Tlaxcala: de 150 denuncias por trata, sólo 3 sentencias condenatorias

MÉXICO, D.F., (apro).- El Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos dio a conocer hoy que el estado de Tlaxcala — considerada como la “la capital de la trata de personas” con fines de explotación sexual y comercial–, acumula 150 denuncias por ese delito en los dos años y medio que van de la actual administración, de las cuales sólo tres han culminado en sentencia condenatoria.
Emilio Muñoz Berrueco, director del organismo, atribuyó a las autoridades estatales el hecho de que ese delito no se castigue porque las acciones emprendidas “son insuficientes” y, por si fuera poco, los expedientes penales están mal integrados.

A pesar de que se han realizado detenciones, dijo que los tratantes logran salir de la cárcel porque por la inadecuada integración de los expedientes.
“El problema es que lleguen a las sentencias, porque cuando se detiene -al tratante-, esto no quiere decir que ya esté sentenciado, ya vimos el año pasado cómo una sentencia se cayó por no estructurar bien la averiguación previa”, lamentó.
Lo peor, afirmó es que lejos de atenuarse, el problema se ha extendido y la labor de las autoridades es insuficiente.
“Lo que estamos exigiendo al gobierno estatal es que ya asuma una estrategia integral, que permita atender de fondo este problema.
“Me sigue pareciendo que es muy poca la acción que se ha tenido respecto a la denuncias que se tienen”, subrayó Muñoz Berruecos, quien forma parte de una red de organizaciones civiles que trabajan en Tlaxcala para acabar con este delito.
“Tlaxcala, en lo que va del actual gobierno tiene más de 150 denuncias en su procuraduría, y a la fecha tenemos tres sentencias a favor de las víctimas, me parecen muy pocas”, reprochó el activista.
Por si fuera poco, lamentó que las organizaciones que se dedican a combatir ese flagelo no cuenten con los espacios para proteger a las víctimas.
“No hay refugios en el estado, entonces eso impide que se tenga un proceso efectivo, el cual llegue a un número de sentencias considerables (…) el número de sentencias debería estar en al menos 50% de estas 150 denuncias, necesitamos avanzar en este tema”, insistió.
La trata de personas con fines de explotación sexual, sostuvo, es un delito que afecta principalmente los derechos fundamentales de las mujeres, entre ellos: la libertad, su derecho al estudio, al trabajo, su desarrollo, “lo que termina afectando de manera muy grave a la sociedad en su conjunto”, subrayó el director del Centro Fray Julián Garcés que forma parte de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas, que agrupa a más de 25 organismos de la sociedad civil.
Desde hace varios años, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, ha denunciado una y otra vez que los tentáculos de dicha red llegan hasta Estados Unidos, concretamente a Nueva Jersey y Nueva York.
Por ejemplo el pasado 1 de mayo, la Corte de Manhattan acusó a 13 personas por los presuntos delitos de tráfico sexual y transporte interestatal con fines de prostitución de decenas de mujeres.
Las jóvenes mexicanas eran llevadas a una zona rural de Nueva Jersey, donde las amenazaban para obligarlas a tener relaciones sexuales con 25 trabajadores agrícolas por día o las confinaban en prostíbulos sucios en Nueva York. Les pagaban muy poco, o nada.
Los proxenetas atraían a sus víctimas con una combinación de amenazas, abusos y promesas incumplidas de matrimonios y trabajos que se transformaban en una vida de esclavitud sexual.
Algunas lograban escapar pero sin estatus legal en Estados Unidos, sin amigos y familiares que les ayudaran, sin oportunidades de empleo y traumadas por lo que sufrieron, por lo que a veces vuelven a la prostitución.
Muñoz Berruecos ha insistido al gobierno de Tlaxcala en realizar una campaña en la que participen diversos organismos contra la trata de personas, particularmente del sector educativo.
Ha sugerido, por ejemplo, darle información a las mujeres, de acuerdo con su grado escolar, sobre sus derechos y cómo deben ser tratadas, y a los hombres sobre lo negativo de la explotación sexual lo que en la práctica no existe, pese a que existe un marco jurídico de política pública que obliga al gobierno estatal a implementar este tipo de acciones preventivas.
Prueba de ello es que sólo en lo que va de la presente administración, a cargo de Mariano González Zarur, la Procuraduría General de Justicia estatal ha recibido 150 denuncias por trata de personas con fines de explotación sexual de los cuales sólo se ha sentenciado a tres delincuentes.

Fuente Proceso