El incumplimiento del Presidente hace pensar que apostará por la impunidad, consideran activistas.
Fernando Camacho Servín
México, DF. Al no haber ya ningún impedimento legal para
que promulgue la Ley General de Víctimas –luego que el pasado 10
de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la
controversia constitucional interpuesta por Felipe Calderón–, la
tardanza del presidente Enrique Peña Nieto en realizar dicho acto es
preocupante, pues hace pensar que el nuevo gobierno también puede
fomentar la impunidad, señalaron activistas de organizaciones
sociales.
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, consideró que es fundamental que el Estado retome las demandas de las víctimas de la violencia y diseñe un marco jurídico adecuado para poder cumplir con sus necesidades.
“Más allá de ver qué se puede mejorar o no de la ley que ya tenemos, es indispensable que el gobierno le dé un marco de protección a las víctimas. Lo más preocupante sería que se repitiera la tendencia de Calderón de evadir la responsabilidad que tienen en ese tema, como ya se ve en algunos discursos de Enrique Peña Nieto”, advirtió.
La activista enfatizó que, a pesar de sus promesas de campaña en el sentido de promulgar la Ley General de Víctimas aprobada por ambas cámaras el 30 de abril del año pasado, el Presidente todavía no ha brindado una respuesta clara sobre si honrará dicho compromiso, “y esto es muy grave, porque puede pensarse que también él va a apostarle a la impunidad”.
Armando González, integrante del Frente Nacional Contra la Imposición, aseveró por su parte que el incumplimiento de Peña Nieto a su propuesta deja en evidencia que para él son más importantes los compromisos con los grupos de poder económico y político que con las víctimas de la violencia en el sexenio pasado y el actual.
“Sabemos que la violencia en ocasiones es responsabilidad de esos grupos, y cuando Peña no publica la Ley de Víctimas parece estar aplicando una táctica dilatoria que evidencia que su interés no está con los ciudadanos que han perdido a algún ser amado”, lamentó.
Frente a este panorama, el siguiente paso es que las organizaciones sociales “nos sigamos sumando a la exigencia de resolver el asesinato de muchos activistas y clamemos por el arribo de la justicia”, señaló.
Fuente La Jornada
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, consideró que es fundamental que el Estado retome las demandas de las víctimas de la violencia y diseñe un marco jurídico adecuado para poder cumplir con sus necesidades.
“Más allá de ver qué se puede mejorar o no de la ley que ya tenemos, es indispensable que el gobierno le dé un marco de protección a las víctimas. Lo más preocupante sería que se repitiera la tendencia de Calderón de evadir la responsabilidad que tienen en ese tema, como ya se ve en algunos discursos de Enrique Peña Nieto”, advirtió.
La activista enfatizó que, a pesar de sus promesas de campaña en el sentido de promulgar la Ley General de Víctimas aprobada por ambas cámaras el 30 de abril del año pasado, el Presidente todavía no ha brindado una respuesta clara sobre si honrará dicho compromiso, “y esto es muy grave, porque puede pensarse que también él va a apostarle a la impunidad”.
Armando González, integrante del Frente Nacional Contra la Imposición, aseveró por su parte que el incumplimiento de Peña Nieto a su propuesta deja en evidencia que para él son más importantes los compromisos con los grupos de poder económico y político que con las víctimas de la violencia en el sexenio pasado y el actual.
“Sabemos que la violencia en ocasiones es responsabilidad de esos grupos, y cuando Peña no publica la Ley de Víctimas parece estar aplicando una táctica dilatoria que evidencia que su interés no está con los ciudadanos que han perdido a algún ser amado”, lamentó.
Frente a este panorama, el siguiente paso es que las organizaciones sociales “nos sigamos sumando a la exigencia de resolver el asesinato de muchos activistas y clamemos por el arribo de la justicia”, señaló.
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