viernes, 27 de septiembre de 2013

Bajezas



Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se pinta solo. Versado en el folclor, del que la televisión ha hecho mofa, es también experto en el uso de los recursos públicos para premiar a sus aduladores o castigar a quienes lo critican. Al menos así lo exhibe su discurso.
En eso comparte el gen antidemocrático de los gobernantes de México. Da lo mismo el membrete: PAN, PRI, PRD o los oportunistas llamados partidos bisagra, como el Verde Ecologista y el que fundó la expoderosa Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza (Panal).

Además del desvío, el uso de los recursos como si fueran suyos es algo que los ha caracterizado. Lo mismo para la promoción de su imagen que para comprar el silencio de la prensa.
No hay alternancia que valga. Es un signo más del fracaso de la larga y millonaria desestructuración del régimen autoritario con el que gobernó el PRI prácticamente todo el siglo pasado, pero que no se ha traducido en una auténtica democracia más allá de las formalidades.
Entre los expresidentes José López Portillo –ya fallecido–, Vicente Fox y Felipe Calderón, en eso, no hay ninguna diferencia. A ellos se acaba de sumar públicamente Ángel Aguirre. Los tres “grandes” partidos están bien representados en la utilización patrimonialista del erario para castigar a sus críticos, en particular a la revista Proceso.
En 1982, López Portillo acuñó la frase que pasó a la historia de las relaciones entre la prensa y el poder en México: “No pago para que me peguen”. Y ordenó un boicot publicitario a la revista que exponía la decadencia de su gobierno. Quiso repetir el castigo de su antecesor, Luis Echeverría Álvarez, al periódico Excélsior cuando lo dirigía Julio Scherer García. En esa ocasión, la orden presidencial incluyó al sector privado.
Ya en el fracasado “gobierno del cambio”, el de la alternancia partidista, el primer presidente de la República del PAN, Vicente Fox, repitió la fórmula antidemocrática en represalia a las publicaciones de la revista sobre la actuación de su esposa y su familia política. Fue incluso más allá al enderezar un juicio civil que después de siete años favoreció al semanario.
Su sucesor, redujo hasta la nada la publicidad oficial en la revista, a la que en reuniones privadas con periodistas llegó a calificar de golpista. Según él, la persistente crítica de la revista a la manera en que se hizo del poder equivalía al movimiento organizado por Echeverría al interior del periódico Excélsior para sacar a Scherer del periódico, en 1976.
Pero Calderón fue más allá de la exclusión publicitaria. El seguimiento periodístico a las consecuencias de su política pública de la violencia aumentó la molestia y en sendas ocasiones, la desaparecida secretaría de Seguridad Pública y la secretaría de la Defensa Nacional vincularon a la revista con grupos de delincuencia organizada, con el riesgo que ello representó para todo los trabajadores de la revista.
En ese propósito tuvo un gran aliado, Televisa, que vinculó al entonces reportero del semanario, Ricardo Ravelo, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva a partir de los dichos de un narcotraficante arrepentido.
A ellos se sumó ahora Ángel Aguirre, quien por segunda vez gobierna en Guerrero, pero ahora al amparo del PRD luego de haber sido gobernador interino por el PRI, entre 1996 y 1999.
Molesto por el texto publicado esta semana en Proceso por la periodista Gloria Leticia Díaz, sobre sus actividades sociales en momentos en que comenzaba la tragedia humanitaria en su estado por el paso del huracán Manuel, titulado Llovía y llovía y el gobernador bebía y bebía, el gobernante no pudo contenerse.
En declaraciones a dos periodistas de Radio Fórmula que le preguntaron sobre una supuesta campaña en su contra por parte de la revista y del periódico Reforma, Aguirre comenzó por la descalificación y siguió con la aplicación del principio “yo no pago para que me peguen”.
“Usted sabe que algunos medios actúan luego por términos económicos y publicitarios, no obstante que a la revista Proceso se le otorga, tengo entendido, una plana cada semana… Se trata de una bajeza…”.
Nada más antidemocrático que utilizar la propaganda gubernamental como una forma de control. El gobierno federal y los gobernadores que se han vuelto expertos en silenciar no sólo a la prensa en sus estados, sino a la del Distrito Federal, son un vivo ejemplo de los obstáculos a la democracia en México.

Fuente Proceso

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