lunes, 1 de julio de 2013

Denuncian ante Fepade desvío de mil 350 mdp a favor de “Kiko” Vega

Antonio Heras

TIJUANA, B.C. (apro).- El líder nacional del PRI, César Camacho, acusó al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, de poner en marcha el plan Baja Azul, que implica el desvío de mil 350 millones de pesos para beneficiar a Francisco Kiko Vega, candidato del PAN en la entidad.
Camacho Quiroz señaló, en rueda de prensa en la Ciudad de México, que el gobierno de Osuna Millán ha utilizado del Programa de Empleo Temporal más de 36 millones de pesos para el pago a brigadistas, con el fin de difundan las acciones de gobierno en favor de Acción Nacional.
También aseguró que el adéndum al Pacto por México, que suscribieron el gobierno federal y los partidos para evitar la intervención de los gobernadores en los comicios, sí ha funcionado, ya que se han puesto sobre la mesa distintas irregularidades que se han arreglado en los estados donde habrá eleciones.
No obstante, admitió que la presente elección ha generado tal efervescencia que el adéndum ha resultado insuficiente.

En sincronía, el Congreso bajacaliforniano denunció al gobierno estatal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto desvío de mil 350 millones de pesos para la campaña de Vega de Lamadrid.
El diputado Gregorio Carranza, presidente del Congreso, interpuso la denuncia formal sobre un supuesto plan Baja Azul, de la alianza Unidos por Baja California que conforman el PAN, PRD, Nueva Alianza (Panal) y el Partido Estatal de Baja California.
Carranza Hernández es diputado independiente desde hace un mes cuando anunció su simpatía por el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, y su rechazo a la coalición PAN-Panal, partido en el que milita desde su fundación, el cual lo postuló en 2010, también en alianza con Acción Nacional, cuando el legislador era dirigente de la sección 37 del SNTE.
La denuncia la presentaron el propio Carranza y el diputado Alfonso Garzón Zataráin, vicepresidente de la Mesa Directiva, quienes fueron comisionados por el Congreso local; en la querella incluyeron testimonios y documentales que supuestamente prueban el desvío de recursos del gobierno que encabeza el panista José Osuna Millán.
Una versión señala que la Cámara de Diputados bajacaliforniana recibió documentales y testimoniales del plan Baja Azul, que documenta las transacciones hechas por la administración de Osuna Millán en favor del aspirante panista al gobierno estatal.
La denuncia apuntaría a la responsabilidad de al menos 600 funcionarios del gobierno bajacaliforniano, incluido Osuna Millán; su secretario de Gobierno, Francisco García Burgos, y los titulares de Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros.
Gregorio Carranza señaló que en esa estrategia estarían involucrados al menos 600 funcionarios de las distintas dependencias del gobierno para comprometer a 400 mil electores a favor del candidato de la alianza PAN-PRD y en la que se utilizaron recursos públicos para la compra de gasolina.
Además, se echó manos de vehículos oficiales, infraestructura y maquinaria para la instalación de un sistema de llamadas telefónicas (call center) que representan un gasto de más de mil 300 millones de pesos.
En respuesta, la Secretaría General de Gobierno estatal sostuvo que la denuncia se basa en infundios, puesto que la queja no es resultado de auditorías o de la revisión de cuentas públicas por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Congreso.
Francisco Antonio García Burgos, secretario general de Gobierno, calificó de infundada la denuncia, pues “la revisión de las cuentas públicas se hace a través del Orfis, que es un organismo del Congreso del estado y que apoya en todo momento en el desempeño de la fiscalización de los recursos públicos, entre ellos el del Poder Ejecutivo, lo cual, en este supuesto señalamiento, no se origina de una revisión de la cuenta pública”.
El funcionario añadió que el Ejecutivo siempre se ha conducido con respeto y ha atendido todas las observaciones del Congreso, aclarando que se mantendrá atento al análisis que realice la Fepade sobre el supuesto desvío de recursos.
También indicó que es compromiso del gobierno del estado y sus servidores públicos trabajar de manera íntegra, transparente y apegada al marco legal, y añadió que estarán “al tanto para indicar y aclarar oportunamente cualquier señalamiento sobre lo que se ha hecho en esta administración”.

Fuente Proceso

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