Pedro Matías
OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de Derechos
Humanos y la del Distrito Federal terminaron por convertirse en
comparsas de la “política del garrote” al avalar el desalojo de los
maestros, afirmó el dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala,
Francisco Jiménez Pablo.
Luego de que el Congreso Agrario
Permanente expresó su solidaridad con la “causa justa” de los maestros,
Jiménez Pablo manifestó su preocupación por que con esta actuación de la
CNDH y la CDHDF, “los dirigentes y movimientos sociales quedamos en
total indefensión” ante la política de criminalización y del garrote que
emprenderá el Ejecutivo federal y el de la Ciudad de México”.
Consideró
que en el operativo policiaco llevado a cabo ayer en la Plaza de la
Constitución para desalojar el campamento del magisterio fue una
aberración utilizar la fuerza pública para resolver un conflicto social
y, sobre todo, buscar la comparsa de la CNDH y del Distrito Federal.
“Avalar
esta acción sólo demuestra que hay una actitud de comparsa del
organismo de derechos humanos que ha creado el Estado, lo que no pasa en
otros países, por ejemplo en Europa, donde los organismos de derechos
humanos juegan un papel de autonomía y vigilancia de los derechos
humanos”, puntualizó el dirigente de la CNPA-MN.
A juicio de
Jiménez Pablo, el caso mexicano ha servido más que nada para legitimar
en los últimos años y jugar un papel de comparsa con el Estado mexicano
justificando el uso de la fuerza y, sobre todo, planteando que se hace
con apego a los derechos humanos.
Mencionó que esto significa un
“verdadero retroceso en materia de política y de derechos humanos en el
país lo que hace el presidente Enrique Peña Nieto y el organismo de
derechos humanos”.
Lo único que queda son los pronunciamientos de
los organismos no gubernamentales porque “creo que son los únicos que
realmente tienen legitimación y vocación de defensa de los derechos
humanos y hay una posición de vulnerabilidad del movimiento social tanto
de los dirigentes como de la base sociales”.
Mencionó que en este
momento “qué esperanza hay para los movimientos sociales puedan
realizar denuncias en el marco institucional, definitivamente no lo hay
puesto que estos organismos oficiales como la CNDH y CDHDF, están
jugando un papel de comparsa por lo que la criminalización que el estado
mexicano ha venido haciendo en los últimos años y que hoy se ratifica
con mayor crudeza con el gobierno de Enrique Peña Nieto”.
Ante los
hechos ocurridos en la capital del país, la Coordinadora Nacional Plan
de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) rechaza y condena enérgicamente
el uso de la fuerza pública en el desalojo contra los maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) efectuada
en el Zócalo de la Ciudad de México.
Hizo hincapié que la
represión contra el movimiento social no es raro ya que a la vez que
sucedía el desalojo en la capital del país, de manera simultánea los
gobiernos estatales realizaban el desalojo de plazas públicas locales,
así también avanzo la represión en varios estados.
Caso concreto
el de Guerrero donde detuvieron al líder de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de Guerrero (CETEG), Minervino Morán Hernández y su
acompañante Mario Zamora por haberse movilizado recientemente.
A
su vez, el coordinador general del Congreso Agrario Permanente, Max
Agustín Correa Hernández, expresó su solidaridad con la “causa justa” de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aunque no
comparte plenamente los métodos extremos tanto de la CNTE como del
Gobierno Federal para resolver este conflicto magisterial.
Lamentó
la cerrazón del presidente Enrique Peña Nieto así como del Congreso de
la Unión para cancelar la oportunidad del diálogo y de los acuerdos para
que la agenda del Pacto por México se convierta en una agenda no sólo
de la clase política sino también de la sociedad.
Asimismo “lamentamos que hablen los chorros de agua y las piedras, mientras callan la razón y la propuesta”, puntualizó.
En
entrevista, confió en que el “espectáculo del Zócalo capitalino, no se
convierta en la permanente escena de la vida política y social en el
país tanto en la capital como en otras plazas de la República Mexicana.
Por
ello, hizo un llamado al Congreso de la Unión y a los integrantes del
Pacto por México así como a Peña Nieto a que el Pacto por México deje de
ser un pacto entre partidos políticos e incluya a toda la sociedad.
Lo
anterior debido a que el tema de la reforma educativa acreditó que sólo
unos cuantos estuvieron en la mesa de discusión, cuando es necesario
incluir a los sectores económico y social del país, detalló.
Fuente Proceso
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