Jalisco importa… esclavos

Alberto Osorio

Sólo por la denuncia de dos jornaleros que se evadieron del campo de cultivo IV de la empresa Bioparques en Tolimán se conoció de la terrible situación en que permanecían retenidos ahí cientos de trabajadores traídos de otras entidades. Tras el operativo de rescate que llevaron a cabo los gobiernos estatal y federal, los afectados relataron sus historias.
SAN GABRIEL, Jal. (Proceso Jalisco).- El pasado lunes 10, cerca de 30 empleados gubernamentales, entre inspectores de la Secretaría del Trabajo, agentes del Ministerio Público, personal de la Fiscalía General y agentes federales, rescataron a 275 campesinos que permanecían retenidos en el campo de cultivo IV de la empresa Bioparques, en el municipio de Tolimán, con pagas de 40, 60 o 100 pesos por jornadas de 12 horas de trabajo continuo y una de descanso.

Las víctimas de esta abusiva práctica son 191 hombres, 45 mujeres y 36 menores, la mayoría de los cuales padecen desnutrición, según la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Arriaga de Sandoval.
El secretario de Trabajo del estado, Eduardo Almaguer, señala que Bioparques se presenta como una compañía socialmente responsable y en 2010 recibió apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 10 millones de pesos. Cabe añadir que en 2012 la administración de Emilio González destinó 2.6 millones de pesos a la distribución de desayunos escolares para hijos de jornaleros agrícolas de San Gabriel y Tuxcacuesco.
Con sede en Sinaloa, Bioparques de Occidente inició sus labores en 2002. En Jalisco destina 130 hectáreas de invernadero al cultivo del jitomate.
Sus dueños y directivos cuentan con una pista de aterrizaje bien pavimentada, en una zona donde las carreteras están en pésimas condiciones porque no recibieron mantenimiento en el sexenio de Emilio González. La pista corre paralela a la carretera que une a Tonaya y El Grullo con Ciudad Guzmán, y desde el día 10 permanece resguardada por militares.
En cambio, las galeras donde dormían y comían los jornaleros agrícolas son insalubres, ya que fueron edificadas en una superficie de cuatro por cuatro metros y están infestadas de chinches, pulgas y alacranes.
Los cuartos, construidos como bodegas, se utilizaban como dormitorios improvisados hasta para nueve personas. “A la hora de levantarnos debíamos tener cuidado para no aplastar o pisar a los compañeros que descansaban junto a uno”, dice un campesino entrevistado.
Los campesinos rescatados llegaron a San Gabriel en mayo, procedentes de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. Los enganchadores les prometieron sueldos de 100 a 200 pesos diarios, lugar para dormir, guardería para los niños, sanitarios y tres comidas diarias, además Seguro Social y prima vacacional. Pero cuando ya estaban trabajando les rebajaban el pago con cualquier pretexto y su salario se reducía a 58 o 66 pesos por jornada.
Las mujeres y los niños recibieron el peor trato. Sólo se les entregaban 40 o 50 pesos por 12 horas continuas de labor. Muchos sufrieron insolación.
Por su parte, los adultos tenían que cortar el jitomate y llenar 50 cubetas, cada una de las cuales les pagaban a tres pesos. En las pésimas condiciones laborales, casi nadie lograba cubrir esa cuota, por lo que el capataz se ensañaba con todos.
Almaguer anuncia que este mes se realizarán inspecciones en los 19 campos de cultivo que 16 agroindustrias tienen en el sur y en la costa. Afirma que en otra revisión, ésta en Autlán, la dependencia a su cargo encontró fuertes irregularidades de las empresas Empaques Casillas y Bonanza, que también empleaban a 280 jornaleros pero violaban sus derechos laborales y de hábitat al alojarlos en galeras de madera y dotarlos de catres de carrizos y alimentos cocinados con leña, sin medida alguna de higiene.
Y aunque señala que las sanciones contra las empresas que violan la ley pueden superar 300 mil pesos de multa por cada trabajador afectado, lo que pretende la Secretaría del Trabajo es que tanto los empresarios como las autoridades municipales respeten la normatividad para ofrecer dignas condiciones de trabajo.
