Municipios en quiebra, alcaldes en fuga

 Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. (Proceso).- A poco más de 40 días de su toma de posesión como gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello enfrenta un grave conflicto financiero. La administración estatal adeuda salarios y aguinaldos a sus empleados, 70 municipios están en quiebra y se desató una cacería de exalcaldes corruptos.
Todavía encabeza actos multitudinarios como si estuviera en campaña mientras su novia, la cantante Anahí, presume sus viajes por el estado y las revistas del corazón informan que el mandatario ya le entregó el anillo de compromiso.
El pasado 8 de diciembre Velasco sucedió a Juan Sabines Guerrero, quien dejó un estado en quiebra. Según publicaciones y boletines estatales la deuda de Chiapas asciende a más de 20 mil millones de pesos; sin embargo esa cifra podría subir a unos 40 mil millones.

En los primeros días de su gobierno Velasco enfrentó una crisis en dependencias donde los trabajadores reclamaban salarios y aguinaldos. Aunque se realizaron pagos parciales, en enero los empleados empezaron a inconformarse de nuevo y exigen que se les pague ya.
En la Secretaría de Gobierno a los trabajadores no sólo les adeudan el aguinaldo sino que no se les ha pagado el salario de diciembre. Les prometieron el pago para el 31 de diciembre, luego para el 7 de enero y después para el 15. No han protestado por temor a perder el empleo.
En la oficina Promotora de la Vivienda no les han pagado el aguinaldo completo a los trabajadores. Les prometieron que lo harían los primeros ocho días de enero y hasta hoy no han recibido nada. Además a esta dependencia ya le cortaron el teléfono y no ha pagado la electricidad ni el agua. El encargado de las finanzas no quiere firmar un solo cheque hasta que llegue el nuevo titular del organismo.
Situación similar enfrentan varias oficinas, como la Secretaría de Infraestructura y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cuyos empleados tampoco les han dado la segunda parte del aguinaldo. “Dijeron que ayer lo iban a depositar y nada… cientos de trabajadores andan sufriendo la cuesta de enero”, dijo el miércoles 23 un funcionario de esa dependencia.
En la Secretaría del Desarrollo para el Empoderamiento de la Mujer desde hace un año le deben a las asociaciones civiles que colaboraron con la institución.
Del pasado 8 de diciembre a la fecha el gobierno chiapaneco gastó 783 mil 906 pesos en impresiones de lonas para promover el inicio de la nueva administración. Una cuenta por 153 mil 820 pesos se cargó al Instituto de Comunicación Social, y la otra por 630 mil 86 pesos a la Coordinación de Giras de Gubernatura.
El jueves 10 Velasco tuvo que dar la cara. A 32 días del inicio de su gestión reconoció que Chiapas vive “una situación económica y financiera complicada”. También anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación un informe para conocer el destino de las participaciones federales ejercidas en Chiapas.
Dos semanas después, el miércoles 23, el gobernador se dirigió a los chiapanecos mediante la radio y televisión locales para confirmarles la difícil situación en que se encuentran las finanzas públicas, y aseguró que su gobierno “está haciendo esfuerzos extraordinarios para superar este reto”.
Y añadió: “Es una realidad que la economía de miles de familias está asociada a las obligaciones financieras del gobierno, pero el estado ya no está en condiciones de resistir decisiones tomadas a la ligera; ni la entidad lo permite ni los chiapanecos lo desean”.
Los chiapanecos han organizados varias marchas, tanto en la capital del estado como en Tapachula, para exigir que no se les cobre tenencia vehicular y se castigue a quienes saquearon el erario chiapaneco. En particular señalan al exgobernador Sabines.

