miércoles, 14 de agosto de 2013

Michoacán: comuneros y empresarios pide a Peña inversiones, no más policías



Gloria Leticia Díaz

MEXICO, D.F. (apro).- Comuneros y empresarios de Michoacán emplazaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a atender el problema de inseguridad que padece la entidad desde el sexenio de Felipe Calderón.
En ruedas de prensa por separado, –los empresarios la realizaron en un hotel del centro y los comuneros en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez–, los michoacanos coincidieron en reprobar la actual política de seguridad, la cual no logra atemperar la escalada de violencia.

Organizados en Michoacanos por la Paz y Dignidad, presidida por Tito Fernández Torres, constructores, hoteleros, restauranteros, productores de aguacate y representantes de comunidades indígenas exigieron a Peña Nieto inversiones públicas y no policías federales, a quienes acusan de diversos abusos desde que llegaron a la entidad.
Los inconformes también pidieron formar parte del Pacto por Michoacán.
Luego de destacar que la violencia que se vive en la entidad es “una inercia” del sexenio pasado, Fernández Torres acusó a la Policía Federal (PF) de estar detrás de los grupos de autodefensa en La Ruana, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, poblaciones localizadas en la Tierra Caliente.
El empresario incluso exhibió una serie de fotografías en las que se observa a supuestos policías federales con cajas de camisetas rotuladas con la leyenda “Grupo de Autodefensa”, prendas que al parecer son distribuidas entre pobladores civiles, quienes después aparecen ya armados conversando con los elementos de la PF.
Según Fernández Torres, las llamadas autodefensas son “implantadas” por la PF, situación que ha incrementado la violencia, aparte de que las violaciones a derechos humanos también se han generalizado.
Al quejarse por la impunidad, Tito Fernández acusó al gobierno de Peña Nieto de hacer diferencias hasta entre los muertos. “Mientras que el crimen del vicealmirante (Carlos Salazar Ramonet, comandante de la VIII Zona Naval) fue resuelto en tres días, hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables de la masacre de la familia mexiquense en el municipio michoacano de Tuxpan”. Para el gobierno federal, sentenció el empresario, “hay muertos de primera, de segunda y de tercera”.
Enseguida pidió participar en el Pacto por Michoacán, donde se incluyó, acusó, a personas con poco conocimiento del estado. “Lo que se requiere es inversión pública para crear fuentes de empleo, para alejar a los jóvenes de la delincuencia organizada, porque ante la falta de empleo y la necesidad de llevar dinero a sus familias, recurren a los grupos delincuenciales”.
Fernández Torres pidió a Peña Nieto “que deje de vivir en una telenovela, que vea la realidad en el país, debe entrarle al toro por los cuernos e ir a los lugares de conflicto, por eso pedimos que nos incluya en el Pacto por Michoacán, para que sepa qué es lo que está pasando”.
Otros de los empresarios presentes denunciaron que ante la ausencia de seguridad los grupos delincuenciales han tomado su lugar, por lo que algunos se han visto obligados a pagar cuotas de protección.
Por su parte, siete policías comunitarios del municipio michoacano de Los Reyes, en la región purépecha, denunciaron estar permanentemente amenazados por el crimen organizado ante la indiferencia de autoridades, quienes hacen frente al problema con kilogramos de “harina Minsa y de frijol de hace cinco cosechas”.
Embozados, entre ellos una mujer, los indígenas se deslindaron de las acciones de otros grupos de autodefensa de Michoacán.
Los inconformes aseguraron que no tenían armas de grueso calibre ni eran financiados por grupos políticos o económicos.
También se dijeron “desesperados” por el grado de violencia e impunidad en el estado, además de que están convencidos de que son permanentemente vigilados y que hay cada vez más evidencia de que quienes se oponen al crimen organizado posteriormente aparecen ejecutados.
Los campesinos resaltaron que unos 5 mil habitantes de cuatro comunidades de Los Reyes son los que están organizados para defenderse del crimen organizado, y que su lucha empezó cuando se negaron a pagar las cuotas que les exigían los delincuentes, de hasta 2 mil pesos por hectárea sembrada.
“Es un asunto de dignidad. ¿Cómo íbamos a pagar si somos tan pobres? ¿Cómo vamos a pagar a delincuentes por un trabajo que tiene qué hacer el gobierno? A lo mejor los grandes productores sí pagan, pero nosotros no tenemos ni con qué comer, menos tenemos para dar a delincuentes”, apuntó uno de los embozados.
Asimismo, señalaron que en las últimas semanas han aparecido siete personas ahorcadas con mensajes contra los policías comunitarios, ello sin contar el ataque a quienes se manifestaron contra la inseguridad en el palacio municipal, el 22 de julio, atentado en el que murieron unas 25 personas, y no 10 como aseguran se manejó oficialmente.
“Se abrió una investigación, hasta fue el procurador al lugar de la agresión (Plácido Torres), quien después renunció, pero no ha pasado nada. Pareciera que lo que quieren es que nos acostumbremos a que todos los días hay uno o dos ejecutados, con las cabezas arrancadas o cortados en pedazos, parece que acostumbrarnos a esa violencia es más fácil a que las autoridades detengan a los culpables”, denunciaron.
La impunidad, justificaron, los ha obligado a mantener sus caras cubiertas, porque temen ser asesinados. “Antes pensábamos que era paranoia, una psicosis, pero poco a poco nos dimos cuenta de que somos vigilados todo el tiempo, hay oídos y ojos en todas partes, ya no podemos trabajar nuestras tierras por el temor a ser asesinados”.
Los campesinos exigieron la intervención del gobierno federal, en particular del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la indiferencia de autoridades estatales y municipales, “quienes ocultan lo que pasa en Michoacán, por complicidad o ineficiencia”.
Por último, destacaron que después de seis meses de protestar contra la seguridad, el gobernador interino Jesús Reyna les prometió una Base de Operaciones Mixta (BOM), integrada por policías federales, estatales y militares.
“Nosotros pensamos que ya la habíamos hecho, que ahora sí se iba a acabar la inseguridad, hasta nos cooperamos para alzar una construcción donde estuviera el personal; patrullaron unos días y después se quedó nomás un pelotón de soldados, que ahí está mientras todos los días aparecen entre uno y dos muertos, muchos de ellos cerca de la BOM, y no pasa nada”, lamentaron.

Fuente Proceso

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