Por su parte, el fiscal Jorge Villaseñor, una de las cabezas del operativo, afirma que éste se armó tres días después de que tres jornaleros, entre ellos una mujer, lograron escapar del campo de cultivo y llegaron al Palacio de Gobierno, en Guadalajara, para denunciar que el grupo estaba retenido contra su voluntad y en condiciones infrahumanas:
“Ellos dicen que lograron escapar la madrugada del día 7 y que caminaron más de dos horas por carretera, hasta que una persona que iba en su camioneta les prestó ayuda y finalmente pudieron llegar a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por personal de seguridad. A partir de esa denuncia fue que se armó ese operativo.”
Enganchadores y capataces
Al menos cinco detenidos son identificados por sus víctimas como enganchadores y capataces, por lo que son investigados bajo el cargo de trata de personas. Se trata de Esteban Cortés Navarro, Martín Ruiz Figueroa, César García González, Alfredo Madrid Hernández y Eduardo García. A todos ellos se les dictó formal prisión el miércoles 19. Otro enganchador, Plácido García, está prófugo.
Uno de los jornaleros rescatados, Juan Martínez, relata que esos sujetos se encargaban de distribuir los recursos asignados por la empresa para cubrir sueldos, comidas y alojamiento de los trabajadores. Extraoficialmente se informó que, en efecto, los capataces recibían hasta 250 mil pesos para dichos gastos pero que no lo distribuían correctamente.
Bioparques de Occidente se negó a ofrecer su versión sobre el operativo y los señalamientos de las inhumanas prácticas descubiertas en sus campos y guarderías. Al finalizar la inspección, la empresa empezó a pagarles directamente a los empleados, aunque suspendió a muchos de ellos “hasta nuevo aviso”.
Proceso Jalisco visitó las instalaciones de Bioparques en San Gabriel. Los agentes de seguridad privada dijeron que cualquier entrevista o asunto relacionado con el manejo de la empresa sólo se podía tramitar vía telefónica, en un número que corresponde a este municipio pero quienes responden ahí no tienen idea de quién puede atender la solicitud de información.
Y la situación es delicada. El fiscal Jorge Villaseñor informa que en un cateo a las instalaciones de Bioparques los agentes estatales aseguraron un kilo de mariguana que supuestamente se vendería a los jornaleros. El encargado de vender esa droga era un expolicía de este municipio, cuyo nombre se reservó.
Sobre esta conexión con las autoridades, uno de los rescatados, oriundo de Xalapa, Veracruz, denunció que ningún jornalero podía salir de Bioparques. En caso de que alguien desobedeciera, policías de San Gabriel lo detenían y multaban hasta con 500 pesos, aunque el municipio no tiene facultades para sancionar o arrestar.
Además, se descubrió que los contratistas se aseguraban de que los trabajadores compraran todo en la “tienda de raya”, donde los productos se vendían a un precio 60% o 70% mayor del normal.
“Un juguito que vale cinco o seis pesos en cualquier tienda, allí lo vendían en 14; una bolsita de jabón de polvo la daban al doble; un litro de leche costaba 20 pesos; un pomo de Nescafé 60 pesos, y una lata de sardina la ofrecían en 30 –dice otro testigo–. Muchas de las veces el precio de esos artículos se nos ocultaba y sólo nos informaban del dinero que debíamos, ya que estábamos endrogados.”
Por eso la dieta diaria de los campesinos consistía en sopa de pasta, de la que nada se desperdiciaba porque se les daba aun si estaba rancia, y ellos la ingerían por hambre. Sólo hacían dos comidas.
Esto obligaba a que las mujeres abandonaran a sus hijos en la guardería de la empresa al filo de las cuatro de la mañana para abordar el camión que las trasladaba a las zonas de cultivo. Llegaban, cuando mucho, a las cuatro y media.
Eso dice Alfonsa, con su bebé de tres meses en brazos. Se dispone a regresar a Ciudad Valles, San Luis Potosí, y ofrece su testimonio mientras amamanta. Señala que en la guardería los niños recibían nada más una comida al mediodía, pero ella no tenía más opción que entrar a trabajar 12 horas para ganarse de 40 a 50 pesos.
