, a través de amparos, incidentes falsos, denuncias falsas han ido alargando un proceso, aunque he ido probando una por una la falsedad de las declaraciones”. Ganó dos juicios en primera instancia, él apeló, ya pasó a segunda, pero está entrampado porque el marido metió un amparo.
“Han sido procesos largos. Han habido amenazas, han sucedido muchas cosas, ha habido hasta… accidentes, la otra vez me pegaron, pero dejémoslos en amenazas porque no lo puedo comprobar. Me han seguido hombres de negro, a mi casa, a donde vaya, me toman fotografías, hemos vivido ese tipo de cosas”.
Cuando se dio cuenta de que sola no podría pelear contra el aparato de justicia donde los mismos jueces le decían que “un funcionario público muy importante estaba bloqueando su caso” pensó en juntar a otras madres en la misma situación. No tuvo que buscar mucho para encontrarlas. Recorrían los mismos laberintos burocráticos remando contra el estigma que padecen las madres a quienes les han arrebatado a sus hijos y sobre quienes pesa una pregunta incriminadora: “¿qué habrá hecho, cómo habrá provocado al marido?”
El 23 de julio del año pasado ella convocó a dos mamás y, juntas, pidieron una audiencia con el gobernador Javier Duarte, quien no las recibió. Al día siguiente se manifestaron frente al Palacio de Gobierno. Cuando hicieron la siguiente manifestación ya eran cinco. Después eran 17.
“Lo que más nos interesa es recuperar a nuestros hijos, que se acaben las lagunas jurídicas, que sea tipificado como delito el síndrome de alienación parental como se le dice a la manipulación de los hijos en contra del otro progenitor. Estamos siendo parejas, no es que queramos que todo sea a favor de la mujer, estamos diciendo que ninguno recurra a eso”, dice esta mujer que da clases en una secundaria.
A partir de diciembre del año pasado, una juez le permitió convivir con su hijo bajo vigilancia en las instalaciones de la Procuraduría del Menor (“debido a que en la audiencia de acuerdos el papá me acusó de tener comandos armados”, dice). Se le llenan los ojos de lágrimas cuando recuerda el reencuentro.
“Fue muy duro porque yo imaginaba que iba a besarlo y abrazarlo, pero mi hijo no quería verme, para dirigirme la palabra tardó hora y media. Llegó con una serie de reclamos de que yo lo había abandonado, que yo no lo quería, que era mala, que siempre lo golpeaba, estaba muy estresado, tieso, frío, y yo estaba llorando. La psicóloga me dijo que le contestara a sus reclamos y le dijera la verdad y, llorando, le dije que he luchado mucho por él, que he hecho muchas cosas para estar juntos, que lo amaba, que nunca lo abandoné”.
Brenda dice, entusiasmada, que acaba de ganar en tribunales el permiso de verlo una hora diaria y llevárselo a casa los fines de semana. La defensora García Ramírez, directora de CIDEM, señala que a la violencia feminicida, a la doméstica y a la de pareja que sufren las mujeres se suma otra “cada vez más recurrente”, que es el despojo de los hijos y las hijas y cuenta con una serie de normas jurídicas favorables para recrudecerla.
“Si las mujeres dicen que quieren salir a trabajar, ser más autónomas o separarse los hombres reaccionan diciendo que no, y que si no te parece te quito lo que más te duele, y se valen de varias figuras jurídica para hacerlo”, dice a Apro.
En Veracruz se valen de la figura del Depósito de Persona (artículo 154 ter. Del código penal) que establece que podrán ser depositadas personas menores de edad para salvaguardar su seguridad.
“Si los padres acusan a las madre de violencia contra sus hijos los jueces determinan el depósito y se los quitan mientras se investiga si realmente ocurrió, pero como tiene vigencia de 10 días inmediatamente meten demanda de divorcio o de alimentos o denuncias penales por extorsión, lesiones o lo que se inventen y en los que se investiga si se golpeó al niño o lo extorsionó y la serie de argucias legales para hacerlo más largo duran hasta cinco año sin recuperar a sus hijos”.
