martes, 2 de julio de 2013

Minimiza Duarte labor periodística de Regina Martínez: “no era incisiva”



Alejandro Gutiérrez

(proceso.com.mx).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, dijo ser consciente que su gobierno está bajo sospecha en el caso de las amenazas vertidas contra el periodista de Proceso Jorge Carrasco, pero en el asesinato de la corresponsal del semanario en Veracruz, Regina Martínez, insistió que fue producto de criminales de “poca monta” que entraron a su casa a robarle.
Además, continuó con su perorata respecto a que el homicidio de Regina es ajeno a su desempeño profesional.

En una amplia entrevista con el diario español El País, Duarte sostiene:
“Es el caso de una periodista que no se dedicaba al periodismo policial, una periodista ética, profesional, que no se metía con nadie; sus artículos eran artículos políticos y ni siquiera eran incisivos, no eran artículos que tuvieran que ver con una investigación…”.
“Está ofendiendo su memoria”, reviran los periodistas Luis Prados y Salvador Camarena, los corresponsales del matutino en México, que firman la entrevista.
“¿Por?”, responde el gobernador.
“Porque Regina pertenecía a una de las revistas más críticas de México”, apuntan los periodistas.
“No, no, me están malinterpretando, quiero decir que era una gran periodista”, rectifica el político.
Según Duarte, en el caso de Regina Martínez hizo “todo lo que está en nuestras manos para evitar la impunidad”, y en el caso judicial “existen pruebas contundentes, no tan solo confesiones, que ponen a los perpetradores del crimen en el tiempo y lugar exactos del asesinato”.
–Hay denuncias de tortura – refutan los entrevistadores.
– ¿De quién? – responde Duarte, como desconociendo que Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un seropositivo de 34 años, presentado como autor del asesinato, declaró ante la juez haber sido torturado y obligado a autoinculparse del supuesto robo.
“Hay pruebas que están más allá de una cuestión de interpretación, son datos duros, que los sitúan en la escena del crimen”, afirma el gobernador veracruzano.
– Si está tan claro como dice, ¿por qué no ha convencido a Proceso? La revista se queja de que no se investigaron los posibles móviles por el trabajo periodístico anterior de su reportera –cuestionan.
Pero Duarte insistió que “sí se investigaron. Revisamos esos artículos, revisamos quiénes pudieran tener interés en hacerle daño, y a la delincuencia organizada evidentemente también”.
Sobre el caso de Jorge Carrasco, el gobernador sostiene: “Nos tomamos muy en serio este tipo de situaciones. De hecho, sin que el señor Carrasco haya interpuesto ninguna denuncia por amenazas aquí en Veracruz, ya abrimos una averiguación previa acerca de esas amenazas por parte de quien sea contra él. Es un tema que para nosotros es de la mayor importancia”.
–Su gobierno está bajo sospecha.
–Soy consciente y por eso estamos actuando con toda la prudencia para evitar críticas, pero lo que sí puedo decir es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer este caso –responde Duarte.
–¿Ninguno de sus funcionarios está implicado en este tipo de actividades?
–Estamos investigándolo y si alguien estuviera coludido sufrirá las consecuencias que la ley establece.
La amplia entrevista, que se difundió en la edición América de El País, tiene un título sugerente, basado en un dicho del gobernador veracruzano: “La delincuencia organizada ya no tiene el control de nuestras calles”.
En marzo pasado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) del gobierno español emitió una alerta a sus ciudadanos pidiéndoles eviten visitar Veracruz, entre otras zonas, por considerarla una “zona de especial peligrosidad”.
Dicha alerta, que no ha sido modificada, señala que en Veracruz “se constata en los últimos tiempos una intensificación de las actividades de grupos criminales ligados al narcotráfico que ha producido una elevación del nivel de violencia en la zona”.
En su alegato, Duarte no acepta una actitud indolente frente a estos casos y ser mal ejemplo nacional a ojos de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la libertad de expresión.
“Somos el único Estado que ha legislado sobre protección y atención a periodistas”, insistió.

Fuente Proceso

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