Julio Hernández López
El gobierno capitalino
parece decidido a repetir esquemas policiacos desafortunados frente a
protestas de tintes previsibles. El uno de diciembre del año pasado el
regreso del PRI al poder federal significó en la capital del país la
reinstalación de confusos episodios en los que, mezcladas la
infiltración y la provocación con la legítima protesta política, se dio
el banderazo de salida a un proceso de amedrentamiento y confusión en la
sede de la máxima oposición social y electoral a ese retorno del
dinosaurio de tres colores.
A pesar de la enorme cobertura mediática del asunto, de la existencia
de un costoso sistema de vigilancia mediante cámaras de video y de las
redes de inteligenciadel gobierno capitalino, los verdaderos responsables de un vandalismo nunca antes cometido en áreas tan céntricas pudieron fugarse y hasta ahora no han sido identificados y procesados específicamente por tales hechos, aunque a manera de compensación, como si el propósito fuera otro, decenas de personas sin vinculación con esa violencia fueron detenidas, golpeadas y consignadas a las autoridades correspondientes, aunque luego en su enorme mayoría quedaron en libertad.
Los sucesos del llamado 1DMX, bajo el mando de quien en ese momento ocupaba la jefatura de gobierno, Marcelo Ebrard, no parecieron dar demasiadas lecciones al siguiente mandatario, Miguel Ángel Mancera, a quien se ha seguido reprochando la sostenida opacidad respecto a lo que sucedió ese día y la falta de castigo a quienes violaron garantías constitucionales y derechos humanos. A pesar de que apenas unos días después de ese 1DMX ya se conocían las identidades de la mayoría de quienes cometieron tal vandalismo, la decisión política fue la de no actuar judicialmente, para no calentar más el ambiente político, a sabiendas de que esos grupos y esos hechos violentos volverían a expresarse en coyunturas siguientes.
En la conmemoración del 10 de junio correspondiente a este año, los emplazamientos fueron los previstos: grupos de jóvenes, muchos de ellos encapuchados o con pañuelos en el rostro, preparados para enfrentar a las fuerzas policiacas que, a su vez, recibieron instrucciones de resistir las acometidas violentas hasta que decidieron comenzar a realizar aprehensiones que en muchos casos no se dirigieron hacia los ejecutores sabidos e identificados de la violencia, sino a partícipes en la protesta política y en el recuerdo de lo sucedido en San Cosme en 1971.
La reiteración de esquemas mueve a preguntar si el uso de la provocación y los infiltrados corresponde a un proyecto de desestabilización política en el Distrito Federal permitido o tolerado por las propias autoridades tan de fofa consistencia ideológica que parecen ir creando las condiciones para que la izquierda pierda posiciones de poder.
El PRI está
haciendo todo para ganar a fuerza, poniendo las instituciones
al servicio de las instituciones y el gobiernoy no del interés general, actuando de manera mafiosa y metiendo
miedoa todo mundo y en especial a quien piensa, habla o actúa de manera diferente, según ha denunciado en Durango el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, legislador local del Revolucionario Institucional, con 27 años de militancia en este partido.
estamos peor que en los ochentascuando había fraude electoral, robo de urnas y tache ilegal de boletas, dijo el legislador priísta. Ahora, las cosas se hacen bajo pedido a las instituciones:
es tanto el miedo que tiene el gobierno de perder las eleccionesque ha caído en excesos, obstaculizando todos los días a la coalición de PAN y PT, con
el instituto electoral al servicio del gobiernomediante Rafael Herrera Piedra (primo del gobernador Jorge Herrera Caldera) como
enlace, una especie de
Don Corleoneque
baja las instrucciones.
Benítez fue diputado federal de 2006 a 2009, formó parte del equipo del ex gobernador Ismael Hernández Deras y sus adversarios aseguran que ha acerado la crítica luego que el actual mandatario le cerró la puerta para ser candidato a presidente municipal de la capital del estado. Otros tres personajes priístas pararon en la cárcel en un episodio de disenso respecto a la línea del gobernador Herrera: el ex alcalde de Gómez Palacio, Octaviano Rendón; el ex diputado Hipólito Pasillas y el dirigente campesino Javier Colchado, a quienes se acusó de despojo y robo en oficinas de la Confederación Nacional Campesina.
Según el diputado Benítez, la fiscal fabricó
en ocho horas todo un historialpara meterlos a la cárcel “porque no piensan igual que el gobernador o el gobierno (...) Estamos regresando al fascismo, al nazismo, a la época de los cristeros (...) lo de Rendón nos debe apanicar a todos, pues la regla ahora es ‘te sales del huacal y así te va’”. Nadie dice nada, todos tienen miedo:
Los medios callan, les interesa más la lana a los dueños. Los empresarios, cooptados... los profesionistas... los estudiantes, todos andan allí, arreglados. A mí no me van a contar, tengo 27 años en esto, sé cómo se las gasta mi partido, sé lo que han hecho, lo que hemos hecho... pero hoy hay excesos, el pri no necesita todo eso (...) andan los funcionarios metidos, hay recursos públicos, en horas de trabajo, están obligando a los funcionarios a hacer redes, a hacer reuniones para los candidatos, a fuerza, y si no los corren(en video: http://bit.ly/10a8Uhw).
Y, mientras los
debatesentre candidatos a puestos de elección popular llegan a niveles de agresión física como la sufrida ayer por Julio Saldaña, ex panista ahora postulado por el PRD a la presidencia municipal de Veracruz, entre acusaciones de traición, corrupción y otras linduras lanzadas a los abanderados por parte de grupos de PRI, PAN y PRD, que a su vez se atacaron entre ellos, ¡hasta mañana, con diputados perredistas que en Morelia se enfrentaron a policías que finalmente aprehendieron en el congreso michoacano a cuando menos 11 estudiantes de telebachillerato que protestaban en ese recinto donde fue activado un extinguidor de incendios, a causa de lo cual fue suspendida y luego reanudada la sesión legislativa!
Fuente La Jornada
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