Ejército agraviado

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- El Ejército mexicano es leal a sí mismo, no a la democracia. Después de los agravios a los que fue sometido por su pasado comandante en jefe, Felipe Calderón, prefiere curarse en silencio las heridas.
Como nunca antes, durante el sexenio calderonista el Ejército vio cómo un general de división y subsecretario de la Defensa Nacional era encarcelado por dichos de un narcotraficante arrepentido y comprado. El general de división retirado, Tomás Ángeles Dauahare vivió en carne propia los abusos del comandante en jefe.

El Ejército tampoco había padecido una subordinación tan indigna a los excesos presidenciales como con el extitular de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ahora general de división retirado Guillermo Galván.
A diferencia de otros generales que le llegaron a decir no al presidente, Galván Galván todo le consintió. Primero, la detención de Ángeles, a quien por lo demás padeció como una sombra. Luego, la detención de otros tres generales, un teniente coronel y un mayor. Todos acusados de colaborar con el narcotráfico.
Galván también se hizo a un lado cuando la Marina, Armada de México operó con el apoyo de Calderón en las zonas continentales del país, jurisdicción natural de cualquier Ejército. Los marines de Calderón desplazaron a los soldados en los operativos de alto impacto.
Galván delegó el control de la Sedena en su jefe de Estado Mayor y luego su subsecretario, Carlos Demetrio Gaytán, hoy director del tesoro castrense llamado Banjército. Galván también perdió ese control por motivos personales.
Aunque se trata de su vida privada, su divorcio y posterior casamiento con una mujer originaria de Chile provocó descontento no por esa decisión personalísima, sino por la influencia que llegó a tener su nueva esposa dentro de la institución.
Al final, el proceso interno por sucederlo acabó en un enfrentamiento que tuvo desde filtraciones periodísticas y encarcelamientos y hasta dio marco al asesinato del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien pasó a la historia como ejecutor de la guerrilla en México, pero que al momento de su homicidio también tenía reservas con Calderón y Galván, su antiguo compañero en el Colegio Militar.
Después de que buscara acuerdos con la delincuencia organizada a propuesta de Calderón, Galván lo abandonó a su suerte hasta que en abril de 2012 lo asesinaron, luego de un primer ataque en mayo de 2011.
Galván ahora está en el umbral de un juicio por las operaciones de exterminio cometidas por elementos del Ejército como parte de la guerra de Calderón. El exsecretario no está indiciado, pero ha sido llamado en calidad de testigo por un integrante del mismo Ejército, el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, para que declare ante un juez federal sobre las instrucciones que dio y la información que recibió sobre el Operativo Chihuahua (Proceso 1914).
Tantos agravios juntos no habían ocurrido desde la época de los cuartelazos revolucionarios y venganzas como la del general Álvaro Obregón contra el general Francisco Serrano, quien se atrevió a desafiar su candidatura presidencial en 1927. Aunque ganó, Obregón no pudo gobernar por segunda ocasión porque fue asesinado un año después.
Ahora, el Ejército se apresta a callar. Según anunció esta semana el nuevo titular de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, los militares excarcelados por falta de pruebas se van a reincorporar a sus actividades castrenses. El divisionario Tomás Ángeles, ya no podrá, puesto que está retirado. Pero eso no le impide ser asesor del general secretario.
Seguramente habrá ceremonias de desagravio dentro de las instalaciones militares en la ciudad de México, el Campo Militar número 1, y se impondrá el silencio. Los militares liberados por falta de pruebas, los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, así como el teniente coronel Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna, demostrarán ahora si se suman al silencio omiso o deciden contrademandar a sus acusadores, entre los que se encuentran militares que estuvieron en la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado.
No se trata de venganza, sino de dejar en claro ante la opinión pública el daño que hicieron a las instituciones funcionarios del gobierno pasado, empezando por Calderón.
Los retos del Ejército para su democratización son mucho más grandes. Pero no hacer ni eso, demostraría que sus mandos no están dispuestos a modificar en nada el estado de cosas en el que prefieren la redención que la rendición de cuentas propia de una democracia.

Fuente Proceso