La Casa Blanca anunció
ayer que Barack Obama comisionó a su vicepresidente, Joe Biden, para que
coordine la presentación de varias propuestas legislativas orientadas a
acotar la venta y la posesión irrestrictas de armas de fuego en Estados
Unidos. De acuerdo con la información disponible, las medidas
–propuestas en el contexto de la masacre perpetrada la semana pasada en
la escuela primaria de Newtown, Connecticut, en la que murieron 20 niños
y seis adultos– incluyen la prohibición de los fusiles de asalto,
reducciones en la cantidad de munición autorizada a particulares y la
verificación de los antecedentes penales y médicos de quienes pretendan
adquirir armas de fuego. El grupo que coordinará Biden no sólo trabajará
con el Congreso sino también con los gobiernos de los estados,
vinculación fundamental por cuanto que recae en ellos una parte
sustancial de la responsabilidad por la descontrolada proliferación de
armas en los hogares estadunidenses. Desde el domingo pasado, Obama
anunció su determinación de imponer controles al armamentismo de
particulares, incluso por la vía de los decretos, en caso de no obtener
una actitud de colaboración para este propósito en el Capitolio.
La tragedia ocurrida en Newtown ha socavado, así sea en forma
coyuntural, la fuerza de los sectores reaccionarios del país vecino que
han defendido el derecho a la posesión de arsenales por particulares, y
les ha restado un significativo apoyo en la opinión pública. Tales
sectores, representados principalmente por la Asociación Nacional del
Rifle y generalmente adscritos al entorno político del Partido
Republicano, se encuentran a la defensiva, al menos por ahora, y hasta
esta asociación ofreció su colaboraciónpara impedir que masacres como ésa sigan repitiéndose. Es posible, por añadidura, que el descalabro experimentado por los republicanos en la elección de hace unas semanas haya contribuido a debilitar a los defensores del armamentismo irrestricto.
Es claro que el problema de la proliferación de armas de fuego en Estados Unidos no se origina únicamente en una legislación permisiva, sino que en él confluyen poderosos factores económicos (como los intereses de la industria de armamento y de las armerías), políticos (las ya referidas vinculaciones entre los grupos de poseedores de armas y las derechas partidistas) y culturales, por lo que es deseable que se acote el fenómeno en todos esos frentes. Por lo pronto, las regulaciones que propondrá el Ejecutivo son un primer paso.
Fuente La Jornada
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