En la entidad el término máximo para las investigaciones ministeriales es de 180 días, pero cuando se interpone una demanda el caso se amplía por meses, y si agota las instancias estatales y la federal puede prolongarse durante años.
“Cuando son denunciados por comisión de delito las personas recurren a los amparos, a una serie de medidas legales, y los procesos pasan de una instancia a otra, en lo que se agotan en el estado pasan cuatro años, y si pasan a juzgados federales son otros tantos, y es toda la vida de las creatura y de las madres”, dice.
Para la defensora Yadira Hidalgo, el factor común entre las “Madres Activistas” que luchan por la custodia de sus hijos contra sus exparejas es que tienen en contra el poder de los varones en esta sociedad patriarcal, y varias enfrentan además a hombres con poder político o económico, sean políticos, ministerios públicos, abogados, policías, promotores culturales de renombre.
“Ellos usan su poder y se ayudan con la corrupción que existe en el sistema judicial y de figuras legales como la del depósito que sólo alarga el proceso mientras se resuelve el divorcio, y que si se sigue apelando y se recurre a otras figuras los casos pueden llevar muchos años en resolverse”, dice en entrevista.
Caso parecido es el de Nancy Correa Grande, madre de dos hijos de 13 y 10 años, quien acusa a su marido, un compositor y experto en son jarocho, de habérselos arrebatado hace nueve meses después de un largo periodos de maltratos.
Dice que el 15 de diciembre fue obligada a abandonar la casa familiar, sólo con su bolsa y una mochila con cambios de ropa. En ese momento comenzó su enfrentamiento legal, en los que ha tenido que someterse a pruebas psicológicas y médicas, presentar testigos y enfrentar una denuncia por maltrato en contra de los menores y la orden de restricción para que no se les acercara.
“No puedo acercarme a decirles que no los he abandonado como les hicieron creer”. Dice que ha recibido amenazas de que la pueden desaparecer.
Los periodos vacacionales en los juzgados han alargado los trámites. Pero hace dos semanas ganó el juicio para convivir con sus hijos los sábados.
“La denuncia penal está avanzando por violencia y espero se me otorgue el divorcio y la custodia de mis hijos. Lo triste es que ellos vieron la violencia, y siendo preadolescentes van a tener luz verde para tratar así a quien sea”, lamenta.
Con las “Madres Activistas” dice que ha encontrado mujeres con su mismo dolor y síntomas emocionales y físicos y ha aprendido a defenderse en tribunales.
“Estamos conscientes de que se van a lograr avances que quizás no vamos a ver nosotras pero queremos que este peregrinaje denigrante y absurdo no se vuelva a repetir. Mientras se resuelve el problema de la custodia de los niños, por supuesto maltrato, los niños deberían de convivir con los dos padres pero no prohibir a uno verlo. Es falso que están velando por el interés superior del niño es un legalismo con el que se protegen los padres para separar a los niños de nosotras”, expresa.
Otra de las madres es Mónica Cisneros Aguilar, quien se enfrenta a un abogado litigante que el 5 de septiembre de 2012 “depositó” al hijo de ambos, de 9 años, le advirtió a que tenía órdenes de restricción y que no intentara hacer nada porque “tenía comprados jueces, peritos y servidores públicos”.
“Me dejó en la calle, me quitó todo y desde entonces no veo a mi hijo. Lo denuncié por sustracción de menores que no ha procedido, debido a que recurrió a la figura del depósito y encima me denunció diciendo que lo agredí físicamente –lo cual es absurdo, es un hombre fornido, mucho más alto al que no podría causarle daño–, que lo amenacé y le causé daños a su vehículo y hasta fui detenida y tuve que pagar fianza para salir. Sé que lo hizo por crear una estrategia y hacerme de antecedentes penales para que yo no sea la guarda y custodia de mi hijo”, dice.
