Ezequiel Flores Contreras
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Más de un centenar de integrantes de la
Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC), procedentes del municipio de Tixtla, irrumpieron cerca de las
21:50 horas en la delegación de la Procuraduría General de la República
(PGR).
Los manifestantes –mujeres, jóvenes y hombres desarmados–
bloquearon los accesos al inmueble para presionar a la agente del
Ministerio Público federal, Isidra García Sánchez, y libere a los tres
policías comunitarios de Olinalá porque la fianza de 27 mil pesos que
pagó el gobierno estatal ya fue exhibida desde las tres de la tarde.
La
madrugada de este lunes elementos de la Marina detuvieron a los
policías comunitarios Martín Acevedo, Carlos Sánchez Zepeda y Eulogio
López Suárez cuando éstos se trasladaban a Chilpancingo armados.
En
respuesta, agentes comunitarios detuvieron al director de la policía
municipal de Olinalá, Lorenzo Medardo; siete preventivos y al agente del
MP del fuero común, Francisco Bello Pineda.
Incluso, los policías
comunitarios condicionaron la liberación de los nueve retenidos hasta
que soltaran a sus compañeros, situación que no ha ocurrido al cierre de
esta edición.
Esta noche, de manera simultánea, integrantes de la
PC-CRAC bloquearon diversos tramos carreteros en la región de la
Montaña y la Costa Chica, informó el coordinador de esa organización en
Huamuxtitlán, Cristóbal Rendón.
Los tramos carreteros obstruidos
son: carretera Tlapa-Huamuxtitlán; Tlapa-Tlatlauquitepec y Ayutla-San
Luis Acatlán, indicó el dirigente comunitario, zonas de influencia de la
Policía Comunitaria que abarcan regiones de la Montaña y la Costa
Chica.
Previo a ello, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero pagó la
fianza de los tres policías comunitarios detenidos esta madrugada por
elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Olinalá.
Sin
embargo, miembros de la CRAC siguen a la espera de que el agente del MP
de la Federación libere a los policías comunitarios, pues en cuanto eso
ocurra, advirtieron, ellos dejarán en libertad a los nueve funcionarios
municipales y estatales que mantienen retenidos en respuesta a la
aprehensión de sus compañeros.
La presión ejercida por la CRAC
obligó una vez más al gobierno de Guerrero a pagar la fianza de los
comunitarios para destrabar el conflicto relacionado con la expansión de
las autodefensas en la entidad, ante la omisión e indolencia de las
autoridades gubernamentales frente a la ola de impunidad y violencia.
Durante
el pasado conflicto magisterial, el gobierno estatal también pagó las
fianzas de los dirigentes de la Coordinador Estatal de Trabajadores de
la Educación en Guerrero (CETEG) para que éstos recuperaran su libertad a
principios de junio anterior.
Esta tarde, el dirigente de la
CRAC, Eliseo Villar Castillo, detalló que el gobierno de Ángel Aguirre
Rivero pagó 9 mil pesos de fianza por cada uno de los tres policías
comunitarios que fueron aprehendidos en las primeras horas de este
lunes, debido a que portaban dos armas de fuego, una de ellas calibre
.38 súper y otra.9 milímetros.
Entrevistado en la delegación de la
PGR, al sur de esta capital, Villar Castillo reprochó la actitud de las
autoridades en contra del movimiento de autodefensa, pues por un lado,
dijo, el Ejército y la Marina están deteniendo a miembros de la PC-CRAC,
y por el otro el gobierno de Aguirre paga las fianzas para que salgan
en libertad bajo caución.
“El hecho de que el gobierno nos detenga
y luego pague para liberarnos es un juego, es un hostigamiento. Están
presionando con el fin de que nos animemos a integrar el mando único,
pero no lo van a lograr porque hay acuerdo de asamblea de que vamos a
seguir siendo autónomos”, subrayó el dirigente de la PC-CRAC.
Minutos
antes la coordinadora de la Policía Comunitaria (PC), Nestora Salgado,
advirtió que bloquearían la carretera federal que conecta la región de
la Montaña con el centro de la entidad, como medida de presión para
obtener la libertad de sus tres compañeros.
Sin embargo, los
coordinadores de la PC-CRAC de los municipios de Huamuxtitlán, Tixtla y
San Luis Acatlán, encabezados por Eliseo Villar, se reunieron con
autoridades estatales en la residencia oficial Casa Guerrero, en esta
capital, y negociaron la liberación de los comunitarios y los
funcionarios retenidos.
Según Salgado, al filo de la medianoche de
este domingo, durante un operativo de la Marina en el centro de la
cabecera municipal de Olinalá, elementos de esa institución intentaron
detenerla, pero al no lograrlo se llevaron a los tres policías
comunitarios bajo el argumento de que portaban armas de fuego.
En
respuesta, dijo, ellos detuvieron al director de Seguridad Pública
municipal, Lorenzo Medardo, a siete policías municipales y al agente del
Ministerio Público del fuero común, Francisco Bello Pineda.
Fuente Proceso
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