Confabulación

Unos 70 alcaldes declararon sus municipios en quiebra. La PGJE empezó una cacería de expresidentes municipales y una decena de ellos ha ido a prisión. Se calcula que otros 40 hicieron mal uso de los recursos que se les confiaron.
“La Comisión Conjunta de Hacienda y Vigilancia está siendo muy estricta haciendo los análisis de las cuentas públicas municipales”, dijo el diputado verde Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.
“Hay muchos exalcaldes que están en los supuestos de los que hoy están detenidos. Hay otros que solventaron las observaciones. Se están analizando las cuentas públicas desde 2010. Puede terminar el proceso en unas semanas para determinar quiénes más se encuadran en una responsabilidad penal”, señaló el legislador.
De acuerdo con el diputado, se les acusa de asociación delictuosa porque no solamente no solventaron los gastos, sino que actuaron en contubernio con otras autoridades municipales y utilizaron recursos del erario en su beneficio.
Hasta el momento se han revisado alrededor de 40 cuentas públicas en las que se detectaron irregularidades administrativas graves por obras públicas pagadas y no ejecutadas y pagos a proveedores por suministros inexistentes. En general los alcaldes no comprobaron ni justificaron el gasto público ejercido en 2011.
Muchos de ellos violaron la ley en lo tocante a los procedimientos de entrega-recepción de la administración pública municipal; es decir que nunca los efectuaron.
Durante 2011, los 122 municipios de Chiapas ejercieron un total de 11 mil 744.6 millones de pesos. Se calcula que uno de cada tres municipios no utilizó los recursos de manera transparente.

Torpeza

El investigador y economista chiapaneco Jorge López Arévalo señala que hay un subre­gistro en materia de deuda pública de los 122 ayuntamientos de Chiapas, donde unos 70 se han declarado en quiebra y deben cerca de 5 mil millones de pesos.
A partir de un análisis sobre el endeudamiento público de las presidencias municipales, el especialista explica a Proceso que las deudas de las entidades federativas se les clasifica en dos rubros: de corto y de largo plazo. Ésta debe ser registrada ante la Secretaría de Hacienda (SHCP), como lo marca el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. La primera no.
Explica que la de largo plazo es contratada con Banobras, la banca comercial o se le bursatiliza; la de corto plazo se negocia con proveedores u otros pasivos derivados de la nómina de los municipios: “En el caso de las de Chiapas y sus ayuntamientos hay un subre­gistro; es decir que no se proporcionó toda la información a Hacienda de la contratada a largo plazo para obras de infraestructura”.­
Asegura que hay 70 municipios quebrados y que deben unos 5 mil millones de pesos. Sin embargo, en la SHCP sólo hay registrados 29 municipios, con una deuda total de 930 millones: “De acuerdo con la información presentada por los actuales alcaldes harían falta 4 mil 70 millones de pesos que deberían ser de deuda de corto plazo, con proveedores, pasivos de nómina y aguinaldos, y alguna parte, supongo, de subregistro”, precisa.
Para el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas nadie sabe actualmente cuál es el verdadero peso de las deudas y a cuánto ascienden realmente, contabilizando las de corto y largo plazos.
“Alguien miente: El exgobernador Sabines o su sucesor Manuel Velasco. No hay de otra. No coinciden las cifras y, por lo que se ve en los ayuntamientos, la deuda de corto plazo y la oculta es mucho mayor que la de largo plazo; la oficial, la registrada ante la SHCP, la cual proporciona información a partir de la que entregan los gobiernos del estado y los municipios”, dice López Arévalo.
Explica que la deuda por tipo de deudor es clasificada en directa e indirecta. La primera corresponde al gobierno estatal y la segunda a los ayuntamientos y organismos municipales: “Juan Sabines Guerrero recibió el estado con cero deuda y la elevó al infinito. La deuda indirecta de 881.8 millones de pesos casi toda se la autoheredó como alcalde, pues Tux­tla y el Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado tenían como 75%. Desde ahí mostraba su vocación endeudadora”, apunta el especialista.
Dice que a más de un mes del nuevo gobierno no se conoce la magnitud del abismo fiscal, pues a la deuda de Hacienda hay que sumarle la no reportada y la de corto plazo. “Pero quieren pasarle la factura a la sociedad por dos vías: austeridad y cobro de impuestos.­
“El pago de tenencia es uno de los más nobles de los impuestos, pues es fácil de recaudar y afecta un sector que no es el más pobre de la población; pero hacerlo en estas condiciones y sin aclarar el monto de la deuda y deslindar responsabilidades, suena, por decirlo dulcemente, inaceptable”, afirma.
En torno a la más reciente embestida de la PGJE contra los expresidentes municipales corruptos, López Arévalo dice: “Lo preo­cupante es que los alcaldes detenidos parece que son los que no saben integrar su cuenta pública, o los torpes en la administración pública, no los más endeudados o sinvergüenzas”.

fuente Proceso