Aunque espera la sentencia del juez pero no tiene confianza en su fallo porque considera que está comprado, pues se han perdido expedientes en el juzgado, ha manipulado al niño en las audiencias para que diga que quiere vivir con su papá y no se anexó su ampliación de declaración.
“Tengo nueve meses sin ver a mi hijo. El juez de lo civil Jorge Espinoza Castillo, del juzgado segundo de primera instancia, nunca ha dado un argumento sólido ni válido para negarme la convivencia con mi hijo, pero sí me fijó pensión alimenticia que yo debo pagarle aunque no tengo trabajo”.
“Lo increíble es que tenemos que seguir con nuestra vida como si fuera normal, seguir trabajando, no dejar de sonreír, a pesar de vivir un duelo constante terrible”, comenta Nancy Correa. Mónica Cisneros secunda: “Somos despojadas de nuestros hijos, nuestra vidas, nuestras rutinas, nuestras cosas y aparte tenemos que ir luchando contra tantas injurias y calumnias de estas gentes”.
La directora del CIDEM, por su parte, explica que las mujeres tienen que luchar contra la solidaridad de género que muestran con el padre despojador y contra el tráfico de influencias. A esto se suma que, por no traumar al niño, no agotan las medidas como cuando se resuelve a favor de la madre, pero el padre no entrega al infante e incumple las medidas de apremio requeriría una orden de aprehensión por desacato, la cual no se libra con el argumento de no traumar más al niño al ver la detención de su padre.
“Como no agotan las medidas las madres no pueden establecer otro delito como el secuestro y el asunto queda en el limbo. El poder judicial están incurriendo en violación constante al debido proceso”, señala.
Además, la lentitud, indiferencia y bloqueo de los Agentes del MP y de la propia Procuraduría en la dilación e integración de los expedientes.
Desde Xalapa, Claudia Jiménez Romero relata su historia: por un depósito judicial resuelto en forma exprés el 7 de septiembre del 2012 en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, obligó a su hijo de 10 años a dejar el hogar para pasarse con su padre, Mauricio Peinado Brizzio, un agente del Ministerio Público Investigador de Vega de Alatorre, quien –según Jiménez— es amigo de la juez del caso.
“Es desgarrador, muy desgastante, son 6 años de litigio y 2 juicios por la patria potestad; pero el niño siempre había estado conmigo; hoy son 9 meses sin poder verlo diario y es un sufrimiento enorme…En la casa están sus cosas, sus muñecos, su ropa, sus juguetes”, lamenta.
La preocupa que el niño esté afectado por tantas visitas a los juzgados del Poder Judicial, a los centros de convivencia en el DIF estatal y por ver las patrullas de la Policía Ministerial afuera de su casa. Su caso, el 978/08/III, en el juzgado Sexto de Primera Instancia fue resuelto a su favor con custodia y pago retroactivo de pensiones.
Sin embargo, en el 1667/12 en el juzgado cuarto de Primera Instancia, la condenaron a pagar el 25 por ciento de su salario como pensión alimenticia, pérdida de la patria potestad y visitas a su hijo bajo supervisión.
Para Díaz, del Colectivo Feminista de Xalapa, casos como estos ponen en evidencia el sistema judicial de Veracruz.
Al inicio del sexenio de Javier Duarte se anunció la creación de un juzgado especializado para la atención de los asuntos familiares que trabajaría de la mano del Poder Judicial y sería supervisado por la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal. Hasta ahora nada de esos e ha cumplido.
La defensora García Ramírez hace un exhorto: “Se tiene que derogar la figura del depósito y construir juzgados especializados desde la perspectiva de género y de los derechos humanos para la atención de los asuntos familiares, que conozcan exclusivamente de asuntos en materia familiar para que dé respuesta ágil, eficiente, pronta, expedita y donde realmente se haga justicia para las mujeres. Que el poder judicial no puede hacerse cómplice”. (Con información de Noé Zavaleta)

Fuente Proceso