Antonio Heras
TIJUANA, B.C. (apro).- El líder nacional del PRI, César Camacho,
acusó al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, de poner
en marcha el plan Baja Azul, que implica el desvío de mil 350 millones
de pesos para beneficiar a Francisco Kiko Vega, candidato del PAN en la
entidad.
Camacho Quiroz señaló, en rueda de prensa en la Ciudad de
México, que el gobierno de Osuna Millán ha utilizado del Programa de
Empleo Temporal más de 36 millones de pesos para el pago a brigadistas,
con el fin de difundan las acciones de gobierno en favor de Acción
Nacional.
También aseguró que el adéndum al Pacto por México, que
suscribieron el gobierno federal y los partidos para evitar la
intervención de los gobernadores en los comicios, sí ha funcionado, ya
que se han puesto sobre la mesa distintas irregularidades que se han
arreglado en los estados donde habrá eleciones.
No obstante, admitió que la presente elección ha generado tal efervescencia que el adéndum ha resultado insuficiente.
En
sincronía, el Congreso bajacaliforniano denunció al gobierno estatal
ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) por el presunto desvío de mil 350 millones de pesos para la
campaña de Vega de Lamadrid.
El diputado Gregorio Carranza,
presidente del Congreso, interpuso la denuncia formal sobre un supuesto
plan Baja Azul, de la alianza Unidos por Baja California que conforman
el PAN, PRD, Nueva Alianza (Panal) y el Partido Estatal de Baja
California.
Carranza Hernández es diputado independiente desde
hace un mes cuando anunció su simpatía por el candidato del PRI,
Fernando Castro Trenti, y su rechazo a la coalición PAN-Panal, partido
en el que milita desde su fundación, el cual lo postuló en 2010, también
en alianza con Acción Nacional, cuando el legislador era dirigente de
la sección 37 del SNTE.
La denuncia la presentaron el propio
Carranza y el diputado Alfonso Garzón Zataráin, vicepresidente de la
Mesa Directiva, quienes fueron comisionados por el Congreso local; en la
querella incluyeron testimonios y documentales que supuestamente
prueban el desvío de recursos del gobierno que encabeza el panista José
Osuna Millán.
Una versión señala que la Cámara de Diputados
bajacaliforniana recibió documentales y testimoniales del plan Baja
Azul, que documenta las transacciones hechas por la administración de
Osuna Millán en favor del aspirante panista al gobierno estatal.
La
denuncia apuntaría a la responsabilidad de al menos 600 funcionarios
del gobierno bajacaliforniano, incluido Osuna Millán; su secretario de
Gobierno, Francisco García Burgos, y los titulares de Salud, Educación y
Desarrollo Social, entre otros.
Gregorio Carranza señaló que en
esa estrategia estarían involucrados al menos 600 funcionarios de las
distintas dependencias del gobierno para comprometer a 400 mil electores
a favor del candidato de la alianza PAN-PRD y en la que se utilizaron
recursos públicos para la compra de gasolina.
Además, se echó
manos de vehículos oficiales, infraestructura y maquinaria para la
instalación de un sistema de llamadas telefónicas (call center) que
representan un gasto de más de mil 300 millones de pesos.
En
respuesta, la Secretaría General de Gobierno estatal sostuvo que la
denuncia se basa en infundios, puesto que la queja no es resultado de
auditorías o de la revisión de cuentas públicas por parte del Órgano de
Fiscalización Superior (Orfis) del Congreso.
Francisco Antonio
García Burgos, secretario general de Gobierno, calificó de infundada la
denuncia, pues “la revisión de las cuentas públicas se hace a través del
Orfis, que es un organismo del Congreso del estado y que apoya en todo
momento en el desempeño de la fiscalización de los recursos públicos,
entre ellos el del Poder Ejecutivo, lo cual, en este supuesto
señalamiento, no se origina de una revisión de la cuenta pública”.
El
funcionario añadió que el Ejecutivo siempre se ha conducido con respeto
y ha atendido todas las observaciones del Congreso, aclarando que se
mantendrá atento al análisis que realice la Fepade sobre el supuesto
desvío de recursos.
También indicó que es compromiso del gobierno
del estado y sus servidores públicos trabajar de manera íntegra,
transparente y apegada al marco legal, y añadió que estarán “al tanto
para indicar y aclarar oportunamente cualquier señalamiento sobre lo que
se ha hecho en esta administración”.
Fuente Proceso
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