miércoles, 11 de septiembre de 2013

Un siglo de fraudes



José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- El tema de las boletas lo trivializaron bajo el argumento de que sólo se trataban de mil 500 toneladas de papel que se almacenaron por siete años con un costo de mil 300 millones de pesos para el Instituto Federal Electoral (IFE). El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejando Luna Ramos, incluso consideró su resguardo una “necedad” onerosa tras la demanda de apertura hecha por la revista Proceso y el investigador Sergio Aguayo.

Esos papeles eran las únicas pruebas que se tenían de las irregularidades que hubo en la elección del 2006, los únicos documentos con los cuales se podría saber la verdad de ese proceso manchado de irregularidades en el que ganó Felipe Calderón y que ninguna autoridad mexicana accedió a la consulta a pesar de que son documentos públicos.
Los fraudes electorales en México son parte de nuestra historia política y han marcado etapas importantes desde hace un siglo. En las elecciones de 1910, por ejemplo, el dictador Porfirio Díaz se negó a que se revisaran las boletas como lo pedía Francisco I. Madero para corroborar el fraude que entonces se orquestó para que el general oaxaqueño siguiera entronizado en el poder más años. Al rechazar esta demanda, el movimiento armado comenzó a fortalecerse hasta explotar en la revolución y en unas elecciones extraordinarias en 1911 que ganó Madero.
En 1929, cuando Plutarco Elías Calles ya había formado el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, José Vasconcelos denunció el fraude con documentos y pruebas. El caudillo ya dominaba el mundo de la política mexicana y la denuncia del exsecretario de Educación fue rechazada, ante lo cual Vasconcelos lanzó el Plan de Guaymas proclamándose presidente electo, desconociendo a las autoridades y convocando a una nueva revolución. El plan no prosperó y Vasconcelos salió exiliado rumbo a Estado Unidos.
La tradición del dedazo para elegir al candidato y en automático al sucesor presidencial se fortaleció al mismo tiempo que el partido en el poder. En 1940, después de hacer a un lado a Francisco José Mujica, el general Lázaro Cárdenas puso como candidato al general Manuel Ávila Camacho, quien compitió contra Juan Andrew Almazán lanzado por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN).
La historia registra que el día de las elecciones hubo fraude y enfrentamientos entre seguidores de ambos personajes. También represión del ejército y la policía con un saldo 30 muertos y 158 heridos en la ciudad de México. Al final Ávila fue ungido presidente con 95% de los votos y Almazán fracasó en un intento de revuelta.
Hacía las elecciones de 1952, con el PRI ya formado y controlando todas las instituciones, Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia con denuncias de fraude por parte de Miguel Enríquez Guzmán postulado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y Vicente Lombardo Toledano por el Partido Popular. La misma tónica se mantuvo en los procesos electorales presidenciales hasta que el fraude se hizo más evidente en 1988 cuando Carlos Salinas llegó al poder tras la famosa “caída del sistema” imponiéndose a Cuauhtémoc Cárdenas quien denuncio el fraude.
Fue en ese año cuando el panista Diego Fernández de Cevallos convalidó el fraude desde la Cámara de Diputados apoyando la quema de las boletas electorales que demostraban el fraude con el que ganó Salinas de Gortari. A partir de entonces el PAN y el PRI juntaron sus voluntades para ocultar el engaño tramado desde el poder para mantenerse en la silla presidencial. Eso fue lo que pasó en 2006 con Felipe Calderón.
Hoy, se escribe una nueva historia en la larga historia de los fraudes en México. Lo nuevo o lo novedoso es que no se trata del PRI sino del PAN cuyo candidato, Felipe Calderón, llegó a la presidencia entre severas sospechas en la legitimidad de su triunfo.
Durante siete años la revista Proceso litigó en todas las instancias a nivel nacional e internacional para que el IFE abriera los paquetes electorales y se revisaran las boletas utilizadas en la elección del 2006. En todo momento la decisión de las autoridades electorales fue rechazar la petición bajo el argumento de que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Mientras que el tribunal electoral y la Suprema Corte de Justicia arguyeron que no se trataba de un tema de acceso a la información, sino uno de índole estrictamente electoral, reservado a los partidos políticos.
El destino tiene su ironía, pareciera que a partir de la decisión de la ONU notificada el 22 de agosto de que en la petición de acceso a las boletas electorales no opera el artículo 19 del Pacto, referido a la libertad de expresión, con la orden del IFE de reciclar las boletas utilizadas en la elección de 2006, lo que en realidad se recicla es la tradición del fraude electoral en México, esa costumbre que ya lleva más de un siglo de no permitir la limpieza de los procesos electorales cuando están repletos de manchas y lo peor del caso es que todo indica que dicha costumbre seguirá siendo el sello de la clase política mexicana, independientemente del partido que gobierne.

Fuente Proceso

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