“Siempre nos ponían tareas que nunca podíamos sacar, y por eso nada más nos daban 40 o 50 pesos por día. Cuando salimos de San Luis nos dijeron que nos iban a dar 100 pesos y que los niños iban a estar bien cuidados”, que iban a tener escuela, sostiene.
El trabajo en el campo iniciaba a las cinco de la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. “Cuando llegábamos a la guardería, muchos niños tenían hambre. Los recogíamos, todos hambrientos. A nosotros nos daban una hora para comer”.
Con la mirada apagada y sus dos últimos recibos de nómina en la mano, José Ramírez Reséndiz, de 48 años y originario de San Luis Potosí, describe su experiencia en los campos de cultivo de jitomate cherry.
Su pago iba de 58 a 66 pesos por día, y a pesar de eso era 20 pesos más de lo que percibían las mujeres.
Él confirma que cerca de los cultivos había tiendas de raya para garantizar que los trabajadores siempre tuvieran deudas, como los jornaleros de las haciendas porfirianas. Sólo unos cuantos, que tenían celular con crédito, de vez en cuando podían hablar con sus familiares en su lugar de origen.
Ramírez Reséndiz fue “enganchado” en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y recuerda que sus contratistas le ofrecieron 100 pesos diarios, Seguro Social, Infonavit y hasta prima vacacional, pero todos esos conceptos aparecían marcados en cero en su hoja de pago.
También le describieron su alojamiento: un lugar donde dormir; tres comidas al día y carne al menos tres veces por semana. Nada de eso le cumplieron. Dice que a él y a cientos de jornaleros provenientes de Veracruz, Hidalgo y Puebla los trataron como animales de carga.
A Juan Martínez, de 24 años, lo trajeron de Xalapa a lo que él describe como un campo de concentración. “A mí me enganchó un contratista llamado Plácido García; él nos trajo desde Veracruz al corte de jitomate”, dice. También le ofreció literas, colchonetas, tres comidas al día y carne al menos tres veces por semana.
“El agua que nos daban para beber era la misma que se usaba para el cultivo –denuncia–, los sanitarios siempre estaban sucios y malolientes, nuestras manos terminaban al final de la jornada bastante maltratadas por el corte de jitomate y después uno se tenía que bañar, pero no sacábamos ni para el jabón del baño.”
Le atribuye la principal responsabilidad a los enganchadores, que no distribuían el dinero que la empresa supuestamente les entregaba para cubrir las necesidades de los trabajadores.
Al respecto, Eduardo Almaguer afirma que, durante el sexenio de Emilio González, la Secretaría del Trabajo relajó su sistema de inspección y permitió todo tipo de abusos. De no ser por orden de la nueva administración, en menos de 12 años Jalisco podría ser exhibido como un estado donde proliferan campos de modernos esclavos.
Otras versiones de vecinos de la zona aseguran que la presión contra Bioparques podría traducirse en problemas de falta de circulación de dinero ante la salida de cientos de empleados de las agroindustrias.
Que buscaban al “Chapo”….
Las autoridades federales y estatales llegaron al campo de cultivo del Bioparque IV preguntando por El Chapo, según testimonios recogidos por Proceso Jalisco en la región.
Ante los medios de comunicación el operativo se presentó como un exitoso rescate de los jornaleros que vivían en San Gabriel en condiciones infrahumanas, pero uno de los campesinos entrevistados también afirma que cuando llegó “la gente del gobierno” preguntó por El Chapo. Ninguno de los trabajadores entendía de qué se trataba.
“¿Sabes dónde esté El Chapo? ¿Has visto por aquí al Chapo? ¿Sabes en qué parte se esconde El Chapo?”, les preguntaban los agentes.
El secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, dice desconocer la supuesta búsqueda de El Chapo e insiste en que su dependencia se limitó a registrar irregularidades laborales y a sancionar las violaciones a la normatividad.
Los habitantes del municipio prefieren no hablar sobre la existencia de bandas del crimen organizado en la zona y la supuesta búsqueda de El Chapo. Un vecino de San Gabriel se limita a comentar: “Aquí pasan muchas cosas muy graves, todo mundo lo sabe, hasta la autoridad, pero todos hacemos como que no vemos nada por miedo a que truene la economía o por tratar de mantener la seguridad de nuestras familias”.

Fuente Proceso