Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F. (apro).- Seguramente asesorados por sus mercadólogos de
Televisa y del Palacio de Hierro, el gobierno de Enrique Peña Nieto
decidió “vender” su iniciativa de reforma energética escudándose en la
principal figura histórica de la expropiación petrolera: el general
Lázaro Cárdenas.
Como aquí
mismo pronosticamos, se trataba no sólo de “expropiar” la figura del
constructor del Estado nacionalista –ese mismo que tanto escozor le ha
causado a los egresados de Harvard, Yale y los institutos mexicanos
promotores del libre mercado– sino de convertirlo prácticamente en el
aval de la privatización del régimen petrolero en México.
La
maniobra resulta grotesca, en tanto es mayor la insistencia. Peña Nieto,
caracterizado como vendedor de ilusiones, insistió en que la reforma
que propone a los artículos 27 y 28 constitucionales, así como la
incorporación de la figura de los “contratos de utilidad compartida”,
recupera el “texto original” de la ley secundaria al 27 que promulgó el
general Lázaro Cárdenas en 1940, poco antes de terminar su sexenio y
tras dos años de intensa batalla con las 17 compañías petroleras que
fueron expropiadas en marzo de 1938.
La utilización de la figura del general Cárdenas coloca el debate no
sólo en términos de viabilidad económica, de constitucionalidad, también
en los de manipulación mediática e histórica.
El propio ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, quizá el más autorizado para avalar las palabras
de su propio padre, advirtió en una carta publicada en La Jornada, el
jueves 8, que la posición del general frente a los contratos de riesgo
en la industria petrolera quedó muy clara cuando apoyó la prohibición de
los mismos en 1960, justo cuando Jesús Reyes Heroles, el grande, fue
director de Pemex.
Sin embargo, los peñistas prefirieron dar el
salto mortal para utilizar la figura del fundador del Partido de la
Revolución Mexicana (PRM) para avalar una reforma que ni siquiera ha
contado con el apoyo de sus principales promotores: las grandes
compañías petroleras internacionales.
El mismo The Wall Street Journal, termómetro
mediático de la British Petroleum, Chevron Corp, Exxon-Mobil, y Royal
Dutch, lo editorializó así en su nota de este 13 de agosto:
“El
proyecto de reforma, que parece estar bien posicionado para recibir la
aprobación del Congreso y podría provocar una tormenta entre algunos
políticos nacionalistas, representa un punto de inflexión para un país
que fue el primer gran productor en nacionalizar su industria petrolera
en 1938, una decisión que en las décadas siguientes imitaron otras
naciones en desarrollo”.
Obviamente, este punto de inflexión pretende “vender” la percepción
de que es una continuidad del proyecto de Lázaro Cárdenas. Basta releer
el discurso original del general, del 18 de marzo de 1938, para entender
que el presidente de origen michoacano no tenía nada qué ver con los Golden Boy de Peña Nieto.
El
discurso de Cárdenas es una de las grandes piezas de explicación
jurídica, histórica, social y política para anunciar el decreto de Ley
Expropiatoria a las 17 compañías petroleras extranjeras. No es un
discurso ideológico sino programático. No descalifica, sino describe la
situación. Hace un recuento pormenorizado del conflicto que detonó en
1934, a raíz de la huelga de trabajadores de la compañía El Aguila SA,
de la mediación que ejerció su gobierno entre 1935 y 1937 para evitar la
expropiación. Cárdenas aclara que las compañías petroleras no quisieron
pagar 26 millones 332 mil 756 pesos por prestaciones a sus
trabajadores. “Fue imposible el arreglo”, sentenció.
En la parte
final y más importante del discurso de expropiación petrolera, el
general Cárdenas hace un contraste claro entre la codicia de las
compañías extranjeras y su mezquindad para invertir siquiera en un
hospital, en una escuela, en un centro social en las comunidades o “en
una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros
cúbicos del gas que desperdician las explotaciones”. Justo lo contrario
de lo que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quiere vendernos
como tabla de salvación: que la iniciativa privada va a “salvar” a Pemex
de la quiebra y al país del atraso petrolero.
“Las compañías
petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de
grandes privilegios para su desarrollo y expansión”, advirtió Cárdenas.
“Unidas a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la
nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el
derecho público”, reflexionó.
“Riqueza potencial de la nación;
trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos;
privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del
auge de la industria del petróleo en México”, describió el general
Cárdenas.
Y se preguntó para analizar si tal riqueza le ha compensado a la nación:
“¿En
cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un
hospital; una escuela o un centro social; o una planta de luz, aunque
fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que
desperdician de las explotaciones?
“¿En cuál centro de actividad
petrolífera, en cambio, no existe una policía privada, y algunas veces
ilegales? Hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos…
“Han
tenido dinero para armas y municiones para la rebelión”, recordó el
general. Y citó los casos de las rebeliones en la Huasteca veracruzana y
en el Istmo que alentaron las compañías petroleras entre 1917 y 1920.
“Han
tenido dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero
para enriquecer a sus incondicionales defensores”, sentenció.
El
general Cárdenas tenía muy claro quiénes eran las compañías petroleras
privadas internacionales y nacionales. No eran hermanas de la caridad y
mucho menos de quienes podía depender la soberanía energética de México.
Eso sí lo tuvo siempre muy claro. Pero eso no conviene mencionarlo en el spot de Peña Nieto sobre su proyecto petrolero.
Fuente Proceso
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