Luciano Campos Garza
MONTERREY, N.L. (apro).- Empresarios de la industria panadera desmintieron al procurador Adrián de la Garza, quien la víspera descartó que uno de los socios del sector, Alejandro Castillo López, fuera masacrado el martes pasado por negarse a pagar “derecho de piso” a bandas del crimen.
Además, pidieron a las autoridades estales que se le permita portar armas de fuego para proteger su patrimonio y el de sus familias.
En un desplegado difundido hoy en la prensa local y dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Rodrigo Medina, los afiliados a la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares (Anpropan) deploran la muerte “cobarde y artera de López, quien fue ejecutado a balazos cuando salía de su empresa en la colonia España, al sur de Monterrey.
“Durante más de tres meses fue víctima de diversos intentos de extorsión. El Ing. Castillo era un empresario importante, íntegro, querido y ejemplar en el sector de alimentos del país”, se destaca en la inserción.
Los afiliados al Anpropan exigieron a Peña Nieto y Medina de la Cruz “que se castigue a los culpables de este deplorable hecho; cero tolerancia a actos contra la sociedad, trátese de quienes se trate”; castigo ejemplar para los servidores públicos que incumplan con su obligación”.
También exigieron “un mando único para todas las corporaciones policiacas del país, y permiso para portar armas de fuego para garantizar nuestra seguridad personal y la de nuestras familias, entre otras”.
En su pronunciamiento, tildan a las autoridades de proteger a “individuos cuyos actos de increíble falta de civismo deberían merecer castigo puntual”.
Advirtieron:
“En cada acto de impunidad se van creando estos seres monstruosos que acaban lentamente con nuestro tejido social. En cada líder sindical, político o autoridad que extorsiona con la ley en la mano a los empresarios, se va preparando el caldo de cultivo de las mafias de delincuentes que hoy pretenden adueñarse de nuestro patrimonio y que no reparan en tomar la vida de personas inocentes como el Ing. Castillo”.
Señalan que aunque el asesino jaló del gatillo, recibió permiso para hacerlo de la debilidad del marco legal, “al mantener un nivel inconcebible de impunidad”.
Luego de la ejecución del empresario, en el exterior de su empresa, Valores Alimenticios, el procurador dijo que el ilícito no estaba relacionado con el “cobro de piso”.
En el presente año se han registrado en Nuevo León más de 400 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, aunque el gobernador ha presumido que la crisis de inseguridad ya pasó.
Fuente Proceso
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