MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Policía Federal (PF)
a buscar y dar a conocer el monto total de las indemnizaciones
entregadas a civiles durante el gobierno de Felipe Calderón.
La
información, desglosada por número y monto para cada caso, así como
referencias sobre la localidad, estado y motivo de la misma, fue
solicitada por un particular, a quien la corporación le respondió que
los datos son públicos y podía consultarlos a través del sistema
Infomex.
Inconforme, el solicitante impugnó la respuesta y
argumentó que la información referida por la PF no correspondía al
periodo solicitado y tampoco daba cuenta del monto pagado por concepto
de indemnizaciones durante el sexenio pasado.
Luego interpuso un
recurso de revisión ante el IFAI, mismo que fue turnado a la ponencia
del comisionado presidente Gerardo Laveaga.
En alegatos, la PF
reiteró su respuesta inicial y además informó que turnó nuevamente la
solicitud a la Secretaría General y a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, unidades administrativas que declararon inexistente la
información.
La ponencia de Laveaga realizó un “minucioso”
análisis al marco jurídico aplicable al caso y concluyó que la PF no
cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De
acuerdo con el comisionado presidente, la dependencia federal no
acreditó haber turnado la solicitud de información a todas sus unidades
administrativas competentes, entre ellas la Oficina del Comisionado
General, la Coordinación de Servicios Generales y la Dirección General
de Recursos Financieros.
Son áreas que por sus atribuciones –dijo–
pueden conocer de la información solicitada y no existe constancia de
que se les haya turnado la solicitud.
Tampoco hay prueba de que el
Comité de Información haya efectuado la declaración formal de
inexistencia y menos de que se le haya notificado de ello a la
recurrente.
Por ello, Laveaga propuso revocar la respuesta de la
PF e instruirla a realizar una nueva búsqueda “exhaustiva” en todas sus
unidades administrativas competentes, incluidas la Oficina del
Comisionado General, la Coordinación de Servicios Generales y la
Dirección General de Recursos Financieros.
Fuente Proceso
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