Jorge Carrasco y Jesús Esquivel
Con el beneplácito de dos presidencias panistas sucesivas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos instalaron en México diversos sistemas de intercepción de comunicaciones, mismos que operan con apoyo de las dependencias del gobierno mexicano. La red de espionaje de Washington no sólo está avalada por México sino que funciona con la intervención directa de la Policía Federal, la Sedena y la PGR, entre otros organismos. El internet y la telefonía de los mexicanos tienen encima, todo el tiempo, los ojos y los oídos de Washington pero también los del propio gobierno federal, ahora encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto.
La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.
No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.
En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.
El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001.
De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.
Fuente Proceso
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