Baja California: la ruta de los supuestos mil 300 mdp desviados por Osuna Millán

Antonio Heras

MEXICALI, B.C. (apro).- En la denuncia que legisladores del PRI y del Panal interpusieron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el gobernador, el panista José Guadalupe Osuna Millán por el presunto desvío de mil 300 millones de pesos con fines electorales, se incluye la ruta a través de la cual se canalizaron presumiblemente dichos recursos para apoyar al candidato del PAN a la gubernatura Francisco Vega Lamadrid.

Según el presidente del Congreso local, el diputado Gregorio Carranza, quien se separó hace un mes del Partido Nueva Alianza, el gobierno estatal canalizó 600 millones de pesos en la campaña publicitaria “Abre tus Ojos” y 750 millones más en la detección y operación de la estructura territorial del PAN.
El principal operador del plan “Baja Azul” es el propio gobernador Osuna Millán y en el organigrama aparecen su secretario particular Andrés Pulido; el secretario general de Gobierno, Francisco García Burgos (exdirigente estatal del PAN y exdelegado del PAN en el Estado de México) y César Torres, del departamento de Informática, a quien señalan como responsable de la adquisición de los sistemas de cómputo para la jornada electoral.
En el organigrama que fue incluido en la denuncia aparecen también algunos “padrinos”, todos ellos integrantes del gabinete estatal.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por Carranza, el flujo de recursos desviados se hizo a través de cinco secretarios y el procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Rommel Moreno.
Los secretarios de Desarrollo Social, Pablo Alejo López (exalcalde de Ensenada y diputado federal), del Trabajo, Renato Sandoval (exdiputado federal), y de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray (exrector de la UABC), canalizaron cada uno 12 millones de pesos de programas de empleo temporal y de infraestructura social que permitieron la contratación de brigadistas para la elaboración de encuestas y la compra de sistemas de geolocalización.
También para la movilización el día de la elección, a través del subsecretario Miguel Ángel Castillo y del director del DIF Hugo Castillo.
En la denuncia interpuesta ante la Fepade se advierte que el secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante, autorizó el uso de vehículos y gasolina mediante el Seguro Popular e Issstecali, que dirigen Mirna Rincón (exdiputada federal) y Alfonso Vizcarra.
Por medio de instituciones del sector educativo (Secretaría de Educación, Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Estudios Tecnológicos y Científicos, Colegio de Bachilleres e Instituto de Infraestructura Física Educativa) se instrumentó un call center en Mexicali, centros de captura, además del uso de oficinas, becas Progreso y vehículos.
La querella identifica también a los “padrinos” político-electorales entre los que destaca la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, los organismos públicos de administración de agua potable de Mexicali y Tecate, que supuestamente canalizaron dinero, oficinas y personal comisionado, además de la Comisión Estatal de Energía, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, la Comisión Estatal del Agua, la Junta de Urbanización, el Fideicomiso Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa y los organismos administradores de agua potable de Tijuana y Ensenada.
Además, los titulares de la Oficialía Mayor del Estado, del Comité de Planeación para el Desarrollo, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de las secretarías de Fomento Agropecuario, de Turismo, de Pesca y Acuacultura, de Seguridad Pública y de Protección al Ambiente.
Para este fin se contrató a la empresa JVO Consultores para realizar estudios estratégicos sobre demandas ciudadanas.
También forman parte de esta estructura los exdelegados federales de Migración, Sedesol, del Trabajo, Semarnat, Corett, IMSS, INEA, Profeco, SCT, Sagarpa, Turismo, Conagua y CFE.
El diputado Carranza dio a conocer que la coordinación municipal recayó en el caso de Mexicali en la Secretaría General de Gobierno, en Tecate en la Oficialía Mayor y en el puerto de Ensenada en el Instituto de Infraestructura Física Educativa.
En el esquema se advierte que la Secretaría de Desarrollo Económico fungió como coordinador del distrito electoral I de Mexicali, el Issstecali del distrito XVI de Tijuana y Desarrollo Social en los distritos VIII, IX y XII también de Tijuana, además de que esta dependencia proporcionó computadoras, oficinas, vehículo, equipos de radiocomunicación y celulares.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado definió que el plan se diseñó con base en tres etapas: detección, operación y movilización. En el caso de la movilización durante la jornada electoral del 7 de julio no se tiene una cifra económica estimada.
Carranza Hernández dejó la bancada del Partido Nueva Alianza, del cual es miembro fundador, toda vez que en ese tiempo era secretario General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En tanto que Nueva Alianza se coaligó en 2007 con Acción Nacional en las elecciones que llevaron al triunfo al actual gobernador Osuna Millán, quien contendió con el empresario priísta Jorge Hank, en 2010 refrendaron la alianza político-electoral que les permitió contar con cinco regidores –uno por municipio- y dos legisladores locales, uno de ellos es el propio Carranza.
En estas elecciones, la alianza “Unidos por Baja California” la integran el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California.
Desde el 3 de marzo de 2012, Carranza preside el Comité Estatal de Acción Política (CEAP) del SNTE en Baja California, cuya vicepresidenta es la diputada Arcelia Galarza, del Panal.
Denuncia irracional: PAN
Oscar vega Marín, coordinador de la campaña del candidato a la gubernatura, Francisco Kiko Vega califico de irracional la denuncia penal interpuesta por la coalición PRI-Panal.
Dijo que esta denuncia se suma a “una serie de intentos vergonzosamente fallidos” para distraer la atención de las dudas sobre el patrimonio del candidato del PRI, Fernando Castro Trenti.
El exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica dijo que las denuncias panistas están sustentadas en documentos oficiales “y ellos (los del PRI) no han podido aclarar, respecto al patrimonio de su candidato que adquirió en 2010 una casa en Paseo de la Reforma con valor comercial de más de 50 millones de pesos, lo que sería imposible con el salario de servidor público que ha tenido durante toda su vida.
Esta compra, agregó, se hizo a la par de que era presidente del fideicomiso que se encargó de la construcción de la nueva sede del Senado, cuyo proceso de construcción ha sido ampliamente criticado por su opacidad y por el incremento injustificado de precios en el mismo.
Fernando Castro Trenti tiene a la venta una propiedad en el estado de California, en poco más de 800 mil (10 millones de pesos), la cual fue adquirida en 2007, cuando fue coordinador de campaña del PRI en la elección estatal que perdió Jorge Hank.
El panista, que buscó ser candidato al gobierno estatal en este proceso electoral tras su participación en el gobierno de Felipe Calderón, sostuvo que está en espera de la explicación de Castro Trenti sobre el crecimiento inexplicable de su patrimonio y que la “denuncia sin bases” (del plan Baja Azul) es muestra de la ruta de la derrota que tiene su campaña como lo están demostrando encuestas, eventos y el entusiasmo de los bajacalifornianos hacia la campaña de Kiko Vega.

Fuente Proceso