viernes, 27 de septiembre de 2013

Emplazan al Senado a reformar justicia militar



Gloria Leticia Díaz

MEXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) y grupos civiles del país emplazaron al Senado a acelerar la reforma al Código de Justicia Militar y que ésta se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos.
Al término de las audiencias convocadas por el Senado para abordar el fuero militar, las ONG participantes recordaron que la restricción a la justicia castrense para procesar abusos cometidos por miliares contra civiles es una deuda del Legislativo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual ordenó, en cuatro sentencias contra México, reformar la justicia militar.

Las sentencias se refieren a la desaparición de Rosendo Radilla durante la guerra sucia; los abusos sexuales a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú, así como la tortura a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, actos atribuidos a miembros de Ejército mexicano.
Los activistas recordaron que distintas oficinas de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) también recomendaron a México adecuar la legislación militar a los parámetros internacionales de derechos humanos, así como a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado, pidieron a los integrantes del Congreso de la Unión aprobar un dictamen “que sea compatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano”.
Asimismo, solicitaron que se tome en cuenta que la SCJN dispuso que “debe explícitamente prohibirse que violaciones de derechos humanos cometidas por militares o que involucren civiles sean juzgadas ante la jurisdicción militar”.
Y en apego a las recomendaciones internacionales y a las de la Corte, las organizaciones mexicanas resaltaron que “las reformas deberán asentar claramente que en estos casos las investigaciones estarán desde un inicio a cargo de autoridades civiles, de manera que todas las pruebas y declaraciones sean recabadas por estas autoridades y no por las de orden militar”.
También destacaron que del catálogo de delitos que contiene el Código de Justicia Militar es indispensable derogar aquellos que se cometen contra civiles pero son considerados como desacatos la disciplina castrense, como el maltrato a prisioneros o detenidos, contrabando, saqueo o violencia contra la personas, y que por cierto están incluidos en el dictamen de reforma.
“En este sentido, es inadmisible que estos delitos sean juzgados por la jurisdicción militar cuando claramente atentan contra civiles, incluso cuando éstos se comentan durante campaña”.
Las ONG puntualizaron que la modificación de la justicia militar fue una de las recomendaciones que se hizo a México durante el Examen Periódico Universal de 2009 de ONU, y al que se someterá nuestro país en octubre próximo.
Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento destacan Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHM-T), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar y Centro de Análisis e Investigación.
Además, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT).
En comunicado por separado, el representante de Amnistía en México, Daniel Zapico, advirtió a los legisladores mexicanos que si “quieren demostrar que tienen un compromiso real con la defensa de los derechos humanos, deben tomar esta oportunidad clave y reformar el sistema judicial militar de una vez por todas, y así asegurar que será la justicia civil la que investigará los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas”.
Zapico secundó a las ONG del país que piden se asuman las recomendaciones de organismos internacionales de reformar el código castrense, así como de la urgencia de atender las sentencias de la CoIDH sobre el tema.
Asimismo, sostuvo que, “debido a su falta de imparcialidad e independencia, la justicia militar ha sido un obstáculo en la lucha por poner fin a la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”.

Fuente Proceso

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